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Caso Gerardo Sosa: arresto, investigación y resguardo domiciliario; ¿qué sigue?

A un año y cinco meses de la orden de aprehensión de Gerardo Sosa Castelán por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada; así la investigación

Escrito en HIDALGO el

PACHUCA.- El 22 de febrero de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Los movimientos incluían depósitos y transferencias internacionales provenientes de 22 países, entre ellos Suiza, España, Reino Unido y otros. Donde se detectó  que la UAEH recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.

El 1 de marzo, el titular de la UIF, Santiago Nieto, confirmó, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se le habían congelado 224 cuentas bancarias por estas operaciones inusuales.

La UIF también congeló las cuentas de Gerardo Sosa Castelán, entonces presidente del Patronato de la UAEH y responsable del manejo financiero de la institución.

Se congelaron también las cuentas de la empresa Uni Comercializadora, del periódico El Independiente de Hidalgo, las del rector de la universidad, Adolfo Pontigo Loyola, y su antecesor Humberto Veras Godoy.

La UIF presentó en 2019, ante la Fiscalía General de la República tres denuncias contra Gerardo Sosa por los delitos de lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal.

El lunes 31 de agosto de 2020 Gerardo Sosa Castelán fue detenido en la Ciudad de México por agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), acusado del delito de lavado de dinero y delincuencia organizada. Como medida cautelar fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.

Fue el 6 de septiembre de 2020, cuando luego de 12 horas de audiencia Gerardo Sosa fue vinculado a proceso (causa penal 263/2020) junto con tres personas más Juan Manuel Hernández Gasyoso, María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos, por el desvío de recursos (58 millones 245 mil 848 pesos), de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y otras empresas fantasmas.

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Con la detención de Sosa se solicitaron siete órdenes de aprehensión más, entre ellas las de sus dos hijas Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto; todos con vínculos en las empresas Contabilidad del Siglo XXI, Pachuca Sociedad Civil, para ocultar el origen de los 58 millones 200 mil pesos de la UAEH; recursos que fueron a la empresa Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo S.A de C.V; Contabilidad Automotizada Hidalgo SC y la compañía Eficiencia en Negocios y Asociados SC.

El 3 de agosto del 2020, Óscar Pacheco Medina, quien fungió como prestanombres de Sosa del 2001 al 2015, declaró ante la FGR como parte de una negociación para no ir a la cárcel y detallar las operaciones de Sosa y sus empresas.

Pacheco declaró, el expresidente del Patronato de la UAEH creó 21 empresas que producen, administran o proveen bienes y servicios a la comunidad universitaria y a clientes externos: Rancho Universitario y la Productora Universitaria de Lácteos, Plaza Pabellón Universitario, Corporativo del Patronato, un periódico, una gasolinera, entre otros giros como una mueblería, un restaurante, un hotel, un salón de eventos, una librería y una editorial.

En diciembre de 2020, el Diario Independiente de Hidalgo, propiedad de la UAEH suspendió su publicación impresa y digital, por el bloqueo en sus cuentas.

La detención del líder de la Sosa Nostra hizo que sus allegados comenzaron a solicitar protección y ampararse ante alguna orden de aprehensión entre ellos destacan, sus hermanos Agustín y Damián, Humberto Verás Godoy, Adolfo Pontigo Loyola, Alejandro Olvera Mota, Adrián Cordero Vieyra, Gabriela Mejía Valencia, trabajadores de la UAEH y con nexos en las empresas de Sosa.

En septiembre de 2021, Gerardo Sosa Castelán libró la imputación que tenía en su contra por defraudación fiscal; sin embargo, no logró la liberación, puesto que se le imputan los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Sosa continúo recluido en el Altiplano.

El 21 de enero de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió el cambio de la medida cautelar, argumentando un mal estado de salud del imputado.

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El 1 de febrero de 2022, un Tribunal Colegiado ratificó la sentencia contra el expresidente del Patronato de la UAEH por el delito de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Luego de un año y cinco meses en el penal de máxima seguridad, el 3 de febrero de 2022 se informó, un juez de control autorizó el cambio de la medida cautelar impuesta a Gerardo Sosa Castelán, para que saliera del penal del Altiplano, y continuara el proceso penal en prisión domiciliaria.

LA TRIANGULACIÓN DE EMPRESAS SOSA Y UAEH

Trascendió, a través de 35 transferencias entre el 10 de marzo de 2014 y el 24 de agosto de 2017, las hijas de Sosa, Adriana recibió un millón 192 mil 308 pesos; Ana Carmen, otros 806 mil 769 pesos mediante siete depósitos a una cuenta en Santander.

Al igual que las hermanas Sosa Cravioto, se investiga a Francisco Natalio Zamudio Isbaile, contador a quien la FGR denominó segundo en la estructura operativa del grupo Sosa Castelán.

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Zamudio Isbaile constituyó el 18 de enero de 2001, y con dos prestanombres (María Luisa Montalvo y María Cruz Campos) detenidas el mismo día que Gerardo Sosa, la sociedad Contabilidad del Siglo XXI, con sede en Pachuca, misma que recibió entre 2011 y 2018 los 58.2 millones de pesos a una cuenta terminación 441 de Scotiabank.

También es la cabeza de cuatro despachos contables que recibían dinero de la universidad y, posteriormente, lo transferían a la empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI: Contabilidad Automatizada de Hidalgo, Contabilidad Especializada de Hidalgo, Eficiencia en Negocios Asociados y Corporativo Contable de Pachuca.

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Entre los nombres vinculados al caso Sosa están Anastasia Elizabeth Baños Baños, Juan Manuel Hernández Gayosso, así como Jesús Bravo Paredes, arquitecto de la constructora Promotora Integral Innova S.A. de C.V., quien es referido en el caso por recibir contratos a cambio de proyectos para la universidad.

Bravo también es dueño de Constructora MB del Norte S.A. de C.V., de Construpam de Hgo S.A. de C.V., otras de las empresas que recibieron cantidades millonarias por concepto de obras públicas para la UAEH.

Otra firma bajo sospecha de las autoridades es Construmega S.A. de C.V., propiedad del exdiputado local Raymundo Lazcano Mejía. Este constructor llegó al Congreso para suplir a Humberto Veras Godoy, exrector de la UAEH, a quien la UIF también congeló cuentas e investiga por su probable responsabilidad en las operaciones del Grupo Universidad.

Las autoridades ampliaron sus investigaciones a Grupo Inmobiliario Quinto, también bajo el control de Sosa, constituida ante la fe del notario Juan Manuel Camacho Ángeles, hijo del exrector de la Autónoma de Hidalgo Juan Manuel Camacho Beltrán, otro miembro de su grupo político.

Otra empresa Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo construida con dinero de la UAEH, y con Damián Sosa Castelán, como principal accionista, también en investigación junto con Grupo Inmobiliario Bujarín.


jgp