PACHUCA.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó iniciar un procedimiento de oficio en contra del Partido Acción Nacional (PAN) en Hidalgo, con el fin de investigar “la veracidad respecto a la totalidad del gasto realizado por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles reportado en el SIF por un millón 734 mil 316 pesos”.
De acuerdo con el informe de fiscalización al ejercicio 2021, el partido manifestó que los contratos se manejan de forma trimestral, pero de la revisión a la documentación presentada se constató que el contrato de prestación de servicios describe que la renta de 69 espacios en marzo, abril, mayo y junio es por un importe de 561 mil 440 pesos; sin embargo, no coincide con los comprobantes fiscales, los cuales demuestran un importe por 471 mil 76 pesos, por lo que hay una diferencia de 90 mil 364.
Además, por la renta de 33 espacios en julio, agosto y septiembre fueron erogados 421 mil 80 pesos, pero el monto tampoco coincide con los comprobantes fiscales de 701 mil 800, lo que refleja una diferencia de 280 mil 720 pesos.
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En octubre fueron rentados 33 espacios, el contrato estipulaba un importe por 140 mil 360 pesos, pero se facturó por 421 mil 080, lo que implicó una diferencia de 280 mil 720; además, el comprobante estaba fechado el 18 de diciembre de 2021, cuando el pago fue de octubre.
Adicionalmente de la revisión a los contratos de prestación de servicios, así como a los CFDI´S por concepto de arrendamiento, se detectó que no se refleja el costo unitario por el servicio de arrendamiento de los 33 y 69 espacios, por lo que no se puede identificar un valor razonable a cada uno de ellos, toda vez que, por las muestras fotográficas que presentaron, se identificaron que son diferentes.
De igual manera, no se especificó la finalidad del arrendamiento o la descripción de actividades a realizar en dichos comités; además, el PAN no presentó documentación que acreditara que la proveedora Samantha Mendoza Pérez es propietaria de los 69 inmuebles ubicados en 69 municipios de Hidalgo.
“Esta autoridad fiscalizadora tiene, entre otras atribuciones, la obligación de vigilar que los recursos sobre el financiamiento que ejerzan los partidos políticos se aplique estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la normatividad electoral, siendo estas las relativas a su operación ordinaria, así como aquellas que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática, o en su caso a las correspondientes a los procesos electorales, lo anterior asociado a adquisiciones bajo los criterios de: legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas”, refiere el documento.
Derivado de las irregularidades, es que la autoridad electoral determinó iniciar un procedimiento oficioso, con la finalidad de investigar la veracidad respecto a la totalidad de las operaciones por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles realizadas con la proveedora Samantha Mendoza Pérez reportadas en el SIF por 1.7 millones de pesos.
Otra observación realizada por el INE al PAN fue por el depósito que realizó el Comité Ejecutivo Estatal al Comité Directivo Estatal por más de 1.2 millones de pesos, pero si bien puede realizar transferencias para que se paguen proveedores, prestadores de servicios o impuesto, no se localizó la evidencia documental que justifique que los recursos transferidos fueron utilizados para ese fin.
sjl