PACHUCA.– Luego de la detención de cuatro alcaldes presuntamente relacionados con la Estafa Siniestra, siete exfuncionarios y funcionarios, tanto estatales como municipales, promovieron demandas de amparo contra órdenes de aprehensión, según muestran las listas de acuerdo divulgadas el 30 de noviembre en el Consejo de la Judicatura Federal.
En los estrados de los juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) aparecen alcaldes, contralores de universidades y tres exfuncionarios del sexenio anterior.
Las solicitudes de protección a la justicia federal comenzaron a partir del 23 de noviembre, día en el que los presidentes municipales de Epazoyucan, Huautla, Nopala y Yahualica fueron detenidos por la presunta comisión de los delitos de peculado agravado, así como uso ilícito de atribuciones y facultades en agravio a la administración pública por un monto total de 172 millones 978 mil 65 pesos, recurso que presuntamente fue desviado a través de empresas fachada.
Te podría interesar
Exfuncionarios
César Román Mora Velázquez fungió como titular de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, luego de que el gobernador Omar Fayad Meneses le entregó el cargo el 26 de julio de 2018 –en sustitución de la actual diputada local Citlalli Jaramillo-, puesto que ostentó hasta septiembre de 2022, con el cierre del sexenio.
Mora Velázquez es uno de los tres exfuncionarios estatales que promovió una demanda de amparo contra actos privativos de libertad, específicamente una orden de aprehensión que pudieran girar y ejecutar autoridades procuradoras de justicia de Hidalgo, según consta en el expediente 1831/2022, radicado en el Juzgado Primero de Distrito.
Te podría interesar
Esta misma persona fue señalada por el diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, de ser el artífice de la llamada Estafa Siniestra, que involucra la presunta participación de 13 alcaldes.
Otro de los exservidores públicos es Martiniano Vega Orozco, quien durante la gestión 2016-2022, se desempeñó en la Oficialía Mayor de Hidalgo, él también tramitó un amparo ante el Juzgado Segundo para reclamar una orden de aprehensión, como lo muestra el expediente 1834/2022.
Al listado se suman Víctor Eloy Porra Oaxaca, quien fue titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor, según consta en documentos membretados con los logotipos del sexenio anterior y en los que aparece su firma para avalar servicios de mantenimiento menor de inmuebles, como uno que aprobó en 2018, cuyo costo fue 2 millones 202 mil 650 pesos.
Contralores de universidades
Los contralores de instituciones de nivel superior de Hidalgo realizaron lo propio con las demandas de amparo, como el caso de Ángel Duhamel Montiel Hernández, titular de la Contraloría Interna de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH), según muestra un directorio de la universidad actualizado al corte de enero de 2022.
Dicha promoción de amparo ingresó al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo bajo el numeral 845/2022, en el que reclamó actos privativos de libertad.
El cargo como contralor no es el único que ha desempeñado Montiel Hernández, ya que un oficio con número 02/PMT/2020 muestra que fue ratificado como contralor interno para 2020 en el cabildo de Tetepango.
Una situación similar pasó con Christian Ulyanov Esquivel López, contralor interno del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA) en 2019, según exhibe la información curricular de aquel año divulgada por la universidad.
La plataforma de la misma anualidad, también muestra que de 2014 a 2015 fue juez conciliador en el municipio Jacala. Mientras que, en 2020, su nombre aparece en actas de fallo de procedimientos de licitación de la Universidad Politécnica de Tulancingo, como titular del Órgano Interno de Control, cargo que, hasta marzo de este año, ostentaba.
El caso de Esquivel López quedó en el expediente 1830/2022 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo contra actos privativos de libertad.
Alcaldes
Marcos Miguel Taboada Vargas, presidente municipal de Singuilucan; así como el alcalde Héctor Hugo Ramírez López, quien gobierna Atotonilco El Grande, promovieron sus amparos contra cualquier orden de aprehensión, detención y/o comparecencia.
Los dos funcionarios se encuentran en la lista de los 13 municipios presuntamente involucrados en la red de corrupción de la Estafa Siniestra.
sjl