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Quieren castigar con cárcel a funcionarios que salten fila de vacunas

La bancada del PAN Hidalgo propuso en el Congreso local penas de 8 años de prisión y 19 de inhabilitación por abuso de autoridad en contexto de pandemia

Escrito en HIDALGO el

PACHUCA.- Con hasta 8 años de prisión y 18 de inhabilitación para desempeñar otro cargo público serán castigados los funcionarios que cometan el delito de abuso de autoridad para acceder a la atención médica, tratamiento, vacunas o insumo médico durante una emergencia sanitaria, como la pandemia de covid-19, así lo propusieron diputados locales del PAN.

En la sesión del Congreso local, la fracción panista presentó una iniciativa para reformar Código Penal de Hidalgo y sancionar a los servidores públicos que cometan dicha infracción para beneficio propio o de sus o de cualquier otra persona.

Durante la lectura del proyecto, la legisladora María Teodora Islas Espinoza dijo que el objetivo de la propuesta es evitar que los funcionarios saquen ventaja de su cargo o poder durante una emergencia sanitaria, como la actual ocasionada por el nuevo coronavirus, y así eludir prácticas de abuso de poder y uso indebido del puesto que desempeñan.

Indicó que la limitación de vacunas para la covid-19 ha ocasionado que personas busquen tener acceso a una dosis de manera anticipada y sin respetar la programación que las autoridades sanitarias del país han establecido.

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Por lo que, señaló que en el país y en la entidad se han dado a conocer casos de funcionarios públicos que han utilizado “su posición de poder y privilegios” para ser inmunizados y en algunos casos a sus familiares también, pese a que en esta etapa de vacunación únicamente le corresponde a personal médico de la primera línea de atención y adultos mayores.

La diputada recordó un caso en la entidad, el de la secretaria general de la Sección XX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la Salud (SNTSS), Sonia Ocampo, quien fue inoculada pese a que aún no era su turno para recibir una dosis del biológico.

Asimismo, hubo señalamientos contra Lorenzo Valdés Cacique, director del Hospital Integral de Cinta Larga, ubicado en Mixquiahuala, quien fue removido de su cargo por anomalías durante el proceso de vacunación al personal de salud, pues según algunas versiones autorizó la aplicación del biológico a su esposa.

También fueron difundidos supuestos certificados de vacunación de cuatro trabajadores de la Secretaría de Salud estatal.

Ante esta situación, la fracción del PAN propuso agregar una fracción al artículo 301 del Código Penal estatal, para sancionar, con penas de uno a cuatro años de prisión y destitución e inhabilitación de cuatro a nueve años para desempeñar algún cargo público, a los funcionarios que cometan el delito de abuso de autoridad para acceder con prioridad o ventaja a la atención médica, tratamiento, vacuna o insumo médico.

Además, las sanciones se duplicarán en caso de que la conducta se realice durante una emergencia sanitaria. Es decir, que las penas de prisión alcanzarían hasta 8 años y la inhabilitación hasta 18.


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