Noé Paredes
La Fiscalía General de la República investiga a una empresa vinculada al empresario y regidor independiente de Tula, Noé Paredes Meza, tras un operativo en Chihuahua donde se aseguraron tres predios, 43 pipas, 18 tractocamiones y 480 mil litros de combustible presuntamente introducido ilegalmente al país. Las unidades pertenecen a Transportación Carretera S.A. de C.V. (TRACSA), empresa del Corporativo UNNE, ligada a Paredes Meza y con sede en Tula de Allende. El operativo, parte de la carpeta de investigación FED/CHIH/JUA/0000663/2025, se enfoca en el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburos. En los predios también se hallaron plataformas tipo dolly, un contenedor con residuos de hidrocarburo, una motobomba y cartuchos útiles. Las autoridades continúan los peritajes para determinar el tipo de combustible y el estatus de una toma localizada en el sitio. La FGR informó que se trata de la primera acción del año contra el llamado “huachicol fiscal”, una práctica que consiste en el ingreso de gasolina o diésel desde Estados Unidos sin cumplir con las disposiciones fiscales mexicanas.
Empresario responde
Tras lo ocurrido, a través de un video en su cuenta de Facebook, Noé Paredes defendió al Corporativo UNNE, asegurando que su empresa, al ser una de las más grandes distribuidoras de hidrocarburos del país, está sujeta a constantes revisiones, las cuales incluso celebró por ofrecer certeza de legalidad. Afirmó que ni UNNE ni TRACSA venden, compran o transportan combustible ilegal, y acusó al gobierno municipal de Tula, encabezado por Cristhian Martínez Reséndiz, de distorsionar la información con fines políticos. Paredes Meza sostuvo que la investigación corresponde a una revisión normal dentro del procedimiento fiscalizador, en el contexto del llamado “huachicol fiscal”, y aseguró que no tienen nada que ocultar. Reprochó al personal de la presidencia municipal por compartir la nota “sin entender lo que implica una revisión”, y aseguró estar tranquilo ante los resultados que dé la FGR.
Complejo gubernamental
El Congreso de Hidalgo aprobó una modificación al Presupuesto de Egresos de este año para destinar recursos a la construcción del Centro Administrativo y de Servicios para el Pueblo (CASP), un proyecto que busca centralizar 54 dependencias y oficinas gubernamentales en un solo complejo. La iniciativa recibió 24 votos a favor y dos en contra de diputados del PRI, quienes no ofrecieron argumentos para justificar su rechazo, “simplemente por congruencia con el presupuesto”. El CASP se ubicará en un predio de más de seis hectáreas propiedad del gobierno estatal, sobre el Felipe Ángeles al sur de Pachuca y se desarrollará en dos etapas: una inversión inicial de mil 600 millones de pesos en 2025 y otra de mil 300 millones en 2026. Aunque el proyecto fue calificado como un legado histórico por legisladores oficialistas, persiste la incertidumbre sobre si estos recursos se suman al presupuesto total aprobado para este año de 71 mil millones de pesos, o si se redistribuyen partidas existentes.