Hidalgo (La Silla Rota).- Los resultados de los estudios practicados a los cadáveres de las víctimas de los dos multihomicidios de Tizayuca, Hidalgo, ocurridos en 2017, los cuales determinan las causas de las muertes, fueron clasificados como reservados por el gobierno de Hidalgo, quien –en menos de 24 horas tras los crímenes– afirmó que los ejecutados pertenecían a grupos de narcomenudistas y que el móvil fue “ajuste de cuentas”, versión que, en un caso, refutan allegados a dos jóvenes asesinados, quienes acusaron a la administración actual de criminalizarlos.
Los dictámenes de las necropsias fueron resguardados por el Poder Ejecutivo “en virtud de tratarse de información que forma parte de una averiguación previa o carpeta de investigación”, pese a que en el caso de siete mujeres y cuatro hombres encontrados en una casa en el fraccionamiento Villa los Milagros, el 13 de julio, el procurador Ramiro Lara Salinas aseveró, 15 horas después, que se “presumía” un ajuste de cuentas por sus posibles implicaciones criminales, sin proporcionar otra hipótesis, mientras que por las cuatro personas localizadas en un domicilio en el barrio de Nacozari, el 19 de diciembre, el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, dio el mismo argumento un días después de los hechos.
El cuerpo de Miriam fue hallado a semanas de su desaparición
La clasificación de reserva fue confirmada a La Silla Rota a través de la solicitud de información 00039518, la cual aplica a tres asesinatos violentos más –dos que involucran a exalcaldes–, pese a que la fiscalía había comprometido, a este mismo medio, dar a conocer, al menos, los resultados de las prácticas forenses a los cinco cuerpos hallados, en un domicilio en la localidad de El Damhú, en Tula, el 4 de enero de 2018, entre ellos dos niños.
El 6 de marzo, el portal Sin embargo dio a conocer que familiares y amigos de dos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), víctimas del multihomicidio del barrio de Nacozari, exigían al gobierno hidalguense esclarecer el delito y limpiar la imagen de los jóvenes, a quienes –en palabras del secretario Vargas Aguilar– llamó narcomenudistas.
“Si ya vieron que eran personas ajenas al crimen, pues que salgan –así como salieron a decir una mentira–, ahora que salgan a decir la verdad, que era un estudiante y jóvenes los masacrados por un hecho social horrible como la delincuencia organizada y la violencia que se vive en México”, reclamó Yenifer, amiga de Bohdan, estudiante de Derecho de la UNAM, uno de los acaecidos.
Por la ejecución en El Damhú, en Tula –cuyos resultados también fueron clasificados– José Antonio E.P. fue detenido dos días después. Aunque la acusación en su contra era un supuesto ultraje a la autoridad, fue inmerso en la carpeta de investigación por la ejecución de la familia.
Su presunta responsabilidad, indicó su abogada Magaly Díaz Serrano –quien acusó a la Procuraduría estatal de intentar fabricar un culpable–, se basó en un señalamiento de una hermana de los occisos, quien aseguró que José Antonio tuvo una disputa legal, cinco años atrás, con una de las víctimas por la posesión de una propiedad, por lo que –sin presentar evidencia, aseguró la litigante–, fue ligado a la ejecución múltiple.
No obstante, fue liberado el 10 de enero de 2018, por falta de elementos para acreditar el delito.
Aunque en casos de muertes la fiscalía ha dado a conocer resultados de necropsias a través de comunicados, también reservó los del cadáver del exalcalde de Mixquiahuala Miguel Ángel Licona y de su hijo, hallados sin vida en un domicilio ubicado en la calle Leona Vicario, en la Colonia Centro de Mixquiahuala, el 3 de enero pasado, así como los de Hermilo Bravo Leal, expresidente de Nopala de Villagrán, baleado afuera de su casa el 29 de octubre de 2017.
Dos días después de este último suceso, el secretario de Gobierno afirmó que los homicidios de exmunícipes no estaban vinculado, “hasta el momento”, con su actividad política. El 16 de enero, cuestionado por el crimen en Mixquiahuala, hizo la misma aseveración.