Cada vez son más los venezolanos que escapan de la alarmante crisis que vive el país caribeño, lo hacen hambrientos, enfermos y, sobre todo, desesperados.
En noviembre, Rosibel Díaz empacó las pertenencias de su familia y abordó un autobús con el niño y su hija de 11 meses para escapar del hambriento interior de Venezuela. Ahora vive bajo una lona azul en un callejón cubierto de basura de Pacaraima, pueblo fronterizo brasileño, donde pide comida.
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"No voy a regresar", dice la mujer, que perdió su trabajo como auxiliar de enfermería. "Estamos sobreviviendo aquí", agrega.
Venezuela, rica en petróleo, ha sido un destino de inmigrantes durante buena parte de su historia. Ahora es un lugar del que huir. La escasez crónica de alimentos, la violencia desenfrenada y el comportamiento errático y a menudo paranoico del presidente Nicolás Maduro han convertido los pasos fronterizos en válvulas de escape.
"Estoy aquí porque necesito medicinas que debo tomar cada tres meses para no morir", afirmó César Andrade, de 51 años de edad y sargento retirado del ejército de Caracas, quien llegó al Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, Colombia, para pedir medicamentos contra la malaria, que no puede obtener en Venezuela. "Estoy empezando una nueva vida en Colombia. La crisis en mi país me obligó a hacerlo".
Es un éxodo por tierra, mar y aire. Los más acomodados pueden dejar el país en aviones, pero esto no es para todos. Frágiles embarcaciones transportan a pequeños grupos de inmigrantes a Curazao, Bonaire y otras islas del Caribe a poca distancia de la costa norte de Venezuela.
Pero esos números son pequeños en comparación a las decenas de miles que llegan a pie a Brasil y Colombia cada mes, ya sea para viajes de compras de emergencia o estancias de larga duración.
El colapso económico de Venezuela y el caos político han dejado a sus vecinos temerosos de una crisis humanitaria a gran escala que podría traer un número aún mayor de migrantes necesitados.
"Estamos trabajando con la certeza de que las cosas empeorarán", dijo en una entrevista Gustavo Marrone, el funcionario de inmigración de más alto rango en el Ministerio de Justicia de Brasil. "La cuestión de la inmigración sólo puede arreglarse cuando se trata el problema en el origen, no en el destino", enfatizó.
Ante esta realidad los pueblos fronterizos a Venezuela reportan un mismo panorama: Las escuelas están superpobladas, los hospitales al borde del estallido, las organizaciones caritativas que gestionan cocinas y los refugios están abrumados, y la policía que persigue a los vagabundos y vendedores ambulantes no autorizados en los espacios públicos se ve superada.
"Despejamos a 30 personas del parque, pero tan pronto como nos vamos, 60 más vienen a reemplazarlas", afirmó un policía con casco durante su patrulla nocturna en Colombia. El oficial expresó su simpatía por los inmigrantes y negó con la cabeza al describir las multitudes de personas sin hogar que llegan, diciendo que es imposible controlar la marea.
Los salarios
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) correspondiente al año 2017 y divulgada en febrero indica que la depresión económica ha empujado a los venezolanos a “sobreemplearse” de manera informal para poder alimentarse.
El salario mínimo se paga en dos partes, tres millones en metálico y el resto en un bono de alimentos que se ingresa en una tarjeta llamada cestaticket. No se puede comprar un paquete de galletas, aunque con esa cantidad hace cinco años se podía abastecer de alimentos una despensa.
El ingreso es de 5.196.000 bolívares o 1,5 dólares al mes al cambio no oficial (unos 1,3 euros).
Maduro ha aumentado cuatro veces el salario mínimo este año y unas 23 durante su mandato (desde abril de 2013).
Pero los ajustes solo acentúan la carestía. La desesperación por gastar los bolívares es instantánea una vez decretado un incremento salarial porque la población ya conoce los arrebatos de la hiperinflación. “Si dicen que el sueldo sube hoy, ya mañana aparece todo el triple de caro”, explica el profesor.
La salud
Pacientes y organizaciones protestaron para denunciar que una "sentencia a muerte" se cierne sobre unos 300.000 enfermos crónicos en Venezuela por la severa escasez de medicamentos, que según gremios llega a un 95%.
Los nutricionistas Pablo Hernández y su esposa, Claret Mata, ofrecen asesoría a distancia a pacientes que emigraron por la crisis. Solo necesitan un ordenador con Internet para conectarse con ellos a través de Skype.
Sus clientes pagan por cada consulta unos 10 dólares o el equivalente en bolívares. De este modo el matrimonio recibe unos ingresos que alivian su situación económica.
Varias ONG han propuesto al gobierno que acepte cooperación internacional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sin éxito.
El presidente Nicolás Maduro lanzó a finales de enero un "plan de salud ancestral" para tratar enfermedades con hierbas y productos naturales.
El 30 de enero aprobó 15,6 millones de dólares para adquirir "medicamentos hemoderivados, insumos para bancos de sangre, catéteres y reactivos para las máquinas de diálisis".