El movimiento migratorio que observamos en la actualidad implica grandes retos legales, institucionales, políticos y culturales. Alrededor del fenómeno se han construido distintas concepciones y prejuicios. Es común encontrar enfoques que caracterizan a la migración como una complicación, cuyas causas están intrínsecamente relacionadas con un problema, lo que hace pensar que los países de destino y tránsito “aguantan” los efectos de la migración, y se considere a los migrantes como un inconveniente.
Sin embargo, es necesario considerar un enfoque distinto de la migración, donde también se identifique como una oportunidad. Las personas migrantes contribuyen al desarrollo por medio de múltiples aportaciones, además de los conocimientos y habilidades con las que contribuyen a los mercados laborales a los que se integran.
Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos de América la economía creció al amparo de la generación llamada “baby boomers”, que ahora en su ocaso, necesitará ser reemplazada. Esto debido a que el país enfrenta una enorme presión en el sistema de pensiones. Por ello, la tasa de reemplazo poblacional, al ser descendente, debe buscar como respuesta a la oportunidad que ofrece la migración.
De este modo, la migración puede ayudar a los países desarrollados a hacer frente al envejecimiento natural de su población, con la incorporación de nueva mano de obra, nuevas habilidades, conocimientos y competencias. Estos factores ayudan a la economía de los países de destino, al mismo tiempo que impulsan el desarrollo de los de origen. La migración puede ser una solución a estos desequilibrios demográficos.
La falta de reconocimiento de los derechos de todos los migrantes limita a los países su capacidad para beneficiarse de la migración, viéndose afectadas las inmensas contribuciones que las personas migrantes llevan a las comunidades en las que van a residir. En ese sentido, es necesario abandonar de los enfoques punitivos y persecutorios, los cuales además han probado ser ineficientes y caros.
Nueva política migratoria
El endurecimiento de las políticas migratorias y de medidas únicamente pensadas para controlar y sancionar la migración irregular no resuelven el problema de fondo, es decir, el constante flujo de personas en tránsito. Por el contrario, ponen en riesgo la protección de los derechos y libertades de todas las personas migrantes y de sus familiares.
Estas políticas sancionadoras, deben promover los beneficios de la migración y las contribuciones positivas que los trabajadores migrantes realizan en los países de origen y destino, así como fortalecer las condiciones de cohesión social, a fin de contribuir a un desarrollo sostenido y equilibrado de los países de origen y de destino. Por ello, el diseño de la política migratoria debe estar basado en evidencias y no en percepciones, evitando las narrativas criminalizadoras o estigmatizantes.
Esto permitirá maximizar los beneficios de la migración tanto para los migrantes como para las comunidades y países que los reciben, al tiempo que se reducen posibles vulneraciones a los derechos de las personas. Por ello, la nueva política migratoria de México se centra en el respeto y garantía de los derechos humanos de todos los migrantes, con independencia de su situación migratoria, así como en la importancia que reviste para los gobiernos el desarrollo económico, como herramienta de política pública para la atención de la migración, como actividad humana.
México reconoce la valiosa contribución que realizan los migrantes como aliados indispensables para el desarrollo tanto de las comunidades de origen como las de destino; además coincide profundamente con la visión del Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada respecto a que la migración puede generar prosperidad, innovación y desarrollo sostenible.
Los esfuerzos de los Estados deben estar encaminados a lograr de manera colaborativa y coordinada que la migración suceda de forma legal y sin riesgos. Esto ocurrirá fortaleciendo la cooperación internacional, el diálogo y el reconocimiento de responsabilidades compartidas y diferenciadas. Esa es la apuesta de México.
Protección a la infancia, prioridad global
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