Chilpancingo, Guerrero.- Los diputados locales convirtieron a Guerrero en el primer estado en aprobar la Guardia Nacional, es decir, el modelo de policía de alcance federal que incluye a militares, presencia contra la que han luchado diferentes grupos sociales locales por los abusos que han cometido en los pueblos.
Esta aprobación fue decidida el viernes pasado, en una sesión en la que sólo asistieron 31 de 46 diputados, sin ninguna discusión de por medio. La mitad de los diputados de Morena (12 de 24), la fracción de mayoría, no asistió a esa sesión.
En la minuta de la reforma constitucional que recibieron del Congreso de la Unión queda establecido que el gobierno federal tendrá una policía civil que integrarán las policías Federal, Militar y Naval, que llamó Guardia Nacional.
El diputado local de Morena, Moisés Reyes Sandoval, cuando se aprobó en el Congreso local, sustentó que la Guardia Nacional será regulada con el fuero civil y no con los principios militares, aunque sean militares los que se encarguen de la seguridad.
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A siete días transcurridos desde que el Congreso de Guerrero aprobó la Guardia Nacional, otros 28 estados también lo han hecho. El senador Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, lo confirmó en su cuenta personal de Twitter: "29 estados han aprobado la Guardia"
29 estados han aprobado la Guardia pic.twitter.com/GRUNEvqsRq
— Martí Batres (@martibatres) 8 de marzo de 2019
Guerrero es uno de los estados que más conoce lo que genera la militarización. El periodo de la guerra sucia es uno de los episodios donde ocurrieron más desapariciones en medio de una operación militar en la supuesta búsqueda de grupos subversivos.
Pero en años recientes el panorama no ha cambiado, los pueblos na savi (mixteco) y me’phaa de Ayutla sostienen una lucha contra la militarización, por los abusos cometidos a su paso.
La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) ha sostenido una resistencia en esa parte de la Costa Chica de Guerrero.
Otra organización que ha documentado los efectos de la militarización es el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan. Con el apoyo de sus abogados, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos indígenas me’phaa abusadas sexualmente por miembros del Ejército, llevaron su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), quien ordenó al Estado mexicano repararles el daño y ofrecerles disculpas públicas.
Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega
El coordinador de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, citó tres aspectos que a su juicio le hacen dudar de la Guardia Nacional: la fuerza bélica con la que actúan los militares, la sepultura a la historia de violaciones a los derechos humanos que cometieron y que no han castigado, y la falta de un plan en la estrategia nacional que fortalezca a policías estatales y municipales.
La formación de los militares ofrece pocas garantías de que no repitan violaciones a los derechos humanos. “Siempre está esa línea muy fina, más bien espinosa, entre la actuación del Ejército, con una visión más bélica y el uso de la fuerza, por la vía de los hechos y no lo que dice la nueva reforma, de que se sigan repitiendo acciones de fuerza que pongan en riesgo los derechos humanos de población civil”, comentó en entrevista.
Abel Barrera dijo que quisiera saber cuál es plan de este gobierno para las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares desde la guerra sucia hasta la fecha. A su consideración, aun cuando la Guardia Nacional estaría regulada por el fuero civil, ve complicado que puedan llamar a cuentas a los militares.
También cuestionó el plan nacional de seguridad porque, a su criterio, lo que existe hasta ahora es el “esquema de una policía cerrada y facciosa”.
Así como está el plan de seguridad “corremos el riesgo de que lo que sucede en la Montaña (una de las regiones con más violaciones a los derechos humanos documentadas en Guerrero) o en las zonas más inhóspitas no cambie. Los militares patrullan como si estuvieran en guerra para atemorizar a la población”.
Manuel Olivares Hernández, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, organización encargada de dar asistencia a desplazados por la violencia, tampoco vez una solución en la Guardia Nacional.
En principio, porque durante los 12 años transcurridos desde que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa sacó a la calle al Ejército la política de exterminio, para lo que, dijo, están preparados los militares, prevalece.
“La Guardia Nacional militarizada no es la solución: el Ejército está penetrado por la corrupción hasta los huesos. Van a incrementar las violaciones a los derechos humanos, detenciones, torturas, falsos positivos como ha ocurrido”, comentó en entrevista.
En lo que debieron ocuparse los gobiernos en todo el tiempo que los militares ocupan las calles y hacen funciones de policías, según la opinión de Olivares Hernández, es en haber profesionalizado a las corporaciones policiacas.
Pero en este administración federal se les sigue incluyendo a los militares a las funciones de seguridad, con el esquema de Guardia Nacional.
bl