El 31 de agosto, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales puso en marcha un plan que, pasados apenas unos días, revelaría toda su carga de gravedad: tenía la intención de violar el convenio con Naciones Unidas por el que hace una década se estableció la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y estaba dispuesto a desacatar las órdenes que la Corte de Constitucionalidad emitiera contra sus decisiones si él las consideraba “ilegales”.
En un momento de envalentonamiento, había decidido dinamitar un pilar del sistema republicano y contravenir el derecho internacional.
Ese día, mientras jeeps artillados donados por Estados Unidos para combatir el narcotráfico desfilaban y se detenían frente a la Cicig y a la embajada del país norteamericano (que financia la mayor parte de la operación contra la impunidad), políticos, diplomáticos, periodistas y defensores de derechos humanos se comunicaban con preocupación y evaluaban la posibilidad de que el gobierno estuviera a punto de darse un autogolpe de Estado.
En la Cicig se llegó a temer que las autoridades entrarían para sacar por la fuerza al comisionado, Iván Velásquez, el fiscal colombiano que desde 2013 le dio un nuevo rumbo a las investigaciones al concentrarlas en las estructuras de corrupción que vinculan a grandes grupos empresariales, criminales y mediáticos con políticos, funcionarios y jueces. Se temía, también, que pretendiera expulsarlo del país.
Morales, furioso porque su hijo y su hermano eran acusados de corrupción por el Ministerio Público y la Cicig, y porque había indicios de que su campaña electoral había recibido fondos de manera fraudulenta, declaró a Velásquez persona non grata y le pidió a Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, que lo remplazara.
Si la decisión no prosperó fue porque la Corte de Constitucionalidad la anuló y le dijo a Morales que cualquier conflicto lo tendría que resolver mediante acuerdos con la ONU, y no con decisiones unilaterales.
Acompañado por el alto mando militar y solo tres ministros de su gabinete (Gobernación, Defensa y Exteriores), en una imagen que recordaba a las épocas más represivas de la guerra civil, Morales dijo que había notificado a la ONU que no renovaría el mandato de la comisión más allá de 2019 y que no acataría órdenes ilegales.
El anuncio, tan adelantado, el desfase entre el mensaje y la escenografía amenazante, y el retraso de varias horas en el inicio de la conferencia, sugerían que hubo un cambio de planes en el último momento.
El domingo, Édgar Gutiérrez, excanciller de Guatemala, escribió que gestiones de Washington habían abortado la idea original del gobierno. El martes, aprovechando un viaje de Velásquez a Washington, el Ejecutivo lo declaró una amenaza para la seguridad y la estabilidad del país, prohibió su regreso a Guatemala y le exigió a Guterres que lo sustituyera.
Sin embargo, Guterres respondió que duda de la legalidad de la decisión y que el comisionado seguirá liderando las investigaciones desde el extranjero.
Por su parte, una parte del Congreso se ha afanado en reformar la ley de antejuicio. El antejuicio es un derecho que protege a algunos altos cargos estatales de que se les investigue, a menos que se demuestre que hay indicios razonables de delito. Pretende evitar ilegítimos ajustes de cuentas de tinte político. Antes de que esas propuestas lleguen al Congreso, deben pasar por la Corte Suprema de Justicia.
La intención de un amplio grupo de diputados es eliminar ese filtro previo para desmantelar los esfuerzos anticorrupción iniciados en 2015 y decidir a su antojo sobre la inmunidad de quienes han resuelto contra sus intereses: algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la fiscala general, el Tribunal Supremo Electoral y el procurador de los Derechos Humanos.
Faltan cuatro meses para la convocatoria a elecciones generales y los procesos se prevén tan lentos que Jordán Rodas, el procurador de Derechos Humanos, les ha advertido a los diputados que buscan destituirlo que ellos abandonarán sus cargos antes, dada la inminencia de los comicios.
Además, como recuerda el jurista Alexánder Aizenstadt, serán los propios magistrados quienes juzguen si la reforma es compatible con la Constitución. “Como parece serles desfavorable, es muy probable que la declaren inconstitucional”.
Sobre muchos de estos diputados y sus partidos pesa la sombra de la corrupción: los legisladores podrían terminar en la cárcel y las organizaciones políticas podrían ser canceladas, lo cual reduciría de inmediato tanto el poder de los legisladores en el Congreso como su posibilidad de reelegirse en los comicios de 2019.
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Tanto ellos como los grandes empresarios tienen nuevos miedos que se pueden concretar de manera muy inminente y desajustar su alianza, porque muchos parecen con miedo de salir implicados en dos presuntas redes de corrupción mayúsculas: las que lideraban Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones ahora prófugo, y Manuel Baldizón, candidato presidencial de un partido creado a golpe de sobornos, según un cable diplomático filtrado por WikiLeaks.
Desde el viernes hasta hoy, el procurador de los Derechos Humanos y miembros de la sociedad civil han recurrido a la Corte de Constitucionalidad para que haga cumplir la orden que le dio el año pasado a Morales sobre la manera de resolver sus diferencias con la ONU, declare ilegal el veto a Velásquez y, ante la amenaza de una andanada represiva, proteja los derechos constitucionales y la libertad de expresión, dado que fuentes del Estado han filtrado una supuesta intención de amedrentar a periodistas y activistas con ataques encubiertos de delincuencia común o acusándolos de sedición.
El presidente Morales, todavía sin saber qué fallarán los magistrados, aseguró el jueves en un discurso público que no lo mueven intereses personales e insistió en que no acatará “órdenes ilegales”; y la ministra de Exteriores, Sandra Jovel, nombrada para el cargo justo cuando tenía que enfrentar un proceso por adopción ilegal de menores y fue exonerada del proceso por la inmunidad de que gozan los ministros, acusó a la Cicig de haberse convertido en una estructura paralela igual que las que tenía que combatir.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, la mayor organización empresarial del país —algunos de cuyos afiliados más prominentes afrontan procesos por soborno, evasión o financiamiento electoral ilícito—, se había pronunciado días antes a favor de la decisión de Morales de deshacerse de la Cicig y lo que llama defensa de la “institucionalidad”.
Universidades, asociaciones estudiantiles, organizaciones sociales y buena parte de la comunidad internacional se han opuesto con el argumento de que la intención real es destruir la institucionalidad republicana y acabar con la lucha contra la corrupción.
Con información de The New York Times
mlmt