Apenas han transcurrido cinco meses del nuevo gobierno y parece que a nadie importa que todos los días el nuevo presidente violente la Constitución, de manera pública y a los ojos de todos.
Y una de las más escandalosas violaciones la vimos en cadena nacional, cuando el presidente Obrador acudió a Minatitlán para poner en marcha la Guardia Nacional, una semana después de la masacre de 14 personas.
El escenario más bien pareció un montaje ya que arrancó una fuerza pública que, si bien tiene rango constitucional, aún no existe porque no se han aprobado sus leyes reglamentarias.
Y si no existen las leyes que reglamentan la Guardia Nacional, el banderazo de salida que anunció el presidente no es más que un montaje.
Y es que según especialistas, al ordenar la entrada en operación de la Guardia Nacional, el presidente no sólo viola la Constitución –que juró respetar y hacer respetar–, sino que burla las facultades del Poder Legislativo, encargado de elaborar y aprobar las leyes reglamentarias de un cuerpo de seguridad que, de manera obligada, debe respetar el presidente.
Pero lo más grave es que ante la inexistencia de la ley que reglamenta la actuación de los efectivos y jefes de la Guardia Nacional, resulta no sólo ilegal sino inconstitucional el despliegue de esos efectivos. ¿Por qué?
Porque comete un delito todo policía, militar o marino que actúa al margen de la ley y al amparo de una institución inexistente, que no cuenta con su respectiva reglamentación y menos directrices operativas y presupuestales.
Así, por ejemplo, una detención puede ser combatida por los detenidos ante la presunción de que se trató de un secuestro; la baja de un criminal puede ser considerado como un asesinato y, en general, todo el cuerpo represor conocido como Guardia Nacional en realidad pudiera ser considerado como un grupo criminal.
Pero el problema va mucho más allá.
¿Qué dicen de esa ilegalidad los partidos opositores; los legisladores de esos partidos; los ministros de la Corte? ¿Por qué todos callan; por qué solapan a un presidente que violenta de manera flagrante la Constitución?
Está clara la complicidad de opositores, legisladores y ministros de la Corte, que ven pasar las violaciones a la Carta Magna y permanecen callados.
Pero hay más.
Una revisión elemental de los primeros resultados de la Guardia Nacional –en los lugares donde ha empezado a operar–, demuestra que se trata de un cuerpo de seguridad fallido incluso antes de nacer.
¿Lo dudan?
En febrero pasado el gobierno federal detectó los 17 municipios más violentos del país; con los mayores niveles de criminalidad. Por eso, poco después desplegó diez mil 200 efectivos, entre policías federales, militares y marinos.
Se trató de una suerte de ensayo de lo que serían los operativos de la Guardia Nacional, cuya creación no había sido aprobada. Es decir, que el gobierno federal puso en operación a un cuerpo de seguridad, sin estar en la Constitución y sin leyes reglamentarias.
Sin embargo, una primera revisión arroja un fracaso escandaloso. Es decir, que en 10 de los 17 municipios en los que se experimentó el despliegue de una “Guardia Nacional Patito” se incrementaron la violencia y el crimen.
Por ejemplo –y siempre según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica–, en Reynosa, Tamaulipas, los homicidios violentos se dispararon en 225%; en Monterrey, Nuevo León el alza fue de 33%; en Salamanca y Celaya, Guanajuato le violencia se elevó 20% y 17%, respectivamente; y en Ciudad Juárez, Chihuahua, la violencia subió 15%...
¿Cuál es la conclusión?
Resulta contundente; hoy la Guardia Nacional que opera en Minatitlán y en los municipios más violentos del país no sólo es ilegal sino que resultó fallida, aún antes de nacer.
Al tiempo.