León-. Con un bebé en su vientre y mientras ejercia un trabajo directivo en la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua (SSPE), Yuliana fue despedida de la administración pública al haber quedado embarazada. La institución, cuya labor era protegerla, le negó sus derechos laborales.
Yuliana López Hernández, originaria de León, Guanajuato, trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua como jefa de investigación en el área de asuntos internos, con el paso del tiempo su esfuerzo la impulsó a ocupar un cargo más alto y ascendió al de directora general jurídica, pero al cambio de administración, la situación laboral de la funcionaria publica cambió.
“Llegó un nuevo gobierno, el de María Eugenia Campos, y empezaron los movimientos, pensé en un inicio que, por mi condición de vulnerabilidad y embarazo, se me renovaría mi contrato, así me lo hizo creer una persona que se quedó como jefe inmediato, la licenciada Bianca Luz Nevárez Moreno”, narró en entrevista Yuliana López Hernández.
Al principio la jefa del Área de Asuntos Internos, Bianca Luz Nevárez Moreno añadió a Yuliana como parte de su equipo pero esa relación cambió tras el embarazo: “Fueron avanzando los meses y fue incrementando la violencia, me aplicaron un fenómeno que se llama mobbing, que te aíslan: hacían reuniones y no me invitaban, ella les prohibió a ciertas personas que no me dirigieran la palabra, por la secrecía una entiende que ciertos temas no son públicos, pero al yo al formar parte de su equipo sí era merecedora de tener la relación laboral con los compañeros, pero se volvió pesada la situación”.
Yuliana laboraba en la Secretaría con un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. a ella se le asignaba un vehículo para sus traslados y la atención de asuntos. Contó que como parte de la presión, le quitaron el vehículo y se le modificaron los horarios para trabajar 24 horas los días domingo, lunes y miércoles: “La idea era cansarme, por mi estado de embrazo, es violencia institucional”.
“Mediante un escrito le hice saber al Secretario (Gilberto Loya) la situación de vulnerabilidad en la que me encontraba, que era mi estado gestante y que mi embarazo era de alto riesgo, y el Instituto Chihuahuense de la Salud me dio mi constancia de 5 semanas de embarazo hasta ese día. Le rogué que tenía derecho a la estabilidad laboral reforzada, que lo reconsiderara”.
Contó Yuliana que, por parte del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no obtuvo apoyo, ni respuesta alguna.
Fue amedrentada y regresó a León por meido a ser violentada
Por su cargo en la administración pública Yuliana tenía bajo su responsabilidad armas de fuego que luego de dejar la dirección, giró un documento de acta, entrega y recepción, sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, encargados del armamento fueron a casa de Yuliana bajo una orden.
“Intentaron ingresar a mi domicilio por las armas. Por el cargo que yo tenía eran armas no tan comunes, esta licenciada que me violentó quería esas armas para uno de sus escoltas, y por eso la urgencia. Les pidió que me fueran a buscaran a mi casa donde yo residía, por el temor de que me fueran a violentar más de lo ya habían hecho, mejor decidí regresarme a León para evitar esa fricción” contó Yuliana quien laboraba en el Área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Chihuahua.
Tras varios actos de discriminación y un intento de cateo en su casa Yuliana dejó el cargo el 31 de diciembre del 2022, la única respuesta que recibió, contó: “Te vas a incapacitar, vienen tus días de cuarentena, de maternidad, lo ven como el que uno se embarace que te retrae, ya vienen tus incapacidades y me vas a dejar el trabajo aquí tirado, prefirieron correrme que darme los días que son de incapacidad y apoyarme en el parto, los días que permite la ley de lactancia y de maternidad, que son seis meses posteriores a que me alivie”.
Yuliana informó a la Silla Rota que no solo fue ella quien vivió esta situación, sino que otras mujeres en su misma condición de embarazo también fueron despedidas de la Secretaría de Seguridad del Estado de Chihuahua: “A la mayoría las han despedido, solo hay una que ha sobrevivido, pero ya le aplicaron violencia económica porque su sueldo se lo rebajaron al cincuenta por ciento”.
A Yuliana, el Instituto Chihuahuense de la Salud le otorgó un seguro médico y le determinaron un salario mínimo vital de 4,000 pesos a la quincena, pero por un error involuntario administrativo, desde hace cuatro semanas percibe solo 2,000 pesos.
Yuliana detalló que ingresó un amparo en los juzgados de distrito que se está llevando a cabo en el primer tribunal y está en un recurso de revisión, que inició en el tercer juzgado de Chihuahua: “Estoy en espera, de que ellos revisen la sentencia y se me otorgue la protección de la justicia federal con el amparo”.
“Son servidores públicos que no están capacitados en perspectiva de género, continúan con esta prácticas de misoginia hacia la mujer, de odio, de violencia, como yo hay otras cuatro personas a las que han violentado y las han amenazado hasta llegar al despido, porque están embarazadas” relató Yuliana.