En las preguntas anticipadas que las diputadas y diputados tenemos derecho de hacer por escrito al Fiscal de Guanajuato antes de su comparecencia en el Congreso, yo envié una para saber: ¿cuáles son los tipos de extorsión que investiga? ¿cuántas denuncias se presentaron? y ¿cuál es la cifra negra?; para indagar sobre la preocupación del Gobernador que expuso en el evento del informe.
La respuesta escrita del Fiscal ¡te sorprenderá! -como me sorprendió a mi-: “se desconoce”, dijo.
Pero si el propio Diego Sinhue Rodríguez Vallejo incluso le pidió a él, al secretario de Seguridad y a la secretaria de Gobierno la revisión de una posible reforma para atender un delito que ha ido creciendo en todo el país en diversas modalidades -para contenerlo en Guanajuato- y pidió también al Congreso que se pudiera revisar la legislación.
En contraste, en el documento del Cuarto Informe de la Fiscalía se presume el dato de que somos el estado en segundo lugar nacional con menos índice de impunidad en el delito de extorsión, pero en las cifras, apenas se reportan 5 carpetas de investigación en modalidad real y 85 en virtual.
Lo que sí contestó la Fiscalía, en esa pregunta que envié, fue que se considera “extorsión real” cuando hay contacto mediante notas, llamadas y de manera física con la víctima, con las agravantes que contempla el Código Penal. Y que la extorsión virtual se da cuando el único contacto es vía telefónica o red social.
Sin embargo, hay datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) en donde se reporta que durante el 2021 la extorsión en Guanajuato representó una tasa de 5,713 por cada 100 mil habitantes. Y la organización México Evalúa calcula que la cifra negra en el caso de este delito en nuestro estado llega casi al 98%.
Entonces, sí parece que hay motivos de preocupación, no solo para el Gobernador, sino para todas y todos los guanajuatenses.
Le pregunté por eso al Fiscal esta mañana en la comparecencia presencial: ¿cuál es la situación real de la atención del delito de extorsión en Guanajuato y qué acciones coordinadas con el Poder Legislativo se requieren?
Y sí sabe.
Su propuesta Legislativa:
Parece que la ruta que se busca es que el delito de extorsión se persiga de oficio. Es lo que se puede interpretar de la respuesta del Fiscal.
Para explicar esto recordó que han desarticulado al menos 16 bandas dedicadas a la extorsión y que una de ellas en Salamanca tenía una lista de más de 300 personas que estaban siendo extorsionadas.
Dijo que solo una persona denunció y aseguró que, de esa banda en particular, estaban todos detenidos y que pertenecen al crimen organizado. Por ese motivo, aseguró, muchas personas no denuncian, porque los delincuentes les intimidan y les infunden el miedo, y cuando denuncian luego no siguen el proceso y el juicio. Dijo que frecuentemente las personas no se presentan para sostener su acusación y que eso puede ser salvable.
Su propuesta procesal:
El Fiscal afirmó también que la unidad de extorsión se equipara a la de secuestro y que cuentan con equipo tecnológico para la atención en sitio, es decir, recabar la denuncia, hacerla de manera discreta, entre otras acciones necesarias. Y aseguró que el propósito de este año de la Fiscalía será consolidar esa unidad.
Aseguró que ya está proyectada y cuenta con presupuesto para ello. Debe mejorar la atención de este delito en el 2023. Y estaremos pendientes de ello.
Entonces, ¿qué es lo que el Fiscal desconoce sobre la extorsión en Guanajuato?
Supongo que nada. Y que su respuesta solo intentaba no hablar por el Gobernador y sus consideraciones para cuestionar en un evento público la atención al delito. No creo que algo ignore el Fiscal, pero tal vez podríamos hacer aquí una estimación del tamaño de la problemática que no ha salido del informe ni de las preguntas escritas ni verbales.
Hoy reconoció que la extorsión es un delito que ha venido en aumento y que, cree que hay muchas personas que no denuncian. También dijo que la incidencia es principalmente en la zona laja-bajío hacia Salamanca.
Es decir, que si traducimos los datos de la ENVIPE, podríamos decir que: Si la región laja-bajío más Salamanca suman 1 millón 472 mil 949 habitantes y la tasa de incidencia es 5,713 por cada 100 mil habitantes, eso significa un impacto de la extorsión que afecta alrededor de 84 mil 149 personas. ¿Es ese el tamaño real de la problemática?
Hice otras preguntas. Fueron 50 escritas y solo pude hacer 3 presenciales.
La última, que el Fiscal no me respondió: “En el penúltimo párrafo de su mensaje introductorio del Cuarto Informe de la Fiscalía, usted reconoce ‘(…) seguro estoy que aún falta mucho por hacer’. ¿Qué es todo lo que usted sabe que falta, Fiscal?”
Y espero su respuesta.
Si resulta que tampoco lo desconoce, les comparto con gusto lo que él me envíe.