OPINIÓN

Recoger los pedazos

En los días en que esto escribo han ocurrido eventos trascendentes en materia de violencia e inseguridad en el país, tristemente no es algo novedoso en estos tiempos, pero tampoco es normal, específicamente me refiero a los hechos del día martes 9 de agosto de 2022 acaecidos en Jalisco y Guanajuato

René Urrutia De La Vega.
Escrito en GUANAJUATO el

La frase que en esta ocasión da título a esta columna siempre ha tenido mucho significado para mí a la hora de hacer análisis de seguridad pública, refleja lo que ocurre en la forma de actuar de las autoridades de nuestro país cuando de seguridad pública se trata, pretenderé explicarme.

En los días en que esto escribo han ocurrido eventos trascendentes en materia de violencia e inseguridad en el país, tristemente no es algo novedoso en estos tiempos, pero tampoco es normal, específicamente me refiero a los hechos del día martes nueve de agosto de 2022 acaecidos en Jalisco y Guanajuato, donde integrantes de un grupo de la delincuencia organizada incendiaron vehículos en vías principales de circulación, tiendas de conveniencia, farmacias y gasolineras, causando pánico entre la población, incluso hubo medidas de suspensión de actividades en instituciones académicas de todos los niveles, así como el cierre temporal de comercios y oficinas, mientras las autoridades manifestaban que los actos de violencia eran consecuencia de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) habían capturado a líderes de una organización criminal, al parecer en el estado de Jalisco, e incluso que se había dado un enfrentamiento entre civiles y militares, lo cual hasta este momento no había sido confirmado ni se había mostrado evidencia al respecto, sin embargo, fue el argumento utilizado para tratar de justificar lo ocurrido, como sucede con frecuencia, pues las autoridades cotidianamente justifican la violencia pretendiendo que se trate de reacciones por la actuación del gobierno, nada más descabellado.

Al día siguiente de los hechos y durante días posteriores, tanto los gobiernos de los Estados involucrados, de los municipios afectados y el propio presidente de la República salieron a señalar ante los medios de comunicación que se habían logrado detenciones de personas que habían participado en los hechos delictivos, a quienes se les habrían asegurado armas, equipo táctico y garrafas para transportar combustible, entre otras cosas, lo cual los relacionaba con los ataques.

Aquí es donde podemos hacer la reflexión acerca de la actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno y preguntarnos si los ciudadanos en realidad podemos considerar esas detenciones como un resultado de la función pública de garantizar la seguridad. Desde mi punto de vista, la obligación de proporcionar seguridad tiene que ver con impedir que los grupos de la delincuencia organizada tengan las capacidades suficientes para realizar esos actos que muchos han calificado incluso de terrorismo, es decir, con cumplir con la función preventiva del delito, a partir de estrategias de seguridad pública y de investigación y análisis de inteligencia que permitan anticiparse a las reacciones que pueden tener las organizaciones criminales una vez que se ha dado una operación que arroje detenciones o que se de un enfrentamiento, finalmente no es la primera vez que eso ocurre, no podemos hacernos los sorprendidos puesto que esto ha ocurrido muchas veces; imaginemos los recursos y la cantidad de personas, vehículos y equipamiento que se requieren para llevar a cabo una operación delictiva del tamaño de lo que ocurrió ese martes en dos Estados del país y en una multiplicidad de municipios, tan solo en Guanajuato se habla de que se incendiaron 25 tienda de autoservicio y una cantidad importante de vehículos en la vía pública, todo ello sin que durante todo el tiempo empleado por los delincuentes en hacerlo, se hubiesen presentado las autoridades policiales oportunamente a hacer frente a los perpetradores, no fueron suficientes los equipos tecnológicos de los C5 de cada uno de estas entidades federativas ni la corporaciones policiales locales y mucho menos los cientos o miles de efectivos de la Guardia Nacional para impedir que los daños fueran de las dimensiones que se reportan, pero además de ello, hay que dejar muy claro que con todo y que los daños están siendo valuados en muchos millones de pesos, lo más grave es el efecto que causan estos ataques en la población y en el propio Estado, el enorme reto que lanzan los delincuentes organizados, la demostración de fuerza y de organización que supera a la de las autoridades, todo lo cual hace que las detenciones no puedan ser consideradas como un resultado, ni siquiera mínimamente, pretender que eso pueda considerarse el cumplimiento de una obligación del nivel y de la altura que se requiere es imposible.

Como lo he dicho en muy diversas ocasiones, por disposición constitucional y legal, la responsabilidad en materia de combate e investigación de la delincuencia organizada está en el Gobierno Federal y en la Fiscalía General de la República, que en todos estos casos brilla por su ausencia como si no le correspondiera actuar y dar explicaciones.

Después de que en las ciudades donde ocurrieron estos hechos se vivieron momentos terribles y se sintió una vez más el pánico, por un lado, y la ausencia de las autoridades y sus estrategias, por el otro, lo único que podemos decir es que todo lo que se diga con posterioridad no es un resultado, sino únicamente es recoger los pedazos de algo que cada vez está más roto, más dañado y más destruido, debemos esperar y exigir que estas experiencias sirvan para que nuestras autoridades pongan a trabajar toda la capacidad humana y tecnológica para que esto no se repita, para evitar que se tengan que seguir recogiendo los pedazos que deja la violencia.

Lic. René Urrutia de la Vega.

rurrutiav@urrutiaconsulting.com.mx