MARCHA CIUDADANA

¿Por qué marcha Guanajuato contra el “Plan B”?

Instituto Nacional Electoral detalla los aspectos de la reforma electoral que perjudicarían los procesos electorales restándoles pluralidad, equidad y transparencia

Este domingo habrá marcha a favor del INE, para que los procesos electorales sigan gozando de pluralidad y se mantengan confiables.
Este domingo habrá marcha a favor del INE, para que los procesos electorales sigan gozando de pluralidad y se mantengan confiables.Créditos: Especial
Escrito en GUANAJUATO el

León.- La actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales avala la existencia de 5 vocales en cada una de las 300 juntas distritales que hay en el país; que existan 900 módulos donde se emite la credencial de elector; que haya equidad en la contienda electoral en cuanto a la disfusión de propaganda...

Las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo y presentadas como propias por la fracción de Morena para agilizar su aprobación en el Congreso de la Unión eliminan, entre otras cosas, esas disposiciones. Afectan directamente al elector, pues aumentaría la ausencia de funcionarios electorales en las votaciones, con el riesgo de anulación; incertidumbre en la actualización del padrón electoral y lista nominal; reducirá la transparencia y certeza en los resultados electorales, y abre la puerta a que funcionarios públicos puedan incidir en las elecciones.

Toda esta información es divulgada por el Instituto Nacional Electoral en su portal web, en el apartado “Informe sobre las implicaciones del Plan B de la reforma electoral”.

 

Acortan procesos

 

El “Plan B” proyecta una serie de cambios que inciden en la organización de las elecciones a grado de generar afectaciones al ejercicio de la función electoral, así como al ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

El proyecto retrasa tanto el inicio del Proceso Electoral Federal como la instalación de los consejos locales y distritales. En lugar de comenzar las actividades preparatorias de la elección durante la primera semana de septiembre, como hoy sucede, lo pospone a la tercera semana de noviembre del año previo de la elección.

Además, se reducen los tiempos para reclutar y capacitar a los capacitadores asistentes electorales, y a los supervisores electorales; por consecuencia, se compromete la calidad de la integración y capacitación del funcionariado que integra las mesas de cómputo, recibiendo y contando el voto de la ciudadanía. Asimismo, los consejos locales y distritales también acompañan los procesos de ubicación de casillas, conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, integración de los paquetes electorales, así como los cómputos distritales. En suma, estos nuevos plazos afectan la celebración de elecciones libres y auténticas

 

Quita personal profesional

 

En la actualidad, el INE cuenta con el Servicio Profesional Electoral y su rama administrativa que son trabajadoras y trabajadores capacitados y profesionales que, de 2014 a la fecha, han organizado 330 elecciones federales, locales, de participación ciudadana y de elección interna de partidos con altos estándares de calidad, con confianza, certeza y eficiencia.

La reforma contempla reducir un 84 % al Servicio Profesional Electoral y desaparecer la rama administrativa, con ello se modifica la estructura del INE y se vulnera la autonomía e independencia para garantizar comicios libres, auténticos y periódicos.

Con esta reducción pretendida, se pone en riesgo la organización de elecciones y de mecanismos de participación ciudadana como la Consulta Popular y la Revocación de Mandato. Además, se afectan los derechos políticos electorales y de identidad de la ciudadanía.

 

Más injerencia oficial

 

Los artículos 41 y 134 de la Constitución restringen la intervención de servidores públicos en los procesos electorales, y la Ley electoral así lo considera, incluso fijando una “veda electoral” en la que los funcionarios no deben emitir posicionamientos durante las campañas electorales y los días previos a la votación.

Con la reforma, no se considera propaganda a la promoción no etiquetada presupuestalmente como tal o a través de manifestaciones de los servidores públicos “en uso de su libertad de expresión” o “en el ejercicio de sus funciones públicas”.

Así, las expresiones de gobernantes a favor o en contra de candidatos podrán realizarse al amparo de esta legislación que, sin embargo, es contraria a la Constitución.

Son estos algunos de los puntos por los que la sociedad guanajuatense, al igual que en el resto del país, se muestra organizada y dispuesta a marchar este domingo 26 de febrero. En León, el punto de reunión es en la Calzada de los Héroes a las 10:30 horas.