Guanajuato.- Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó reformas al Código Penal estatal, para mejorar las condiciones en que se realizan las labores de los periodistas y defensores de derechos humanos. La sanción podría ir hasta seis años a prisión y pagar de 10 a 60 días multa.
Lo anterior es parte de las reformas a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato y la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato que fueron remitidas por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para la protección de dichos grupos vulnerables.
De esta forma, quienes mediante violencia traten de impedir y obstruir la actividad periodística, así como la defensa de los derechos humanos, podrían ir hasta 6 años a prisión y pagar de 10 a 60 días multa, además, si la conducta es cometida por servidores públicos, estos serán inhabilitados y la pena se verá incrementada de la mitad del mínimo, a la mitad del máximo.
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Con esta aprobación se adiciona un párrafo VII al artículo 153 del Código Penal del Estado, para establecer que:
“Quienes cometan en agravio de personas defensoras de derechos humanos, de su cónyuge o de sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, si tuvieren como finalidad obstaculizar o impedir el ejercicio de sus actividades de promoción o defensa de los derechos humanos o se realicen en represalia a las mismas”.
Los autores del dictamen
Como autores del dictamen hicieron uso de la tribuna las diputadas María Eugenia García Oliveros y Susana Bermúdez Cano, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas, además de las legisladoras Karol Jared González Márquez y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.
García Oliveros manifestó que con esta propuesta se busca contribuir a mejorar las condiciones que se realizan las labores de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos en el estado, las cuales son de innegable importancia para el sostenimiento del estado de derecho.
Indicó que su protección se convirtió en una necesidad apremiante debido al contexto que se vive en el estado desde hace casi una década. Apuntó que de acuerdo con el informe anual el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en Guanajuato se reveló que fueron 26 periodistas y cuatro personas defensoras de derechos humanos los que recibieron medidas de protección estatal.
Por su parte, la legisladora Susana Bermúdez Cano mencionó que la reforma busca sancionar de manera más contundente aquellas conductas que atentan contra la seguridad, integridad, la libertad y la vida de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Agregó que las acciones que pretenden dañar a alguien que ejerce la profesión del periodismo o se dedica a la protección de los derechos fundamentales es ir en contra de la libertad de expresión por buscar silenciar a una sociedad, la violencia cometida contra los sectores mencionados no puede quedar impune y que se necesitan sanciones ejemplares a quienes cometan estos delitos.
En su intervención, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas manifestó que el dictamen responde con eficacia y sensibilidad a los desafíos que enfrentan quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos, y que contribuyen al fortalecimiento de sociedades democráticas.
Indicó que ambas tareas se realizan en un contexto de constante riesgo, por lo que resultaba indispensable fortalecer el marco jurídico estatal mediante la tipificación específica de delitos que protejan de a quienes ejercen esas funciones.
Asimismo, dijo, se fija la inhabilitación para servidores públicos que cometan esos delitos, reforzando el compromiso del Estado con la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión, y enviando un mensaje claro de tolerancia cero frente a abusos de autoridad.
A su vez, Karol Jared González Márquez puntualizó que la libertad de expresión no es un privilegio, es un pilar esencial para toda democracia, ya que sin ella simplemente no hay posibilidad de participación ciudadana ni de rendición de cuentas.
Agregó que, esa libertad solo puede ejercerse de forma plena y auténtica cuando el Estado garantiza condiciones reales de seguridad, dignidad y protección para quienes le ejercen profesionalmente, periodistas y personas defensoras de derechos humanos y activistas sociales.
Además, reiteró su compromiso con una agenda de libertad y dignidad de quienes alzan la voz en favor de los demás, y que a ellos les deben marcos legales más fuertes, instituciones más responsables y un estado que no tolera la impunidad ni el silencio.
Y la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia mencionó que el dictamen responde a una necesidad urgente y dolorosamente visible para señalar y sancionar de manera firme los delitos cometidos contra personas que ejercen su derecho a informar o hacer válida la lucha por los derechos humanos, debido a que se han convertido en marco de amenazas que atentan contra su integridad y su vida.
La congresista afirmó que la labor del sector mencionado representa el verdadero Estado Democrático de Derecho, junto a ir en concordancia con estándares constitucionales y parámetros internacionales, por brindar herramientas para que el Estado genere condiciones de seguridad y libertad para el ejercicio de actividades fundamentales para el ejercicio de la democracia.
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