Maltrato en albergues, falta de acceso a vivienda temporal, robo de sus bienes, demora u omisión en la entrega de dictámenes de algunos inmuebles, la escasa ayuda económica y psicológica, así como desplazamiento forzado, son solo algunas de la violaciones que, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), el gobierno capitalino cometió en contra de los damnificados del sismo de 7.1 grados que cimbró a la Ciudad hace un año.
La CDHDF documentó que a 12 meses del siniestro –aún cuando las autoridades locales y federales tienen las obligaciones de proteger, garantizar y respetar los derechos de la población en diferentes etapas tras un desastre natural- las afectaciones a personas damnificadas siguen vigentes.
En un informe presentado este martes se advierte que: “Hoy se mantiene un estado de cosas que se caracteriza por un déficit en la efectiva garantía de los derechos humanos (…) la situación en la que se encuentra la Ciudad de México, y las condiciones de vida de las personas damnificadas, es contraria a los principios rectores y a diversas disposiciones contenidas en la Constitución”.
A continuación algunas de las violaciones a los derechos humanos de los damnificados, según el Informe Especial “El estado que guarda la garantía de los derechos humanos de las personas damnificadas por el sismo de septiembre de 2017 en la Ciudad de México”:
CIFRAS INCIERTAS SOBRE EL DESPLAZAMIENTO FORZADO
En el informe, la CDHDF constató que no existe información oficial sobre el número de personas víctimas de desplazamiento forzado derivado de los sismos de septiembre, lo que consideran es una falta de reconocimiento a este fenómeno y su magnitud que además viola su derecho de acceso a una vivienda.
La única información deriva de versiones periodísticas de acuerdo con las cuales, tan solo en la colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, hubo 2 mil 400 personas en esta situación.
En audiencia públicas se detectó que 41% de los damnificados ya no vivía en los inmuebles afectados y que estaban en casa de amistades o familiares, en un lugar rentado o que vivía en un albergue o campamento.
Por lo menos ocho personas mencionaron varios lugares donde han tenido que vivir mientras se resuelve su situación; otras comentaron que dormían en la calle o en su coche, lo que de acuerdo con el organismo de derechos humanos “muestra la situación inestable y precaria en que se encontraban”.
ROBO DE BIENES Y PERTENENCIAS POR FALTA DE VIGILANCIA
A consecuencia del desalojo de inmuebles, de acuerdo con el organismo defensor de derechos humanos, hay diversas víctimas de robo.
Se advierte que alrededor de 30 mil personas están en calidad de damnificados, muchos de ellos dejaron sus viviendas al quedar inhabitables, o presentar riesgos, sin que contarán con el apoyo de la autoridad para el resguardo de sus pertenencias.
Algunos personas entrevistadas en el marco de la audiencia pública que ya no vivían en los inmuebles afectados indicaron que éstos y sus pertenencias eran resguardados principalmente por vecinos, familiares, el velador, o un servicio de vigilancia privado contratado por ellas.
Llama la atención que únicamente en 6.5% de los casos los afectados dijeron haber contado con el apoyo de la autoridad para el resguardo de sus pertenencias.
MALTRATO Y FALTA DE SANIDAD EN ALBERGUES Y CAMPAMENTOS
Para hacer frente a la contingencia del sismo, las autoridades locales habilitaron albergues y campamentos desde la tarde del 19 de septiembre, éstos fueron atendidos principalmente por personal administrativo, el cual no contaba con protocolos específicos para su instalación y funcionamiento eficaz ni con capacitación previa para actuar de forma profesional ante una emergencia de tal magnitud.
La CDHDF constató que estos lugares no ofrecían las condiciones mínimas para realizar actividades cotidianas y que no dignificaban la estancia de quienes los utilizaban, entre otras razones porque tenían un limitado acceso al agua así como a baños y servicios de aseo. Ello repercutió en su salud al presentarse brotes de enfermedades respiratorias y gastrointestinales causadas por las malas condiciones sanitarias en algunos de los lugares.
En estos espacios también se registraron casos de maltrato. Ello se dio a conocer en distintas quejas que ha recibido la Comisión. Además, organizaciones civiles denunciaron que varios albergues incluidos en las listas oficiales de lugares que prestarían servicios no estuvieron disponibles o cerraron a pesar de la necesidad de vivienda.
ACCESO LIMITADO A RECURSOS PARA RENTA
Aunque se reconoció que el gobierno de Ciudad de México implementó un programa de apoyo temporal para rentas, el cual fue anunciado el 26 de septiembre, la CDHDF reprochó su falta de enfoque para garantizar una vida digna, ya que el recurso brindado era muy limitado, permitía cubrir sólo un porcentaje mínimo del costo de una renta (primero fueron 3000 pesos y luego aumentó a 4000 pesos mensuales).
También se señaló que el apoyo era brindado por un corto tiempo (tres meses que después se ampliaron a cinco) y que había un escaso control y falta de lineamientos claros para su entrega, lo que facilitaba la posible utilización discrecional del dinero.
Al respecto, personas damnificadas denunciaron en la audiencia pública que la información puesta a disposición para acceder a estos recursos económicos era limitada y a veces incorrecta. Únicamente 54.5% de las personas entrevistadas que ya no habitaban el inmueble afectado señaló haber recibido apoyo para la renta. Además, el establecimiento de ciertos requisitos impidió que algunas de las personas que necesitaban del apoyo accedieran a él.