Gerardo Sosa Castelán, líder del grupo político que controla la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y el rector Adolfo Pontigo Loyola, promovieron amparos contra órdenes de aprehensión y cateos, tras la detención, el 15 de junio, de la coordinadora de Administración y Finanzas de la institución, Gabriela Mejía Valencia, quien fue vinculada a proceso nueve días después, acusada de posible desvío de recursos públicos a favor de un partido político.
El recurso ingresó a la mesa 3 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo el 20 de junio de 2018, un día después de ser presentado, y es identificado con el número de expediente 669/2018, que La Silla Rota consultó en los archivos públicos del Consejo de la Judicatura Federal.
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Tanto Pontigo como Sosa, quien ocupa el cargo de presidente del Patronato de la Universidad, a la que está vinculado, con posiciones públicas, desde 1979, cuando egresó del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO) y fue incorporado como profesor de Introducción al Estudio del Derecho –aunque no hay constancia de que haya impartido cátedra–, después como académico de tiempo completo, secretario general y rector, argumentaron violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales.
El primero de ellos refiere que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, “sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
En tanto que el 16 señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, “sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
El amparo indirecto contra orden de aprehensión y cateo, con base en los acuerdos por expediente del juzgado, fue admitido el 5 de julio.
La contadora de la UAEH fue detenida, por supuestos ultrajes a la autoridad, el 15 de junio tras un incidente vial en la carretera Pachuca-Tulancingo, a la altura de la localidad de Pachuquilla.
En el asiento trasero de la camioneta Toyota Hilux doble cabina que manejaba, la cual, según la Secretaría de Seguridad Pública del estado, estuvo involucrada en un choque por alcance, Mejía Valencia trasladaba cajas en las que, dijo Gerardo Sosa, había un millón 400 mil pesos para el pago de albañiles que construyen una residencia estudiantil en Tulancingo.
Sin embargo, en el contrato de la obra DGJ/PROPIOS/LPNO-02/020-17, al que tuvo acceso la reportera Sandra Uribe de Revista Acrópolis, se advierte que la empresa Constructora del Norte MB, en calidad de contratista, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que las obligaciones patronales, incluidos los salarios, recaen en ella.
Tras el inicio del proceso contra la funcionaria universitaria, Gerardo Sosa acusó el 18 de junio en una conferencia de prensa una persecución política del mandatario Omar Fayad, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que él renunció en febrero, después de buscar en tres ocasiones la postulación para gobernador, para incorporar su estructura política al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
De las 17 posiciones de mayoría relativa que obtuvo en el Congreso de la entidad el partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ocho corresponden al Grupo Universidad, que controla desde hace tres décadas la Autónoma del Estado a través de Sosa Castelán. Esta organización, documentó el periodista Miguel Ángel Granados Chapa en su libro Constancia Hidalguense (Grijalbo, 1999), nació con el apoyo del exgobernador Jorge Rojo Lugo, quien, desde la década de 1980, utilizó a jóvenes estudiantes como instrumento de choque.
mvf