METRÓPOLI

Gastos millonarios en consultorías de imagen e inversiones opacas, la ineficiencia de la Reconstrucción

Del fondo para atender a los damnificados se gastó 3 mdp en diseño de un logotipo; se adjudicaron de manera directa obras por 280 mdp, y se pavimentaron vialidades que no habían resultado dañadas

  • PARIS ALEJANDRO SALAZAR Y ÓSCAR BALDERAS / LA SILLA ROTA Y HUFFPOST MÉXICO
  • 17/09/2018
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Gastos millonarios en consultorías de imagen e inversiones opacas, la ineficiencia de la Reconstrucción

Segunda entrega de tres sobre la corrupción en los gastos del gobierno para los damnificados del 19S. Se encontraron casos de posible tráfico de influencias, conflicto de interés, pagos a empresas "patito", y otras irregularidades. #ReconstrucciónFallida

HISTORIA 1

Pagó SOBSE 3 mdp por asesoría de "diseño de imagen" con recursos de la Reconstrucción

Días después del sismo del 19 de Septiembre de 2017, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) utilizó 3 millones de pesos de los recursos de la reconstrucción de la Ciudad de México para pagar una asesoría de "diseño de imagen" para la institución, cuando decenas de damnificados aún no recibían ningún apoyo gubernamental.

Documentos oficiales en poder de La Silla Rota y HuffPost México revelan que uno de los primeros contratos que suscribió la SOBSE para atender la emergencia en la capital del país fue para asesorías de imagen y mejoras en procesos de comunicación, pero que el despacho contratado, Ulua Consulting S.C., solo tiene experiencia en consultoría fiscal, legal y financiera.

A pesar de ser un despacho de consultoría fiscal, la SOBSE le entregó un segundo contrato en “materia de ingeniería y arquitectura” por 2 millones de pesos con recursos de la reconstrucción,, además de otros dos contratos fuera de los recursos de la emergencia por un “análisis de costo beneficio” y “asesoría administrativa”, todos firmados por Edgar Tungüi Rodríguez.

En entrevista, Edgar Tungüí Rodríguez, ex titular de la SOBSE y hoy comisionado para la Reconstrucción de la CDMX, señaló que el diseño de imagen incluyó servicios informáticos para enlazar 19 módulos de atención en las zonas afectadas.

- No les pareció sospechoso contratar a una empresa de asesoría fiscal para estas tareas de enlaces informáticos, se le preguntó.

- La verdad es que esos temas los veía directamente la Dirección General de Administración, yo no te podría ahorita contestar directamente esa pregunta, no tengo elementos para hacerlo, respondió.

- La empresa tiene sede en Veracruz y es especialista en asesoría fiscal, pero además se le dio un segundo contrato también en materia de ingeniería y arquitectura para los inmuebles dañados, esta empresa podía hacer de todo.

- La verdad ahorita no lo recuerdo, si el primero que me mencionas, pero este segundo que me dices no recuerdo el contrato.

- Este segundo contrato se firmó también durante su gestión (en SOBSE) y es de 2 millones de pesos.

- La verdad no tengo memoria ni datos a la mano.

- Además esta empresa tiene sus oficinas en un departamento particular en la colonia Nápoles, no les pareció sospechoso que una empresa con esas características pueda dar enlaces de comunicación, informáticos, y también asesoría para el sismo.

- Como te comento, todo ese proceso de la elección de las empresas lo hace el área administrativa, no es facultad del secretario si bien fue dentro de la gestión, y si hay una irregularidad la contraloría lo detectará y dará las sanciones correspondientes.

- ¿Usted no tenía conocimiento a pesar de que los contratos tienen su firma?

- Yo firmó porque soy el apoderado legal de la dependencia, entenderás que durante todo el proceso administrativo de la elección de las empresas tengo que echar mano de mi equipo administrativo y técnico para poder hacer estos procedimientos.

- ¿Se justifican estos dos contratos para la reconstrucción?

- El primero, el que tiene que ver con el tema informático, el primero que me preguntaste sí, el segundo no recuerdo el alcance del mismo.

Por su parte, la SOBSE a través de una nota informativa sólo describió algunos de los servicios que presuntamente realizó la empresa, como “habilitación de radiotelefonía en las áreas incomunicadas de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac; apoyo con equipo informático a todas las mesas de ayuda y atención distribuidas por las delegaciones, parques y Módulos de Atención a la Ciudadanía; y adquisición de artículos con imagen institucional para que se identificaran los 19 módulos creados para labores de atención a la ciudadanía como lonas para stands, trípticos, chalecos, gafetes, folletos, pulseras y rótulos para los vehículos que realizaron labores de atención a afectados”.

Sin embargo, ni el contrato, el anexo técnico y la factura aparecen detalladas esas acciones que habría prestado la empresa, incluso el vocero de la SOBSE no pudo precisar cuántos chalecos y gafetes hizo el prestador del servicio. En el anexo técnico del contrato se lee “diseño de imagen institucional especial para la SOBSE, para las labores de atención al sismos”.

En la comunicación de la SOBSE se omitió hacer alguna precisión, aclaración o referencia al contrato SOBSE/DGA/DRMYSG/1089-17 en “materia de ingeniería y arquitectura a los inmuebles sujetos de revisiones provisionales, derivadas del sismo”, que también se pagó con recursos de la reconstrucción a esta empresa.

La SOBSE ocultó el objetivo real del contrato de asesoría. En la Plataforma CDMX el contrato SOBSE/DGA/DRMYSG/1072-17 con Ulua Consulting S.C. se describe como “asesoría administrativa y servicios de logística y movilización de personal de FONDEN, FONAPO y Comunicación Social de la Secretaría de Obras”.

Y en el documento físico se describe como objeto del contrato la “asesoría administrativa en materia de cómputo y satelital para la atención de la emergencia del 19 de septiembre”.

En la cláusula primera del contrato suscrito el 7 de noviembre de 2017, se indica que se deberá cumplir con las especificaciones del Anexo 2, en el que se encuentra el “diseño de imagen institucional especial para la SOBSE, para labores de atención al sismo”.

Otras de las especificaciones solicitadas por la SOBSE fue “mejoras en procesos de comunicación, internet y satelital”, “asesoría administrativa de proceso para la implementación de sistemas de cómputo y comunicaciones para la emergencia del 19 de septiembre”, y “apoyo técnico con personal capacitado en informática”.

En la descripción del servicio en la factura de Ulua Consuting S.C. se aclara que la asesoría consiste en el “diseño de la imagen institucional especial para la SOBSE para las labores de atención del sismo”, la asesoría en procesos de comunicación y la movilización de personal.

El contrato lo firmó Edgar Tungüí Rodríguez, entonces titular de la SOBSE y hoy comisionado para la Reconstrucción de la CDMX, y Ricardo Rodríguez Díaz, representante legal de la empresa.

La vigencia del contrato se estableció del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017, es decir, que la prestación del servicio se dio sólo 11 días después del sismo y se formalizó 47 días después.

Ulua Consulting S.C. no cuenta con página de internet, sólo con un perfil de Facebook en el que se define como “un despacho dedicado a la consultoría empresarial integral; administrativa, fiscal, legal y financiera”, por lo que no tiene experiencia en “diseño de imagen”, comunicación y satelital, que fue el objeto del contrato.

El despacho fue creado en el municipio de Boca del Río, Veracruz, y en sus estatutos tiene por objeto “prestar a personas físicas o morales toda clase de servicios de consultoría y asesoría, así como realizar estudios, en materia económica, administrativa, financiera, técnica, industrial, contable y legal”.

Para efectos del contrato con el gobierno capitalino, Ulua Consulting S.C. señaló un departamento particular en la calle Georgia de la colonia Nápoles.

Se le entregó un segundo contrato al despacho antes de concluir el 2017, y tampoco fue por una consultoría financiera, la especialidad de Ulua Consulting S.C. De acuerdo con Plataforma CDMX se suscribió el SOBSE/DGA/DRMYSG/1089-17 por 2 millones de pesos, y el objeto fue “materia de ingeniería y arquitectura a los inmuebles sujetos de revisiones provisionales, derivadas del sismo”.

Otros dos contratos se le entregaron a Ulua Consulting S.C. durante la gestión de Edgar Tungüi Rodríguez en 2018, el SOBSE/DGA/DRMYSG/013-18 por 3 millones de pesos para el “servicio de consultoría para el análisis costo beneficio y estudios financieros presupuestales”, y el SOBSE/DGA/DRMYSG/021-18 por 3.5 millones de pesos por el “servicio de asesoría administrativa y técnica de procesos para el cierre de la administración pública 2018”, los cuales se hicieron con recursos de la secretaría, no de la reconstrucción.

La SOBSE utilizó recursos de la reconstrucción para recibir asesoría de “diseño de imagen”, cuando quizá no era acción urgente para atender la emergencia y a los damnificados.


HISTORIA 2

Empresario, amigo del comisionado para la Reconstrucción del 19S, recibe adjudicación directa para reparar las cárceles

El empresario señalado de remodelar “gratis” la casa de del titular de la Comisión para la Reconstrucción en la CDMX, Edgar Tungüí —a cambio de jugosos contratos para reparar las cárceles por el terremoto del año pasado— se embolsó 284.4 mdp por obras que no correspondían a daños causados por el sismo #19S, y que se le entregaron en condiciones “excepcionales”.

José Antonio Velasco Jiménez, conocido por dar “moches” de lujo al primer círculo del exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, fue el ganador del negociazo de reconstruir la Penitenciaría del Distrito Federal. Una copia del contrato SG/SSSP/DEA/ADOP-001/2018 en poder de este medio certifica que fue otorgado directamente y sin concurso a su empresa Procesos de Ingeniería Aplicada S.A. de C.V. para “la rehabilitación de cuatro dormitorios”, pero las afectaciones ya existían desde antes del sismo.

Así lo reconoció la entonces secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, y hoy senadora, Patricia Mercado, días después del terremoto: “Ya teníamos desde antes el no uso de un dormitorio, el dormitorio 9”, admitió ante los medios.

En una carta informativa, la Comisión de Reconstrucción precisó que no tiene facultades para asignar contratos. Es decir, la responsabilidad es del Sistema Penitenciario.

La rehabilitación de dicho dormitorio debió realizarse desde, al menos, 2016 con las partidas presupuestales de mantenimiento que cada año recibe la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, pero terminó en un contrato para una empresa privada, financiada con recursos públicos para una emergencia.

Tres internos de la Penitenciaría del Distrito Federal contactados por el HuffPost México y La Silla Rota, a través de organizaciones cristianas que trabajan en la Penitenciaría, confirmaron que los daños atribuidos al terremoto, en realidad, son viejos pendientes ignorados por la actual administración.

“¿En dónde está el dinero del mantenimiento? Se lo guardaron las autoridades y el sismo fue perfecto para tapar que se lo metieron en la cartera”, acusó uno de los internos, quien pidió que su nombre fuera guardado por temor a represalias. “Casualmente, los daños ocurrieron en lugares a los que la gente común, ni nuestras visitas, pueden entrar, como los dormitorios o el ‘kilómetro’ (pasillo de dormitorios).

“¡Ah! Pero si denunciamos, nos meten unos chingadazos y aquí a todo mundo se le quitan las ganas de hablar”.

Para que el empresario José Antonio Velasco Jiménez se hiciera de este negocio, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la institución encargada de administrar las cárceles, le dio vuelta al protocolo.

Después del sismo, los edificios del gobierno capitalino debían ser revisados y evaluados por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, cuyo titular

Renato Berrón fue acusado días después del terremoto por el Colegio Mexicano de Ongenieros Civiles de formar parte de círculo de corrupción en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, “donde se han privilegiado el compadrazgo y los negocios oscuros”, a manera de advertencia de los malos manejos que ocurrirían meses después.

“En estas evaluaciones, el director del instituto (Renato Berrón) nos pide que llevemos a cabo los estudios estructurales. Nosotros le pedimos que los llevaran a cabo sus ingenieros, pero (él dijo que) por la demanda que se tenía en la ciudad que no había ingenieros. Tuvimos que contratar una empresa privada”, reconoció el subdirector de Conservación del Sistema Penitenciario, Juan Pedro Quezada, en entrevista con el HuffPost México, el 13 de septiembre pasado.

“(Esa empresa privada) Lo que nos entregó fue el diagnóstico estructural y ese nos estableció qué áreas habían sido afectadas (y necesitaban reparación)”.

Al preguntarle al funcionario Quezada el nombre de la empresa privada que convenientemente certificó los daños que después el empresario José Antonio Velasco Jiménez repararía con millonarios honorarios, dijo no recordar el nombre exacto.

Hasta la publicación de este reportaje, el HuffPost México no recibió el nombre de esa empresa que dio pie al negociazo del amigo de Edgar Tungüí, a quien el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles también acusó de corrupción durante su paso como secretario de Obras y Servicios en el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

La opacidad del Sistema Penitenciario también encendió las alertas de organizaciones civiles que trabajan en las cárceles de la capital.

En marzo de este año, la ONG Documenta, especializada en litigios dentro de prisión, acusó que a seis meses del sismo, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México reconoció que no contaba con dictámenes de seguridad estructural en las cárceles capitalinas.

“Hasta el momento, aún no se nos ha entregado el dictamen que certifica que esas obras eran necesarias”, contó en la primera semana de septiembre, Maissa Hubert, coordinadora del Programa Sistema Penitenciario de Documenta.org

Dicho documento tampoco se encuentra entre los documentos públicos que están disponibles para los ciudadanos en la página de la Comisión para la Reconstrucción.

Todo quedó en un arreglo de privados: alguien dice que un edificio alejado del ojo público necesita una millonaria reparación, y otro más, amigo de los encargados de la reconstrucción, se apunta a hacerla sin concursar. Y lo único público es el dinero que se usa para esas costosas obras.

AJ