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METRÓPOLI

Pasarán Navidad en la calle 44 familias de Arcos de Belén

Vecinos advierten que mientras no se resuelva el juicio de amparo para recuperar el predio luego del desalojo, permanecerán en frente del inmueble

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    En estas fiestas navideñas no habrá mucho que celebrar para las 44 familias que fueron desalojadas del edificio Arcos de Belén número 69, colonia Centro el pasado 13 de diciembre. Muchos de ellos permanecen en la calle. Armaron un campamento con sus muebles sobre el camellón. Otros se fueron con familiares o a hoteles. 

    Jaime Zurita, representante de la Asamblea de Barrios UICA (Unión de Inquilinos de la colonia Anáhuac para la adquisición de la Vivienda), advirtió que mientras no se resuelva el juicio de amparo que interpusieron para recuperar el predio luego del desalojo, permanecerán en frente del inmueble que por dentro está resguardado por un grupo de personas. Debido a que en los tribunales ya están por irse de vacaciones prevé que su caso se revise hasta enero. 

    No nos iremos de aquí hasta que les regresen sus viviendas. Solo así nos moveremos. Las familias fueron violentadas en sus derechos humanos y derechos de la posesión del inmueble. Lo que estamos pidiendo es que el gobierno haga lo conducente. Para ello, ya estamos en pláticas y mesas de trabajo con Consejería Jurídica. Ya se interpuso el amparo y estamos a la espera de que nos resuelvan y restituyan el inmueble”.

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    Después de que un grupo de entre 200 y 400 personas, señaló Zurita, realizara el desalojo presuntamente con una orden. La mayoría de las pertenencias quedaron sobre la vialidad y camellón de Arcos de Belén. Los vecinos no las quitaron y con ellas iniciaron un bloqueo hasta que las autoridades los recibieran. Fue hasta el viernes por la tarde que los habitantes del número 69 replegaron sus cosas al camellón y banqueta de enfrente. Las acomodaron de tal forma que hicieron un campamento. 

    Ese mismo día, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció que la Consejería Jurídica local ya investiga el desalojo e informó que a pesar de que la propiedad es del gobierno, hay procesos que indican que ya se desincorporó, por lo que se tendrá que aclarar esa situación jurídica.

    También la mandataria señaló que ya se les ofreció una reubicación, mientras se investiga el caso, así como ya se inició una mesa de trabajo. 

    Las 44 familias, que pertenecen a la Asamblea de Barrios, tenían entre 20 y 30 años viviendo en ese edificio. Durante ese tiempo, dijo Zurita, pagaron renta a la persona que se ostentaba como dueño. En marzo de este año, el gobierno de la Ciudad de México expropió el predio, mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial, en respuesta a una solicitud de expropiación por parte de los inquilinos

    Los vecinos nos pidieron como representantes de la Asamblea hacer las gestiones correspondientes antes las autoridades para una expropiación ya que la estructura del inmueble se encuentra con alto riesgo. Se hizo toda la tramitología y se llevó a cabo la expropiación al dueño. En ese momento él lo aceptó porque no interpuso ningún recurso. Guardó silencio. Pensamos que ya no iba a ver problema”.

    Comentó que fue expropiado para acciones de vivienda, es decir que cuando se demuela el predio, se haga la obra y se entreguen los departamentos. En ese momento los vecinos empezarían a pagar al gobierno a través del Instituto de la Vivienda de la ciudad con base a un estudio socioeconómico. 

    Explicó que cuando se hizo la expropiación, la propiedad pasó a ser del gobierno capitalino en beneficio de los poseedores, o sea de las 44 familias que vivían en el edificio

    Sin embargo, sin que se enteraran los vecinos, el propietario inició un juicio de comodato en contra de una persona, que hasta el momento, dijo, desconocen quién es, por el predio de Arcos de Belén

    “Se demandan entre ellos por un comodato. Gana supuestamente alguno de los dos. Pero nosotros no nos enteramos, sino hasta después de la expropiación que hablamos con el juez y nos dijo que se había llevado a cabo un juicio y como resultado había una sentencia a favor de uno de ellos. Él promovió el lanzamiento, solicitó la orden y se la dieron. Nosotros no supimos cómo se llevó el proceso. Somos terceros perjudicados”. 

    Zurita apuntó que consideran que lo del juicio del comodato fue “una chicanada”, donde se hizo un engaño o una trampa para poder recuperar el edificio por ese medio. “No nos consta, pero lo intuimos”.

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    El día del desalojo 

    Eran pasadas las 7:00 horas del jueves 13 de diciembre cuando las más de 200 personas que habitaban el número 69 de Arcos de Belén escucharon de manera repentina un fuerte golpe en la puerta de entrada del edificio. Habían forzado el zaguán. Muchos ya se habían despertado, se alistaban para salir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela. Otros seguían dormidos. 

    Cuando los vecinos que estaban en sus viviendas se asomaron al patio para ver qué había pasado se percataron que decenas de personas, en su mayoría hombres, entraban al inmueble mientras alguien gritaba. “Salgan. Esto es un desalojo”. 

    Las personas que ingresaban al edificio tocaban las puertas de las viviendas y les decían a los inquilinos que salieran porque iban a sacar los muebles. Traían marros y barretas. 

    Había una persona que se identificó como actuario y fue él quien mostró la supuesta orden. No nos dejó que la leyéramos. No supimos si la orden incluía que podían romper chapas y cerraduras o nada más venía la orden. Hay dos formas: primero se notifica la ejecución de un desalojo y si no se puede, entonces la parte actora pide que se le autorice romper chapas y cerraduras. Nosotros no sabemos si todo eso se cumplió”.

    Agregó que normalmente cuando hay un juicio por terminación de contrato, tiene que presentarse un actuario por cada departamento. “En este caso vino un solo actuario y un tipo que decía ser el dueño, el que supuestamente ganó la sentencia”. 

    Ahora se sabe, incluso lo afirmó la jefa de gobierno, que el desalojo no lo realizó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sino una empresa de seguridad privada y por lo que mencionó Zurita, estuvieron presentes un actuario y un hombre que se ostentó como el propietario. 

    “El desalojo no fue legal y no fue hecho a su totalidad, porque se quedaron cosas adentro. Hubo gente golpeada. Les tiraron del tercer piso sus cosas, por eso toda esta parte de la avenida estaba invadida de muebles. Venía gente armada. Había mujeres que fueron las que se dirigieron a las inquilinas”. 

    Desde el momento del desalojo, los vecinos acusan que se dio una rapiña. “Todavía hay gente adentro. También hay muebles. Están sacando cosas de forma hormiga. Salen con bolsas negras”. Por eso, reiteró, que el campamento continuará resguardando el predio para evitar que vacíen las viviendas.


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