Exfuncionarios del gobierno de Hidalgo, así como líderes de sectores y organizaciones priistas, intervinieron para tomar la sala de plenos del Congreso local y reventar la sesión del 11 de septiembre, cuando el grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentaba un dictamen para integrar la Junta de Gobierno del Poder Legislativo sin que ésta fuera presidida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La actuación de la estructura priista fue captada en videos y fotografías del altercado, por el cual ingresaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad al recinto parlamentario.
Claves para entender el conflicto Morena vs Fayad en el Congreso de Hidalgo
Levi Leines Rodríguez, secretario particular del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Leoncio Pineda Godos, quien, a su vez, fue presidente municipal de Tepeapulco y es parte del grupo político del gobernador Omar Fayad Meneses, actuó al frente de un contingente que tomó la tribuna después de que el diputado plurinominal priista Julio Valera Piedras quitara la cadena que divide la zona de legisladores de las butacas generales e incitara a la acción; “un acto vandálico e ilegal”, juzgó la morenista Susy Ángeles, representante por el distrito de Tula.
En las imágenes y videograbaciones también aparecen Adriana Flores, regidora de Pachuca en la administración de Eleazar García Sánchez (2011-2016) y líder estatal del Movimiento Territorial del PRI, así como Isaac Lozano Trejo, exdirector general de Gobernación en la región de Zimapán y actual secretario de Gestión Social de su partido.
Emmanuel Flores Bermúdez, exdelegado de la Red Jóvenes por México en el distrito de Pachuca II y que fungió como asistente de Alfredo Bejos Nicolás cuando éste fue diputado federal (2015-2018), al igual que Leslie Ortega, dirigente de Red Jóvenes por México, aparecen en las gráficas durante la trifulca en la sesión.
Morena, además, afirmó que también intervino Alejandro Ramírez Furiati, representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la entidad, a quien, en octubre de 2016, el entonces diputado por Ixmiquilpan, Cipriano Charrez Pedraza, acusó de ser el responsable de armar a grupos armados que aparecieron en la comunidad de San Juanico, mientras era subsecretario de Gobierno en el Valle del Mezquital.
El recinto fue tomado en el momento en que la morenista Doralicia Martínez Bautista leía un acuerdo de conformación de la Junta de Gobierno mediante el cual su partido se quedaba con la presidencia del órgano legislativo el primer año, mismo que sería sometido a consideración del pleno.
Las priista Mayka Ortega Eguiluz y María Luisa Pérez Perusquía, reelectas por la vía plurinominal, así como su compañero Valera Piedras, subieron también a tribuna con pancartas que tenían mensajes como “Fuera intervención de (Gerardo) Sosa Castelán”, líder del grupo político de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), del cual emanan nueve de 17 diputados de Morena; en tanto éstos formaban una valla humana alrededor de la tribuna y la mesa directiva para que no le bloquearan el micrófono a su compañera.
Las personas que se mantenían en la Cámara eran instadas a gritar “Respeto” –para que no se votara una propuesta que no diera la presidencia del Congreso al PRI, que, aunque es minoría con cinco asambleístas, dice hacer valer una reforma a la Ley Orgánica aprobada por la anterior legislatura, en la que aún tenía mayoría–. Entre gritos de “Fuera Sosa” y “Sosa porro”, la tribuna fue tomada cuando el asambleísta Julio Valera les abrió el acceso.
Morena reclamó la presidencia de la Junta de Gobierno para el primer año de ejercicio constitucional al tener 17 de 30 diputados, lo que representa 56.6 por ciento de las decisiones del órgano legislativo si se considera el voto ponderado, mientras que el PRI justifica la legitimidad del puesto para ellos porque fue respaldado por los líderes de las fracciones de los Partidos Encuentro Social (PES), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD) mediante votación simple.
No obstante que insisten en el voto ponderado, la fracción de Regeneración Nacional indicó que el acuerdo que leían ahora contaba con las firmas de su coordinador, Humberto Veras Godoy, además del diputado de Nueva Alianza Marcelino Carbajal y de la perredista Arely Miranda.
El conflicto data del 31 de julio, último día de sesiones ordinaria de la anterior Legislatura, cuando los entonces asambleístas –con el PRI aún como primera fuerza–, aprobaron una modificación a la Ley Orgánica para que la presidencia de la Junta de Gobierno fuera itinerante, pese a que los diputados electos protestaron en la Cámara e intervino la policía estatal con uso de gases lacrimógenos y toletes, lo cual dejó un saldo de nueve lesionados, incluida la ahora legisladora por Ixmiquilpan Lucero Ambrosio, quien fue trasladada en ambulancia por paramédico de la Cruz Roja.
Aun con ello, los exrepresentantes –con María Luisa Pérez como presidenta del Congreso– votaron por un cambio de sede: la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, donde también validaron reformas que conceden facultades al gobernador para el refinanciamiento de la deuda pública, además de autorización para negociar una reserva pública en el Altiplano hidalguense.
Según los diputados de Morena, el interés del Revolucionario Institucional por presidir el primer año la Junta de Gobierno se debe a la existencia de supuestos aviadores en la nómina legislativa.
“Ellos (los priistas) no esperaban perder como perdieron (ya que sólo ganaron uno de 18 distritos) y no les dio tiempo de arreglar contablemente cosas; entre ellas, que hay aviadores hijos de algunos diputados –no voy a dar nombres ahorita para no caer en un error– que ganan más que los diputados: ganan 50 mil pesos”, acusó la representante por Actopan, Tatiana Ángeles Moreno.
Asimismo, su partido sostiene que entre los objetivos del PRI al mantener el control del Congreso están proteger a Omar Fayad con la Auditoría Superior del Estado, así como “mantener” privilegios a funcionarios y usar a modo el presupuesto.
La diputada María Luisa Pérez Perusquía, quien busca la reelección como presidenta del Legislativo, negó responsabilidad del PRI en los hechos que derivaron en la toma de la sala de plenos, incluida la tribuna, y –aunque la filiación de los grupos que actuaron es visible en fotografías–, justificó que la Cámara está abierta a la ciudadanía, sin excepción de militancia.
Por tercera ocasión, la sesión instaladora, cuyo inicio data del 4 de septiembre y no ha concluido, fue suspendida por tiempo indefinido.
mvf