Desde el 26 de octubre pasado, cuatro personajes clave del caso Iguala fueron puestos en libertado por el juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas.
Se trata de los siguientes implicados: Agustín García Reyes, alias El Cheje o El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, alias El Jona; Patricio Reyes Landa, alias El Pato; y Salvador Reza Jacobo, alias Lucas o El Wereke.
Con esto, la llamada “verdad histórica”, que el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó el 28 de enero de 2015, se tambalea.
Sin embargo, la juez Martha Georgina Comte Villalobos aclaró que la determinación no significa que los hechos no hayan sucedido como determinó la Procuraduría General de la República (PGR), sino que el Ministerio Público no pudo demostrar “lícitamente” que así sucedió.
De ahí que los cuatro hombres imputados, por delincuencia organizada, secuestro y asesinato de los estudiantes, fueran liberados del penal federal número 4 noroeste, del municipio de Tepic, Nayarit.
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El oficio 23604 / 2018 de la Secretaría de Gobernación señala que decretó el auto de libertado “por falta de elementos para procesar, con reservas de ley”.
El Ministerio Público no pudo comprobar que existía el cártel imputado: Guerreros Unidos. Ni que los imputados fueran narcotraficantes.
Este tribunal determina que ante la inactividad investigadora de la fiscalía, no queda más que concluir que en la causa hay insuficiencia de pruebas para sustentar la sujeción a proceso”, señala el documento.
A pesar de la resolución la juez aclaró que ésta “no debe entenderse en el sentido de que inexiste la organización criminal Guerreros Unidos, ni que los hechos que consignó el fiscal no hubiesen sucedido, sino que las pruebas fueron lícitamente aportadas a la causa, no lo demuestran suficientemente y por ello debe decretarse la soltura de los inculpados”.
A pesar de la liberación de los inculpados, el Ministerio Público podrá promover nuevas pruebas para acreditar la probable responsabilidad y pedir que se les detenga.
La resolución no constituye una decisión de fondo definitiva sobre la participación de los indiciados, sino que el agente del Ministerio Público federal incumplió con su carga probatoria que le obligaba a justificar mediante datos de pruebas suficientes y lícitamente obtenidos la participación de los inculpados”.
(Con información de Milenio)
cmo