TOLUCA, Estado de México (La Silla Rota).- En sesión plenaria, el diputado Javier Salinas Narváez exhortó a la Legislatura mexiquense a avalar la desaparición del fuero para funcionarios locales, después de que la iniciativa fue promovida desde hace casi tres años.
La propuesta se avaló en la Cámara de Diputados y este jueves se discute en el Senado, por lo que el legislador local perredista convocó a la Junta de Coordinación Política y a los grupos parlamentarios mexiquenses, a turnar las propuestas en la materia (pues además han sido promovidas otras más en el mismo sentido), a las comisiones para que sean dictaminadas aprovechando la coincidencia de varios grupos parlamentarios.
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“El esfuerzo se hizo ya en la Cámara federal, el dictamen fue turnado al Senado y seguramente vendrá a las legislaturas locales, pero es importante que en el estado pueda homologarse y aprobarse esta iniciativa tan importante”, consideró.
También demandó al gobernador Alfredo del Mazo y a los presidentes estatales de los partidos políticos pronunciarse ante la opinión pública en torno a tan sustantivo tema, importante y necesario para la vida democrática del país y la entidad.
En 2016, Salinas Narváez promovió anular el fuero constitucional al considerar que esta figura impide que los funcionarios y representantes de primer nivel, sean procesados penalmente por delitos cometidos durante y al amparo del ejercicio de su encargo.
En aquel entonces, destacó que “la inviolabilidad constitucional se ha convertido en un escudo protector para políticos, exgobernadores, exsecretarios de Estado, exministros, que buscan convertirse en legisladores para evitar ser procesados por diversos delitos cometidos durante anteriores encargos, y en el ejercicio del mismo”.
Su propuesta plantea que el artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México disponga que “no habrá fuero ni inmunidad de ninguna clase para ningún servidor público”.
El 131, también de la Carta Magna de la entidad, propone que “el gobernador, los diputados de la Legislatura del estado, los magistrados y los integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo y el Fiscal General, y los integrantes de los órganos superiores de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, son responsables de los delitos que cometan durante su encargo en el ejercicio de sus funciones”.
En tanto, el 132 Constitucional determinaría que “los servidores públicos sujetos a procedimiento penal deberán enfrentar éste en libertad o bajo reclusión, según dispongan los códigos respectivos y, si con motivo de tales procedimientos resultan impedidos para prestar el servicio público para el cual fueron electos o designados, deberán entrar en funciones sus suplentes, si fuera el caso, o bien los mecanismos de suplencia, remoción y sustitución en términos del procedimiento que al efecto determine la ley respectiva”.
El 42, segundo párrafo, establecerá que “los presidentes de la Legislatura y de la Diputación Permanente velarán por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”, ya no también por el fuero de los diputados.
A su vez propone modificar la Fracción III del artículo 1º de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para que éstos sean sujetos a responsabilidades y sanciones de naturaleza administrativa, disciplinarias y resarcitorias.
fmma