Un grupo interparlamentario encargado por el Gobierno de Emmanuel Macron de definir en qué consiste el acoso sexual en espacios públicos y cómo penalizarlo, presentó este miércoles propuestas para que acaben siendo ley. Piden la imposición de una multa inmediata por acoso, de al menos 90 euros, según el informe desvelado en la sede de la Secretaría de Estado para la Igualdad Mujeres-Hombres. Su titular, Marlène Schiappa, está al frente de la iniciativa, que busca penalizar el acoso sexual y fijar una edad mínima de consentimiento, entre otros.
El objetivo es que el contenido de la ley empiece a ser discutido en marzo y esté listo para su aprobación antes del verano.
Combatir el acoso en la calle es importante, porque es el comienzo de un contínuum de violencias sexistas”, afirmó Schiappa, acompañada de los ministros del Interior, Gérard Collomb, y Justicia, Nicole Belloubet, que forman parte del proyecto de ley futuro y de su implementación. “Frenar a la persona que es violenta en el espacio público es una manera de luchar contra todo acto de violencia sexual”, insistió al presentar la veintena de “recomendaciones” de los cinco parlamentarios —cuatro mujeres y un hombre de diferentes formaciones políticas— para penalizar el acoso sexual en la calle.
Uno de los primeros retos del grupo de trabajo interparlamentario ha sido, precisamente, definir los límites de lo que es el acoso sexual.
De la misma manera que hemos sabido definir el acoso moral en el trabajo en la ley, podemos definir el ultraje sexista”, ha declarado Schiappa los últimos días.
Ahora se propone un nuevo concepto legal, el “ultraje sexista y sexual”, como base para la sanción de “toda proposición, comportamiento o presión de carácter sexista o sexual que atente contra la dignidad de la persona por su carácter degradante o humillante”, o que cree una “situación intimidatoria, hostil u ofensiva”. La multa por esta infracción será de 90 euros si es pagada de inmediato y de un monto creciente: 200 euros si el pago se tarda 15 días y hasta un máximo de 750 euros pasados los dos meses.
(Imagen de Expansión)
También proponen el desarrollo gubernamental de una aplicación de teléfono que permita registrar comportamientos de acoso sexual, así como campañas de sensibilización desde las escuelas y, también, a nivel institucional, como en los ayuntamientos.
Aunque las recomendaciones todavía deberán ser debatidas a nivel ministerial y, una vez registradas como propuesta de ley, en la Asamblea Nacional, la responsable de Justicia celebró la iniciativa como “un nuevo nivel de lucha contra el sexismo y hacia la sensibilización de la igualdad” de género que constituye una “evolución muy positiva del derecho”.
La seguridad es la primera de las libertades y, para una mujer, poder viajar tranquila en transporte público y sentirse segura en las calles es la primera de sus libertades”, acotó Collomb.
El ministro del Interior destacó que el año pasado, mientras que la delincuencia se mantuvo estable, “las violencias contra las mujeres, aumentaron de manera exponencial.
Con información de El País
mlmt