ESTADO DE MÉXICO (La Silla Rota).- Las fotomultas en el Estado de México fueron suspendidas en abril de 2016 por diversos problemas e irregularidades, pero 21 meses después siguen representando problemas para automovilistas.
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Los primeros días de enero, cientos de automovilistas que pretendían verificar oportunamente, fueron rechazados por tener infracciones pendientes de fotomultas.
“Sí tengo una multa pero el abogado me dijo que no la pagara porque traemos un juicio colectivo varias personas, eso fue hace tres años ya, y nunca en ese lapso me habían impedido verificar por eso, siempre había sido sin problema aunque tuviera esa supuesta multa y ahora me encontré con eso, el problema fue más que nada que nadie te sabía decir ni resolver nada”, reclamó Octavio Morales, vecino de Tlalnepantla, afectado.
Tras recibir numerosas quejas, el gobierno estatal reconoció que hubo un error en el sistema de cobro de infracciones que el 10 de enero quedó corregido, por lo que la verificación podría hacerse sin impedimentos, aunque las multas siguen vigentes.
Llamado “Límite Seguro” el programa basado en la aplicación de fotomultas, inició el 4 de noviembre de 2015 cuando la entonces Comisión Estatal de Seguridad (CES) a cargo de Eduardo Valiente Hernández, echó a andar el programa con 65 arcos carreteros y 302 cámaras para monitorear la circulación en 310 carriles de las principales vías de la entidad.
Ello a cargo de la empresa Proyectos en Ingeniería, Seguridad y Abastecimiento, S.A de C.V (PISA) que se promueve en internet como especialista en seguridad y control vial, la cual, según el Convenio de Concertación de Acciones firmado el 15 de septiembre del 2014 con el gobierno estatal, obtendría el 50 por ciento de los cobros realizados por la Secretaría de Finanzas estatal por las infracciones.
El convenio no menciona el costo total de la implementación del sistema por parte de la concesionaria.
En los arcos se colocaron cámaras fotográficas que emitían fotomultas a los autos que rebasaran los 90 kilómetros por hora. La infracción de 5 salarios mínimos, es decir 352 pesos, era enviada al domicilio del propietario del vehículo.
Pero aunque se presumió para disminuir los accidentes viales -350 incidentes mensuales en 2015-, para monitorear que no se invadieran los carriles confinados del Mexibus, y la operación del transporte público, el programa fue rechazado por la ciudadanía.
Durante poco más de 4 meses se reportaron abusos e irregularidades del programa. Entre ellas, la repetición de las infracciones consecutivamente por un mismo vehículo, el desfase en la llegada de las infracciones a domicilio, datos desactualizados de propiedad de los autos, entre otras, que provocaron que miles de afectados se ampararan.
Según cifras oficiales, el primer trimestre de 2016 el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo -hoy Tribunal de Justicia Administrativa- recibió más de 24 mil juicios de amparo contra las fotomultas, el 90 por ciento se resolvió en favor de los ciudadanos.
Aunado a ello, el titular del Frente Refundación, red ciudadana que aborda temas de seguridad y justicia, Sergio Saldaña Zorrilla, afirmó en un foro de especialistas que la empresa PISA es propiedad del ex gobernador mexiquense Arturo Montiel, pero no dio pruebas de ello.
Tras la presión social y mediática, en abril de 2016 el ex gobernador Eruviel Ávila, suspendió indefinidamente el programa de fotomultas que en poco más de 4 meses dejó una recaudación de 312 millones de pesos, de acuerdo con datos de la entonces CES.
Fuentes del gobierno estatal consultadas por La Silla Rota aseguraron que el programa sigue suspendido y que no se planea su reactivación en el corto o mediano plazo.
fmma