La designación del primer Fiscal General de la República ha dividido a integrantes de los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, quienes se debaten entre si es necesaria o no la reforma al artículo 102 constitucional -para reponer el proceso de elección del primer fiscal- antes de designarlo al frente del órgano que sustituye a la PGR.
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se reunieron este jueves con integrantes del próximo gabinete del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, así como con futuros legisladores, y aunque sigue vigente la demanda de que se apruebe la reforma del 102 -para que la Fiscalía sea autónoma e independiente del presidente-,llegan a la mesa de discusión con una propuesta paralela, previamente anunciada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex): nombrar un fiscal temporal vía terna, como lo sugiere el próximo jefe del Ejecutivo.
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Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, ha planteado la necesidad de nombrar a un “fiscal de transición”. Esta nueva figura apoyaría que el nuevo fiscal comience a operar en diciembre de 2018 y concluya en septiembre de 2021, mientras culminan la reforma constitucional pendiente.
Posteriormente se elegiría a otro titular de la Fiscalía, quien permanecería en funciones por seis años y garantizaría libertad política por desempeñarse de manera transexenal.
OTROS PLANTEAMIENTOS
Durante el último año, las organizaciones que integran los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, entre ellos el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y México Unido Contra la Delincuencia, han pugnado por una serie de propuestas para garantizar la Independencia política del próximo fiscal general.
De entrada, proponen la reducción del tiempo en el cargo de 9 a 6 años improrrogables. Además buscan que los postulados participen en un concurso público donde uno de los criterios de selección sea la trayectoria de servicio público, especialmente en los ámbitos de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o demás antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
Igualmente, promueven que se tome en consideración el reconocimiento público de los candidatos, su honorabilidad, independencia y compromiso con los valores democráticos.
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El proyecto ciudadano estableció la necesidad de crear una Comisión de Designaciones conformada de manera interdisciplinaria por nueve ciudadanos de reconocido prestigio académico o profesional en procuración de justicia, derechos humanos, combate a la corrupción y políticas públicas en materia de seguridad y justicia, quienes serán designados previamente por el Senado, de manera pública y abierta, y durarán en su encargo cinco años y serán renovados de manera escalonada.
Por otra parte sugerían mantener la facultad del Ejecutivo para elegir una terna de entre la lista de seis candidatos que le remitiría el Senado. Sin embargo, de la terna propuesta por el Ejecutivo, el Senado previa comparecencia pública debería elegir al Fiscal General por una mayoría calificada.
Finalmente establecieron la posibilidad de intervención de la Suprema Corte ante omisiones del Senado para evitar que la falta de acuerdo en la Cámara Alta paralice el proceso de nombramiento del fiscal.
SEGUIRÁ LA DISCUSIÓN
Después de la primera mesa de este jueves, Zoé Robledo, propuesto como próximo subsecretario de Gobernación, advirtió del claro mandato ciudadano sobre la procuración e impartición de justicia, por lo que abrieron espacios para escuchar e intercambiar puntos de vista.
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Por ello, en la construcción del nuevo modelo de Fiscalía General, dijo que el equipo de transición sabe de la importancia de escuchar la opinión de la academia y de organizaciones para considerarlas y encontrar un consenso, así como generar un nuevo momento de unidad nacional que parte del mandato de que la FGR debe atender el problema de la impunidad.
En tanto, la directora de la organización Fundar e integrante de #Fiscalianquesirva, Haydeé Pérez, señaló que en estas mesas se abordarán temas como la profesionalización de la nueva fiscalía, mecanismos de supervisión y control internos, especialización de las fiscalías, mecanismos de designación, remoción de funcionarios y régimen de transición entre la Procuraduría y la nueva Fiscalía.
ams