Veracruz (La Silla Rota).- El 19 de noviembre de 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) entregó en cadena de custodia a la Fiscalía de Veracruz pedazos de fémur, pelvis, maxilar, un cráneo y cientos de restos óseos hallados en el rancho La Gallera, en una zona donde la autoridad estatal realizó una “búsqueda pasiva” a inicios de 2017 y que abandonó por motivos que no han sido aclarados.
El campo de exterminio que el gobierno de Veracruz ocultó
Mediante un acuerdo de colaboración con PGR, que consta en la averiguación previa FEBPD/M23/03/2017, la Fiscalía General del Estado (FGE) se comprometió a someter dichos restos humanos a un proceso de identificación, sin embargo, a la fecha dicho organismo no ha ofrecido al menos informes sobre estas diligencias a las víctimas indirectas, congregadas al norte de la entidad.
La Silla Rota tuvo acceso a documentos que integran la carpeta de investigación UIPJ/PZR/3/254/2017 -con el consentimiento del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera- donde se evidencia que la PGR ha solicitado en tres ocasiones dicha información por escrito a la FGE, sin embargo, no han sido atendidos.
“No ha habido respuesta, ni ningún resultado; todo se ha quedado ahí, en compromisos. Esos restos, que para nosotros son valiosos, ellos lo ven como nada; como no son sus familiares los que están desaparecidos lo ven como otra carga de trabajo”, compartió Maricel Torres Melo, líder de la agrupación de desaparecidos, con sede en Poza Rica.
El 26 de abril de 2017, este medio publicó el reportaje "El campo de exterminio que el gobierno de Veracruz ocultó", en el que se evidenció que en el rancho La Gallera, ubicado en el municipio de Tihuatlán personal de la FGE exhumó seis cuerpos el 30 de enero de 2017 y más tarde, el 1 de marzo, prendas de vestir, un horno con cenizas y 22 fosas con al menos 100 restos óseos carbonizados, gracias al trabajo de las madres activistas.
A un año de la publicación periodística, integrantes del colectivo María Herrera refirieron que el caso La Gallera refleja cómo la presente administración ha sacrificado la búsqueda e identificación de cadáveres, a cambio de una “cacería política”, en la cual suman 22 exservidores públicos vinculados a proceso por desaparición forzada de personas.
“Dado a la falta de operatividad se ha priorizado la cuestión política. Hoy se habla de un reconocimiento de la participación de las autoridades de Veracruz, por otro lado, tenemos una estrategia política para intentar legitimar algo intentando cargarle responsabilidades a un antecesor que era de otro partido. Eso es más fácil que darle la identidad a nuestros desaparecidos”, sostuvo el líder de la agrupación, Juan Carlos Trujillo Herrera.
1.- El abandono de 249 restos óseos y 1 cráneo en La Gallera
El 30 de enero de 2017 integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, presenciaron una diligencia de la Fiscalía de Veracruz en el rancho La Gallera, un predio cuyas coordenadas las víctimas indirectas obtuvieron mediante anonimatos, quienes se refirieron a ese lugar como un campo dedicado al exterminio de personas.
Las autoridades locales encontraron en el patio de una casa de dos niveles -presuntamente propiedad de la delincuencia organizada- seis cadáveres desmembrados, cinco hombres y una mujer, así como prendas de vestir de unas 20 personas y partes de una camioneta desvalijada con placas del Estado de México. Pese a esos indicios, la autoridad decidió terminar la diligencia.
Inconformes por la decisión, los familiares solicitaron una nueva autorización a un juez de control y regresaron al rancho el 01 de marzo de 2017, esta vez reforzados con la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La diligencia civil fue reveladora, pues en un perímetro ya indagado por la autoridad local, descubrieron nuevos restos humanos.
Con base en información disponible en la carpeta de investigación UIPJ/PZR/3/254/2017, los hallazgos de la brigada civil fueron: 1 cráneo con las características de un menor de edad y 249 fragmentos óseos, distribuidos en 22 puntos “positivos”.
El colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera entregó a la Fiscalía para su reguardo: seis camisetas o playeras, 3 shorts, 1 par de tines, 1 sudadera, 1 bóxer, 3 pantalones, 1 gorra, 2 mochilas y 1 cinturón. Asimismo, materiales presuntamente empleados para el sometimiento y tortura como pedazos de tela, cuerda de nylon y 2 cintas de tipo industrial.
Ese trabajo de los familiares fue desacreditado por el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz, quien aseguró en una carta enviada a un noticiero de proyección nacional que no había más restos en La Gallera que los seis cadáveres repartidos en tres fosas clandestinas.
"Dicen (los familiares) que después volvieron a ir y encontraron más restos. Eso es falso, no hay más restos que los que se encontraron en ese momento (el 30 de enero de 2017)", aseguró Winckler Ortiz en diversos medios de comunicación.
Dichas aseveraciones fueron criticadas por Luis Eduardo Coronel Gamboa, Fiscal Especializado en Atención por Denuncias de Personas Desaparecidas, en una reunión sostenida con los familiares de desaparecidos el 09 de mayo de 2017, al señalar que ´el Fiscal Jorge Winckler se había resbalado en una entrevista banquetera al negar los descubrimientos civiles en el rancho La Gallera´.
En respuesta a la postura de Winckler Ortiz, las víctimas indirectas protestaron frente a la Fiscalía Regional de Poza Rica y tapizaron el inmueble con fotografías de los restos encontrados en La Gallera en marzo de 2017 y solicitaron al entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa Cifrián una tercera diligencia, esta vez supervisada por la PGR.
2.- PGR reconoce “búsqueda pasiva” de Fiscalía y encuentra más restos humanos
Ante la presión del colectivo, el 13 de noviembre de 2017 inició una tercera búsqueda en Tihuatlán. El acuerdo fue que los familiares serían testigos de las diligencias, así como representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La PGR se comprometió a implementar la búsqueda en el predio y realizar la recolección de indicios, mientras que la Fiscalía realizaría los análisis genéticos correspondientes. Esta decisión, explicó un mando de la PGR a cargo de dicha diligencia, que solicitó el anonimato, se dio al concluir que la autoridad local realizó en enero de 2017 una primera diligencia con “actitud pasiva”, es decir “deficiente”.
En siete días de trabajo, personal de la PGR encontró en un perímetro apenas equivalente al 30 por ciento de la propiedad pedazos de fémur, pelvis, un maxilar, un cráneo y cientos de restos óseos -algunos carbonizados- en la zona que ya había sido indagada por la Fiscalía.
Los indicios fueron entregados por la PGR en cadena de custodia el 19 de noviembre de 2017 a la Fiscalía de Veracruz, organismo que a su vez ratificó el compromiso de resguardar los restos y someteros a un proceso de identificación.
3.- Pese a tres requerimientos, Fiscalía no informa avances de identificación
Familiares del colectivo María Herrera, comprobaron con documentación oficial que, desde el 19 de noviembre de 2017, PGR solicitó a la Fiscalía en tres ocasiones mediante oficios un informe detallado de los avances en la identificación de restos.
La solicitud más reciente, se giró el 14 de abril de 2018 y fue turnada a Luis Eduardo Coronel Gambo, Fiscal Especializado en Denuncias por Personas Desaparecidas, así como a Yaisa Elena Hernández Reyes, en su calidad de Fiscal de Distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito, con sede en Poza Rica.
El mando encargado de la búsqueda de PGR, refirió en entrevista que “nosotros solicitamos a la Fiscalía de Veracruz que nos informara cuál es la etapa que ellos llevaban en el procesamiento de los restos. Encaminamos a la Fiscalía con estos hallazgos encontrados por nosotros para una identificación más pronta, pero no hemos tenido ninguna respuesta”.
La autoridad federal PGR agregó que, junto con los restos, su equipo entregó un catálogo de prendas localizados entre escombro y basura, y objetos de sometimiento que habrían usado para torturas a las víctimas.
Maricel Torres Melo, del colectivo María Herrera, confirmó dicha entrega del catálogo de prendas, pero su vez lamentó: “Fiscalía no hace nada; mejor nosotros hemos difundido fotografías en Facebook para que las familias que no tienen denuncia revisen lo que se encontró en La Gallera, y sobre todo los restos”.
4.- Presidenta de Comisión de la Verdad defiende a Fiscalía
María Josefina Gamboa Torales, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión de la Verdad por la problemática de Personas Desaparecidasrespaldó el trabajo de la Fiscalía de Veracruz y aseguró que el rezago en la identificación de cadáveres “probablemente se deba a la escasez de recursos”.
“El ex Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras dejó siete sindicatos funcionando. Se le está exigiendo lo que nunca a la actual Fiscalía, aunque trabaja con el 30 por ciento menos de presupuesto. La identificación de restos no es algo que se logre en un día y el costo de lo que implica la identificación es importante”, refirió en entrevista.
Esta probabilidad fue desacreditada por el mando de PGR a cargo de la búsqueda en La Gallera, al asegurar que “Si la Fiscalía me dice cuando yo le solicito los informes que no tienen los materiales o la capacidad para la identificación de restos, y que necesitan de nuestro apoyo de Policía Federal se hubiera hecho”.
Gamboa Torales abonó que “en el tema de las fosas clandestinas, hay que ser bien precisos”, pues a partir del 17 de enero, la Ley de Desaparición Forzada Perpetrada por Terceros, estableció que “la facultad legal y la responsabilidad de búsqueda ya no cae en la Fiscalía de ningún estado, sino directamente en la Comisión Nacional de Búsqueda”.
“Ya no tiene el Fiscal Especializado, el licenciado Luis Eduardo Coronel Gamboa, que reunirse con los colectivos porque ya para eso está de intermediario la Secretaría de Gobierno y la Comisión Nacional de Búsqueda”, apuntaló.
Sobre la escasez de información oficial relacionada con La Gallera, Gamboa aclaró: “no es ocultar ni mentir, es simplemente que la ley impide revelar cualquier información que no esté confirmada ya después de la investigación. Las madres saben que FGE puede coadyuvar porque hay sensibilidad respecto al tema, pero legalmente le corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda”.
A la legisladora se le cuestionó sobre el compromiso de la Fiscalía de Veracruz que signó en oficios sobre la identificación de restos, a lo que se limitó a contestar: “Los cuerpos que ellos los tienen en resguardo tendrían que irlos identificando. Al Fiscal Coronel le pido que les hable con toda claridad a los familiares, exactamente qué se puede hacer legalmente, que la ley se cambió. Sí él les dio una fecha les tiene que responder”.
En contraste con lo referido por Gamboa Torales, el abogado penalista, Celestino Espinoza Rivera advirtió:
“Resulta impreciso decir que la Fiscalía dejará de ser la responsable de procesar los indicios y evidencias relacionados con un delito, ya que la creación de las comisiones de búsqueda no tiene ninguna relación con la investigación de conductas tipificadas ya que ese tema es, por disposición del artículo 21 constitucional, tarea exclusiva del Ministerio Público".
El entrevistado agregó: “Lo que vendrán a hacer las comisiones de búsqueda es apoyar a las probables víctimas indirectas en la localización de sus familiares, cuando aún no se tenga conocimiento de la comisión de un ilícito, sin embargo en cuanto exista cualquier indicio, como en el caso de La Gallera, que la desaparición es relativa a la actualización de cualquier conducta señalada como delito, será el ministerio público quien deba continuar con la búsqueda a través de la carpeta de investigación correspondiente”.
5.- PGR desplegará cuarta búsqueda en La Gallera; “se termina el tiempo para Yunes”: familiares
Los familiares del colectivo María Herrera, confirmaron que del 14 al 20 de mayo de 2018 PGR concluirá la búsqueda en La Gallera, al explicar que aún resta investigar un 70 por ciento del predio, con extensión de 6 hectáreas.
“El georradar, que es una de las metodologías científicas, se reprogramó hasta este momento. PGR trabajará los alrededores a la casa central (donde se registraron la mayoría de los hallazgos) y áreas que no son accesos muy comunes a la casa”.
Para Juan Carlos Trujillo, líder de la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, aunque se ha avanzado “un pasito. Hay mucho trabajo pendiente, que por las cuestiones estructurales e institucionales se han dejado en el viento”.
El defensor de los derechos humanos, recordó que las diligencias en La Gallera comenzaron al inicio del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, pero que a siete meses de que concluya su mandato no hay resultados “objetivos ni finales”.
“El Estado no se esperaba toparse con esa verdad en la cara cuando encontramos más restos en un lugar donde ya había buscado e intentó seguir olvidando la verdad. Hoy vemos muy poca claridad para el proceso de identificación y si en un año y medio no tenemos avances contundentes, este gobierno se va a ir y va a dejar el tema pendiente”, sentenció.