La Fiscalía española ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum independentista por parte del presidente del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont.
Para ello, el Ministerio Público ha ampliado su querella contra la consejera de Gobernación del ejecutivo catalán, Meritxell Borràs, que ya había presentado por la licitación de la compra de urnas, y ha incluido en la misma el anuncio de Puigdemont.
La Fiscalía considera que aunque el anuncio del presidente catalán no ha "venido acompañado de ninguna resolución jurídicamente valorable", es "indudable" que demuestra la tesis del ministerio público de que el objetivo de la licitación de la compra de urnas es celebrar un referéndum ilegal.
El pasado 9 de junio, el Gobierno regional catalán, por boca de Puigdemont, anunció su intención de convocar el 1 de octubre un referéndum sobre la independencia de ese territorio español con la pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?", aunque aún no existe ningún documento oficial que lo explicite.
Ante este nuevo paso en el proceso hacia la independencia que promueve el Gobierno autónomo catalán, el portavoz del Ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó que recurrirán "todos y cada uno de los intentos" que supongan un "desafío" al Estado de Derecho, aunque subrayó que lo harían cuando pasaran "del anuncio a los hechos".
La Fiscalía presentó el pasado 16 de mayo una querella contra Borràs, al entender que el anuncio de licitación para la compra de urnas -publicado oficialmente el 9 de mayo- suponía una "puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista".
Ahora pide que se amplíe esa querella y recuerda que en varias resoluciones, el Tribunal Constitucional "se ha pronunciado de forma tajante y contundente" sobre un eventual referéndum de independencia, "en el sentido de considerarlo radicalmente contrario a la Constitución Española y al ordenamiento que emana de ella".
El Gobierno regional catalán ya intentó llamar a las urnas a los catalanes en noviembre de 2014, pero acabó en una consulta informal sin valor legal después de que el Tribunal Constitucional español anulara la convocatoria.
Además, los promotores de esa consulta -el expresidente regional catalán Artur Mas y dos integrantes de su gabinete- fueron procesados por la Justicia española y condenados a penas de inhabilitación para cargo público.
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