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¿Quiénes están detrás del bloqueo a la reforma contra el “fiscal carnal”?

PRI, PAN y PRD reparten culpas por el freno a la reforma que elimina el pase automático de la PGR, a la nueva Fiscalía que la sustituye

Escrito en NACIÓN el

Han pasado más de 5 meses desde la aprobación en el Congreso de la Unión de la reforma al artículo Décimo Sexto transitorio constitucional, para eliminar el pase automático de la Procuraduría General de la República (PGR) a la nueva Fiscalía que la sustituye; sin embargo, las legislaturas locales de 22 estados no han dado su aval para que las modificaciones surtan efecto en todos el país, lo que cancela la oportunidad de contar con un fiscal autónomo.

Amparados en el vacío jurídico y la falta de un plazo estipulado para procesar reformas constitucionales, congresos estatales, algunos con mayoría priista y otros con mayoría opositora, ponen en riesgo la reforma contra el “fiscal carnal” dejando abierta la posibilidad para que el presidente de la República designe a un procurador general, quien se convertiría al instante en el primer fiscal del país durante los siguientes 9 años.

Mientras esto sucede, senadores del PRI, PAN y PRD reparten culpas ante la falta de compromiso y voluntad política por parte de sus copartidarios en lo local, quienes mantienen en vilo una reforma que daría paso a una Fiscalía independiente. Pero, ¿quiénes son los responsables de este "impasse"?

SE BLOQUEÓ LA REFORMA EN ESTADOS DONDE EL FRENTE ES MAYORÍA

De acuerdo con una revisión de LA SILLA ROTA sobre la integración de los Congresos locales, en 12 de las 22 entidades que no han procesado la reforma contra “el fiscal carnal”, los partidos opositores tienen mayoría. En algunos casos sólo bastan los votos de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, integrantes del “Frente por México”, para iniciar el trámite legislativo en las entidades.

Uno de los estados que está en este supuesto es Baja California Sur, donde hay condiciones no sólo para el trámite sino para la aprobación misma de la reforma constitucional. En este caso los partidos de oposición suman 23 votos (21 del PAN, uno del PT y uno de Morena), contra sólo tres del PRI.

Un caso similar, donde la diferencia entre bloques opositores es amplia, es en la Ciudad de México. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) está compuesta por 20 integrantes de Morena, 17 del PRD, 10 del PAN, tres de Movimiento Ciudadano, uno del PT y uno del PES; mientras que sólo ocho son del PRI, tres del Partido Verde y uno de Nueva Alianza. Los números alcanzarían para que la oposición avale las modificaciones constitucionales.

En Aguascalientes, el Congreso local cuenta con 16 legisladores de oposición: 13 del PAN, uno del PRD, uno de Morena y uno más del PES. En contraste el bloque integrado por PRI, PVEM y Panal acumula sólo 11 votos. Esta diferencia sería suficiente para llevar al Pleno la discusión de las reformas enviadas por el Congreso de la Unión.

También destacan como Congresos mayoritariamente opositores los de Puebla, Querétaro y Guanajuato. Otras entidades donde los opositores también podrían presionar para la aprobación de esta reforma son: Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala.

PRI MANTIENE SUSPENDIDA REFORMA EN 8 ESTADOS

Mientras tanto, el PRI y sus aliados tienen mayoría en los Congresos de otras ocho entidades que, al igual que las ya mencionadas, ponen en riesgo la reposición del proceso para la designación del nuevo fiscal general.

En Sinaloa, por ejemplo, al Revolucionario Institucional le alcanzarían los votos para aprobar las modificaciones constitucionales, ya que cuenta por sí sólo con 21 votos más tres del PVEM y Panal. La oposición apenas tiene 10 integrantes.

Otra entidad donde hay amplia mayoría es Guerrero, en donde la bancada tricolor está integrada por 21 diputados y tiene el respaldo de cinco ecologistas. Los integrantes del Frente tienen 18 votos, y de sumarse Morena-PT apenas alcanzan los 20.

Situación similar se registra en Hidalgo, donde PRI, Panal y locales tienen 14 integrantes, a diferencia de los opositores que son sólo cuatro. En los Congresos de Durango, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas el bloque encabezado por el PRI también tiene los números para iniciar el trámite de la reforma que elimina el pase automático de la PGR a la Fiscalía que la sustituye.

PARTIDOS REPARTEN CULPAS

En entrevista con LA SILLA ROTA, los senadores Ernesto Ruffo (PAN) y Luis Sánchez (PRD) afirmaron que la dilación de las legislaturas locales en dar trámite a esta reforma se debe a una estrategia gestionada desde la Presidencia de la República para tener impunidad garantizada.

Luis Sánchez, coordinador del PRD en el Senado, asegura que es una estrategia del PRI y de Los Pinos bloquear en los congresos estatales esta reforma, con el fin de que la Fiscalía recaiga en la misma persona que el Ejecutivo Federal nombre al frente de la PGR.

“A mi me parece que es una estrategia diseñada desde Los Pinos porque lo que sucedería es que se mantendría vivo el pase automático de procurador a fiscal General de la República, esta es una posibilidad que se tiene y que me parece que están aprovechando”, señaló.

Por su parte, el panista Enresto Ruffo consideró que la reforma es contraria “a los intereses de Los Pinos”, desde donde se estaría bloqueando. “No quieren que haya un fiscal general autónomo, quieren seguir manipulando las cosas desde el poder absoluto. Hay un pacto de impunidad. Lo que quieren es designar a un procurador para que sea un fiscal general el que siga obedeciendo órdenes desde Los Pinos”.

Al respecto, el senador Enrique Burgos (PRI), integrante de la Comisión de Justicia, sostuvo que “ya no estamos en los tiempos en los que el PRI tenía mayoría en todo” refiriéndose así a que la demora en procesar este tema se da en Congresos, donde opositores tienen posibilidades de procesarlo.

Sobre los dichos del PAN y el PRD, el legislador aseguró que “son decisiones que corresponden limpiamente a los Congresos locales y en uso del derecho que les corresponde. Los Congresos son plurales y si tienen una mayoría u otra, no advierte condiciones de presión alguna, son decisiones autónomas, libres y en uso de las facultades de cada Congreso estatal”.

EL LLAMADO DE LA SOCIEDAD CIVIL

En este contexto, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana y uno de los promotores de los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, advirtió en entrevista con LA SILLA ROTA que el retraso en la aprobación de la citada reforma constitucional deja abierta la puerta a una posible “designación pactada” y, por lo tanto, contraria a la independencia que exige la nueva Fiscalía General de la República.

“Aunque el retraso puede deberse a la actividad política del proceso electoral, el hecho de que la vía para el llamado pase automático siga abierta, genera incertidumbre y preocupación entre las organizaciones civiles, particularmente los colectivos de víctimas y de derechos humanos. La ruta para el pase automático sigue abierta, la posición del procurador General vacante, y la especulación sobre una designación pactada con quien resulte ganador de la elección, resulta preocupante”, expresó.

Eduardo Bohórquez sostuvo que "el que los 22 Congresos locales faltantes avancen en este tema, o cuando menos los necesarios para hacer válida la reforma constitucional, posibilitará que el presidente Peña Nieto cumpla su palabra empeñada en este tema".

AJ