La experta en leyes anticorrupción e investigadora de la consultora Integralia, Ximena Mata, afirmó que el financiamiento ilegal en las campañas electorales existe y se da prácticamente en todos los niveles.
Dicho dinero se destina a las campañas más competitivas, como cuando la diferencia es de 5 o menos puntos y ahí los partidos tienen el incentivo de buscar los recursos de donde sea.
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De acuerdo con Mata, quien participó en el curso “México 2018, riesgos y oportunidades”, impartido por la consultora y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), los partidos además de recibir financiamiento público obtienen dinero ilegal de fuentes tanto públicas como privadas.
Lo usan para pagar clientelismo electoral, traducido en la promoción y compra del voto. Para evitar que sea rastreado y fiscalizado, las transacciones para obtenerlo y gastarlo se realizan en efectivo.
En ninguna campaña la fórmula es la misma, no se puede asegurar que en todos lados depende de quién gobierna, pero generalmente el partido en el gobierno gasta más recursos a través de desvíos para el candidato de su partido, y el candidato de la oposición recibe más de la iniciativa privada o de otros gobiernos estatales”, explicó.
Mata agregó que además los partidos destinan para campañas no sólo el dinero público que reciben, sino también del que les llega para gastos ordinarios, con lo que el costo real de una campaña está muy por encima de lo que se reporta al Instituto Nacional Electoral (INE).
Erika Estrada Ruiz, directora de Normatividad y Resoluciones del INE, explicó que este año los partidos tendrán un financiamiento público federal para campañas presidenciales de 6 mil 703 millones de pesos, más el financiamiento que recibirán por parte de los institutos electorales locales, con lo que la cifra puede alcanzar hasta los 17 mil millones de pesos de dinero público legal.
ASÍ SON LOS FINANCIAMIENTOS ILEGALES
Ximena Mata adelantó que Integralia -consultora encabezada por el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde- prepara un reporte sobre el tema del financiamiento ilegal en campañas.
Admitió que no hay pruebas de cómo se obtiene, ni como se usa, pero está basado en testimonios y ejemplos de casos.
Explicó que una de las modalidades de financiamiento ilegal es el que se obtiene a través de los recursos públicos. Un ejemplo son impuestos que se pagan en ventanillas de gobierno, pero que ya no llegan al banco para ser reportados, por lo tanto no caen a las arcas gubernamentales y son desviados a campañas.
También los recursos ilegales se obtienen a través de facturas apócrifas, o sobrecosto en adquisiciones de bienes o servicios, como la del socavón del Paso Exprés.
Una modalidad más es la subcontratación forzosa o contratación de empresas fantasma, como la que ha sido revelada con la llamada Estafa Maestra.
Otra forma es la de aplicar descuentos de nómina, como los que se hacían en la administración municipal de Texcoco, que presuntamente fue a dar a la campaña de la excandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez.
A dichas modalidades se agrega la que pasa por medios de comunicación. Cada gobernador tiene pautas contratadas con medios locales, les paga cierta cantidad para que reporte actividades suyas y pide que además cubra las de su candidato, pero sin que las reporte como parte del convenio.
A ello se suman los permisos otorgados a obras de construcción y para comerciantes ambulantes, algo frecuente en la Ciudad de México.
Una más es la creación de programas sociales, muchos de los cuales carecen de reglas de operación y a veces sólo los reciben los militantes del partido que gobierna.
Respecto al financiamiento ilegal privado, éste se lleva a cabo con evasión fiscal o el uso de recursos enviados por sindicatos, ya que son organizaciones que casi nadie vigila.
Los recursos también pueden llegar en maletines con dinero en efectivo, o a través de donaciones en especie para que los candidatos o su equipo se muevan en aviones y autos.
CLIENTELISMO
El financiamiento ilegal en su mayoría va al pago de mantenimiento de estructuras clientelares para comprar credenciales de elector, y el trabajo de los que promueven, compran, movilizan o inhiben el voto, señaló la experta.
Otros rubros incluidos son la contratación ilegal de espacios en radio y televisión, espacios en redes sociales, la organización de costosos eventos de apertura y cierre de campaña, así como los honorarios de quienes llevan la estrategia electoral (consultores y estrategas políticos).
En opinión de Mata, mientras haya más prohibiciones en la ley, más caminos se encuentran para evadir la fiscalización.
Por ejemplo, los coordinadores seccionales perciben unos 10 mil pesos y son miles los que los partidos emplean, a ello se suma la entrega de despensas y regalos para obtener la fidelidad de los electores, concluyó.
LA CAMPAÑA MÁS FISCALIZADA
La directora de Normatividad y Resoluciones del INE, Erika Estrada, de manera separada comentó que esta será la campaña más fiscalizada, con cinco veces más candidatos que en el 2012, debido a que el INE abarcará la fiscalización de candidatos federales y locales.
Otro elemento nuevo es que ésta será la campaña donde una gran parte de los gastos se destinarán a las redes sociales, y el 85 por ciento de las denuncias que el INE ha recibido por gastos indebidos tienen que ver con eso.
jamp