Hidalgo (La Silla Rota).- Desde la tipificación del feminicidio como delito agravado, después de los asesinatos de siete mujeres en la primera sección de El Llano, en Tula, entre noviembre de 2012 y enero de 2013, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ha iniciado 95 procesos penales por muertes violentas de mujer, los dos últimos en enero de este año, por cuerpos con signos de tortura hallados en Pachuca y Mixquiahuala.
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Cuando fueron hallados los siete cuerpos, con señales de violencia y abuso sexual, cinco asociaciones civiles solicitaron la declaratoria de Alerta de Género para las regiones de Tula y Atitalaquia –rechazada por el gobierno federal– al percibir un incremento de violencia feminicida. Sin embargo, ese número de casos, que, al no haber tipificación, fueron clasificados como homicidios dolosos, se triplicó en 2017, que culminó con 22.
La misma incidencia, la más alta, se registró en 2016, con 22, mientras que en 2014 y 2015 la fiscalía documentó 19 en cada uno. En 2013, después de que el 26 de marzo el Congreso de Hidalgo incorporara el feminicidio al Código Penal tras el reclamo de organizaciones defensoras de derechos humanos, ocurrieron once.
Hasta noviembre, la fiscalía estatal confirmó 25 sentencias, en los 92 casos; el resto de crímenes, estaban impunes.
No obstante que la PGJEH cuantifica 92, Servicios de Inclusión Integral, una de las asociaciones que promovió la alerta de género tras las muertas de Tula, contabiliza 135 casos en los que, por las características del cuerpo cuando fue hallado, podría tratarse de un feminicidio, de los cuales, 36 ocurrieron el año anterior.
Los cuerpos de estas mujeres han sido localizados en parajes, en aguas negras y en hoteles, por ejemplo, El Jardín, ubicado en Huichapan, donde, en una habitación, apareció uno con huellas de violencia el 18 de noviembre. Cuando el personal del hotel localizó el cadáver, una niña de cuatro años se encontraba ahí.
El último, que flotaba en una canaleta de agua en la comunidad de Taxhuadá, en Mixquiahuala data del 25 de enero.
Aunque el día 31 de ese mes agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Tizayuca también encontraron en la tercera sección del fraccionamiento Rancho Don Antonio, en la privada Montura, a dos mujeres en la parte delantera de una camioneta, presuntamente madre e hija, con heridas por arma de fuego, la carpeta de investigación fue iniciada por homicidio doloso.
Estos asesinatos en Tizayuca –escenario de dos ejecuciones múltiples en 2017–, así como el narcomenudeo, se debe al intento de un cártel que opera en Ecatepec, Estado de México, de ingresar a Hidalgo, afirmó el comisionado estatal de Seguridad, Uriel de Jesús Moreno Castro.
Muertas de Tula, sin justicia
El 7 de agosto del año anterior, el juez primero penal de Tula, otorgó el segundo acto de libertad, en acato a un amparo, a quienes fueron sentenciados por los siete homicidios ocurridos entre noviembre de 2012 y enero de 2013.
El 28 de agosto de 2015, ambos habían obtenido libertad por el homicidio y asalto equiparado de una mujer cuyo cuerpo fue hallado con señas de tortura el 25 de enero de 2013 a 45 metros del Puente Roto, en la localidad de San Pedro Alpuyeca.
En los dos casos la resolución se debió a inconsistencias en la integración de pruebas por parte del ministerio público.
Los sujetos, Omar Gregorio N.R. y Constantino D.T. siguen presos por las cinco muertes restantes, pero la prueba que los incrimina es la misma que ha sido desechada en dos casos previos: una declaración confesional obtenida mediante arraigo, un proceso declarado inconstitucional.
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