Hidalgo (La Silla Rota).-Después de una reunión en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), la familia de Daniel Alejandro Rosales Sánchez, exactuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que murió en un percance automovilístico el 1 de octubre, recriminó que el fiscal Javier Ramiro Lara Salinas evitó comprometerse a evadir el tráfico de influencias que, acusan, utiliza el funcionario a quien responsabilizan de este deceso, porque, argumentó, “no estaba en sus posibilidades”.
“La apreciación del procurador fue la errónea, pues si se buscó el acercamiento con el gobierno del estado no fue para que nos asesorara, de eso ya se está encargando el equipo de abogados. La intención claramente es hacerles ver las irregularidades cometidas hasta ahora, el tráfico de influencias por parte de Luis Ángel Pérez Chávez, quien hasta la fecha se ostenta como secretario de Acuerdos de la Junta de Conciliación, con goce de sueldo y sin poner un solo pie en dicha dependencia.
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“Peor aún, cuando dicha ausencia se debe a su intención de no dar la cara y responder conforme a la ley" por los delitos que se le imputan, expuso la madre del exfuncionario acaecido, Liboria Elisa Sánchez Lara, en un texto dirigido a La Silla Rota, que dio a conocer el 23 de octubre el caso de Daniel Alejandro, miembro de una generación de estudiantes que apadrinó, en 2004, el actual gobernador Omar Fayad Meneses.
Los hechos
La familia asegura que el secretario de Acuerdos manejaba el vehículo siniestrado; sin embargo, “había puesto todo para que mi hijo fuera culpable, pero con las cámaras del Arco Norte y unas fotos de unos federales corroboramos que el jefe manejaba”. Por ello, especificó, lo responsabilizan de homicidio imprudencial.
Liboria Elisa, además, denunció que al cuerpo de su hijo, y al de una acompañante, Gloria Reyes García, que también murió (otra más resultó lesionada de gravedad) “los echaron a Zumpango como desconocidos”, pese a que, aseguró, contaban con identificaciones. De esta manera, explicó, los cadáveres fueron depositados en la fosa común.
Por lo que resulte de esas muertes, añadió, en ese municipio del Estado de México se inició la carpeta de investigación CUA/ZUM/00/MPI/064/02141/17/10, que derivó en la 2452/17-G, cuando el caso pasó a mesa de trámite. Mientras los occisos fueron dejados en el sitio del accidente, acotó, Pérez Chávez fue traslado a una clínica particular en Pachuca.
En la reunión del 26 de octubre con Lara Salinas, relató, solicitaron al titular de procuración de justicia evitar influyentismo y, con ello, "dejar correr el proceso de forma clara e imparcial"; además, que el gobierno del estado fuera el vínculo por el cual se hiciera el llamado a sus funcionarios a conducirse con legalidad y hacer frente a la responsabilidad por los delitos que, insiste, cometieron.
“Por supuesto a ninguna de las peticiones se comprometió a llevarlas a cabo, argumentando que no estaba en posibilidades, es por ello que la ayuda se solicitó de manera directa al gobernador, a quien resultaría imposible pasarle la bolita a alguien más”, expuso.
La intervención del mandatario, además de ser el responsable del Poder Ejecutivo, la demandan debido a que en 2004, como secretario de Agricultura de Hidalgo, apadrinó la generación del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) de Huejutla, de la cual egresó el fallecido exactuario.
“Contamos con los medios de prueba suficientes para demostrar que Luis Ángel Pérez Chávez, y solamente él, es el responsable de la muerte de dos personas, y una más lastimada con secuelas graves de por vida, los cuales serán mostrados durante el debido proceso, en el que determinadamente actuaremos hasta demostrar legalmente la culpa de esta persona, ya sea con el respaldo del gobierno o sin él”, remarcaron los deudos de Daniel Alejandro.