Juan Manuel Menes Llaguno, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) que fue beneficiado con una notaría en el último año de mandato del exgobernador José Francisco Olvera Ruiz –por lo cual está inmerso en juicios de amparo por posible conflicto de interés–, recibe 28 mil 631 pesos mensuales de la Secretaría de Cultura de la entidad, como remuneración por ‘aportaciones culturales’.
El informe de ingresos fue proporcionado por la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, como respuesta a la solicitud con número de folio 00419118 que dirigió La Silla Rota para conocer la percepción económica, estímulo, subsidio o cualquier tipo de apoyo, monetario o en especie, otorgado al exmagistrado por su categoría como creador y cronista del estado.
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El gobierno especificó que dentro de la Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural, Menes Llaguno tiene un sueldo de 4 mil 46 pesos, pero una compensación de 24 mil 585 pesos. No obstante, no precisó desde cuándo es beneficiario de este monto, quién lo autorizó y las actividades específicas que debe realizar el también exsecretario de Contraloría.
Aunque la Ley Notarial de Hidalgo –publicada el 18 de mayo de 1992 durante el gobierno de Adolfo Lugo Verduzco– establece en su artículo 35 que el notariado es incompatible con los cargos de elección popular, los de servidor público o de magistrados del TSJEH, así como de procurador o agente del Ministerio Público, Olvera Ruiz otorgó quince días antes de que concluyera su mandato, el 17 de agosto, la titularidad de la notaría 7 de Tizayuca a Juan Manuel Menes, que era presidente del Tribunal.
Además, para que este exfuncionario, también exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fuera magistrado, el entonces mandatario y actual presidente interino del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México envió una iniciativa de reforma al Congreso para modificar la ley, dado que era inelegible por tener más de 65 años.
A él, que fue su profesor en la carrera de derecho, época en la que Francisco Olvera era parte de la extinta Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), núcleo político del cual surgió el Grupo Universidad, que desde ese momento controlaba el expriista Gerardo Sosa Castelán, también le entregó la medalla Fray Bernardino de Sahagún por su trabajo como historiador y cronista, en febrero de 2015.
El 8 de noviembre de 2016, Juan Manuel Menes presentó su renuncia al cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia, que ostentaba desde abril de 2014, a propuesta, también, del ahora dirigente del PRI en la capital del país.
Sin embargo, antes de irse autorizó una pensión por jubilación de 38 mil 821 pesos mensuales en el Poder Judicial para Valentín Echavarría Almanza, secretario del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de José Francisco Olvera y también exmagistrado, quien, al igual que él, fue favorecido con una patente de notario público, la número 9, en Tizayuca.
Los juicios contra notarías
El 5 de junio, el juez tercero de distrito del Poder Judicial de la Federación declaró ilegal la convocatoria con la cual la administración anterior entregó 16 patentes de notarios públicos a funcionarios de su administración y personajes ligados a su instituto político, como Menes Llaguno.
El argumento fue la irregularidad del proceso de nombramiento a través del Periódico Oficial del estado, ya que no fue debidamente publicitada la convocatoria para que los interesados realizaran su examen de oposición.
Dicha convocatoria, añadió, fue publicada el 4 de julio de 2016 a través de un alcance en dicho organismo de difusión gubernamental, además de que “las autoridades responsables tampoco demostraron haber cumplido con la obligación legal expresa de que la publicación se hubiera realizado en forma impresa y también en forma electrónica en la página de Internet”. La promovente del amparo –cuyo fallo buscan revocar exfuncionarios beneficiados– es la abogada Lyzbeth Robles.
Pendiente de resolución está el recurso promovido por el litigante Julio Gálvez Bautista, quien argumenta la probable ilegalidad del procedimiento debido a que seis documentos fueron presuntamente alterados entre las 10:16:09 am y las 10:22:49 pm del 5 de septiembre de ese año, día en que el exmandatario cedió la gubernatura a Omar Fayad Meneses, así como la convocatoria con la que inició el proceso, creada, con base en un peritaje particular que presentó la parte acusadora, el 16 de agosto, a las 5:42:54 pm.
Sin embargo, expuso, esa convocatoria corresponde a la publicación 28, alcance 4, tomo CXLIX, del 4 de julio de 2016. Es decir, la fecha de elaboración es 43 días después de cuando, supuestamente, fue publicada.
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