Xalapa, Ver.- El nombramiento del Fiscal General Luis Ángel Bravo Contreras, el 24 de febrero del 2014, fue respaldado por 48 de los 50 integrantes de la LXIII Legislatura. Ocho ellos, son, en la actualidad, candidatos a un puesto de representación popular. Ninguno -en su periodo en la Cámara- le pidió rendir cuentas.
En la lista de quienes dieron un “voto de confianza” a quien hoy está recluido en el penal de Pacho Viejo por el delito de desaparición forzada están tres funcionarios de la administración pública estatal y un funcionario de la Cámara local. Así como el alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, que en su momento formó parte del grupo mayoritario, que le aprobaba todo al exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
Dictan prisión preventiva contra ex fiscal de Veracruz
El polémico funcionario público, Bravo Contreras, que fue detenido en la ciudad de México este 17 de junio, fue propuesto por el entonces gobernador Javier Duarte, respaldado por la fracción mayoritaria, así como por los diputados de oposición de la Cámara.
Entre los entonces legisladores que apoyaron el nombramiento, y que hoy buscan un nuevo puesto de representación popular, está el expriista, hoy candidato al Senado de Morena, Ricardo Ahued Bardahuil, así como el panista, candidato de la coalición México al Frente, Julen Rementería del Puerto.
La priista, entonces Presidenta de la Mesa Directiva y hoy candidata plurinominal federal, Anilú Ingram Vallines, y su compañero de bancada Raúl Zarrabal que busca el voto del distrito federal XV, lo apoyaron.
De los diputados del Verde, grupo parlamentario leal al tricolor, que secundaron el nombramiento está en la lista Eduardo Sánchez Macías, que hoy es candidato de Movimiento Ciudadano a la diputación federal por Martínez de la Torre, así como José de Jesús Vázquez González, que compite por Acayucan federal, y Mónica Robles, que fue postulada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a una curul local, por la vía plurinominal.
Cuatro panistas que respaldaron el nombramiento y que están hoy en la función pública son: el titular de la Sedarpa, Joaquín Guzmán Avilés, la del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ana Ledezma López y el encargado de Sedecop, Alejandro Zairick Morante.
Otro panista que apoyó a Duarte de Ochoa es el hoy Secretario de Servicios Administrativos y Financieros del Congreso local Carlos Fuentes Urrutia. Además del alcalde independiente, Octavio Pérez Garay, quien llegó a la diputación local apoyado por el PRI.
En ese entonces era diputado local Renato Tronco Gómez, pero el día de la sesión se ausentó de la reunión de trabajo, con lo que evitó votar. El único que rechazó el nombramiento fue el diputado del Partido del Trabajo, Fidel Robles Guadarrama.
La historia
Tras la renuncia de Amadeo Flores Espinoza, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, nombró a Luis Ángel Bravo Contreras como encargado de despacho el 19 de febrero del 2014. Días después remitió al Congreso local la propuesta para ratificarlo en el cargo de Procurador de Justicia del Estado de Veracruz.
La petición llegó durante el receso del primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer año de Ejercicio Constitucional, por lo que se citó a un periodo extraordinario para validar la llegada del polémico funcionario público, quien hoy se dice víctima de persecución de la Fiscalía y quien acusó que se le fabricó un expediente.
En ese momento, el único que se opuso al nombramiento fue el diputado Fidel Robles Guadarrama, desde la máxima tribuna recordó que Veracruz padecía una crisis de inseguridad y en impartición de justicia.
El 27 de junio del 2016 se modificó la Constitución local, por la que se dio autonomía y de PGJE se transformó a Fiscalía General de Estado, organismo independiente al poder Ejecutivo. Se determinó que el periodo del nombramiento se daría por 9 años.
Una vez modificada la ley, Luis Ángel Bravo fue ratificado por mayoría para mantenerse en la titularidad de la ahora Fiscalía General del Estado, pero ante la transición de gobierno, su nombramiento se limitó a dos años 9 meses.
Luis Ángel Bravo, fue señalado de ocultar y alterar el hallazgo restos localizados en la Barranca la Aurora, en las inmediaciones de Emiliano Zapata, en el año 2016, por instrucciones del gobernador Javier Duarte, a quien le preocupaba que la información llegara a los medios de comunicación.
La historia negra y el reclamo social
En el 2011, Bravo Contreras fue señalado por los delitos de “cohecho” y lesiones”, en agravio del entonces Agente del Ministerio Público de la Agencia Investigadora de Fortín, Rodolfo Díaz Ramírez. Hasta su nombramiento estaban abiertas en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, las averiguaciones previas FESP/ 145/2011/I y 148E/2011, por agresiones e intento de soborno, ante la disputa de un terreno en Córdoba.
En 2015 varias personas promovieron la renuncia del entonces fiscal, a través del portal “Change.org”, donde iniciaron una campaña para solicitar firmas y exigir que abandonara el cargo.
“Dada la actual situación que se vive en el estado de Veracruz, y el trabajo deficiente del Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras, exigimos su renuncia, debido que una persona sin experiencia, ni calidad moral, con denuncias penales en su contra, negligente, corrupto, ignorante, quien ha metido a trabajar a la Fiscalía General a personas como José Antonio Ibáñez Cornejo, quien salió de la PGR por sus nexos con el cártel de los Arellano Félix, no puede ser el Primer Abogado, situación inconcebible que el gobierno no debe permitir, como tampoco las personas que se duelen de sus desaparecidos, a quienes no les toma importancia pues no cumple los protocolos de medicina legal, pues es muy caro para él hacer un examen de ADN a todos los cuerpos que se encuentran en las incontables fosas comunes que a diario se destapan”, se estableció en el portal.
También se le criticó por entregar cuerpos sin identificar, valiéndose de la desesperación de las familias que buscaban a un hijo, esposo o a algún hermano desaparecido.
Ofreció comparecer ante diputados
En septiembre del 2016, el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, envió una carta a la diputación permanente del Congreso local para “solicitar” una comparecencia y explicar a la Comisión de Procuración de Justicia el caso de las fosas del fraccionamiento Colinas de Santa Fe.
“Comparecer con el único afán de informar del trabajo puntual (sic) que realiza la Fiscalía General del Estado, junto con los familiares de las víctimas que han mostrado valentía y tenacidad sin parangón. Le solicito de la manera más atenta programe fecha y hora, para que el que suscribe comparezca ante la comisión que corresponda para conocer la realidad de estos temas”, ofreció Luis Ángel Bravo.
Para esa fecha, la Fiscalía General había localizado un total de 18 fosas clandestinas, el área más importante que se identificada era colinas de Santa Fe en Veracruz. Sin embargo, la mayoría del Congreso local no validó la presentación.
mvf