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Estancias y refugios en la 4T

No se debe desconocer el importante papel que han jugado las organizaciones sociales para democratizar al país. | Agustín Castilla

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Escrito en OPINIÓN el

Al anunciar que las transferencias para apoyos sociales se realizarán de manera directa y por tanto se cancela la entrega de recursos a través de organizaciones sociales, el presidente justificó su decisión afirmando que con ese sistema de intermediación se financiaban con presupuesto público costosos aparatos administrativos, sólo llegaba una parte de los recursos a los beneficiarios o en ocasiones de plano no recibían nada, había poca transparencia, se politizaba la entrega de apoyos y también se presentaba la práctica de los moches. Además de ello, etiquetó a toda la sociedad civil organizada como conservadora, que en la lógica del presidente lleva implícita una absoluta descalificación.

Posiblemente tenga algo de razón pues sin duda existen organizaciones que han hecho de su supuesto activismo social un modus vivendi lucrando con la situación de vulnerabilidad y necesidad de la gente. Tampoco se puede negar que no pocos políticos de distintas filiaciones partidistas -entre los que probablemente se encuentren miembros del partido en el gobierno y de sus aliados- han creado asociaciones civiles para bajar recursos y con ello financiar sus aspiraciones a otro cargo e incluso enriquecerse aprovechando los programas destinados a atender la situación de sectores vulnerables.

Pero no se debe generalizar y mucho menos desconocer el importante papel que han jugado cientos o miles de organizaciones para democratizar al país, combatir la corrupción, impulsar la transparencia y rendición de cuentas, promover la defensa de los derechos humanos así como para atender a población excluida -y muchas veces olvidada por el gobierno-. Tal parece que a López Obrador le incomodan las voces críticas de quienes difieren de alguna de sus posturas y, en vez de documentar cada uno de los casos en que se han incurrido en estas prácticas, imponer sanciones, revisar el esquema para mejorar los controles y abrir espacios para el diálogo, ha optado por medir a todas con la misma vara y aplicar medidas extremas a raja tabla con las consecuentes afectaciones a segmentos importantes como las madres trabajadoras y sus hijos, o aquellas que son víctimas de la violencia.

La decisión de eliminar a los intermediarios -como les llama el presidente- y entregar los apoyos de manera directa, dista mucho de ser una solución viable pues nada garantiza que con ello se evite el posible desvío o el uso clientelar de los apoyos sociales -se van a destinar alrededor de 200 mil millones de pesos en siete programas prioritarios sin contar con reglas de operación-, aunado a que en muchos de los casos se requiere brindar atención especializada, y no basta con darle a la gente una lana para que ellos resuelvan sus necesidades como puedan.

Un claro ejemplo de ello es el exitoso modelo de estancias infantiles -ha obtenido reconocimientos internacionales- que cuentan con personal certificado, un programa nutricional e instalaciones adecuadas para el cuidado de 350 mil niñas y niños cuyas mamás -papás solos o ambos- tienen que salir a trabajar y no pueden acceder a las guarderías del ISSSTE o del IMSS. Primero la disminución en un 50% del presupuesto asignado y luego la eliminación del programa para sustituirlo por un esquema de transferencia directa sin ningún tipo de control que garantice que los recursos tengan el destino previsto, representa un duro golpe para cientos de miles de familias -incluyendo también a las responsables de estancias y maestras- y atenta contra el interés superior de la niñez al limitar su desarrollo integral.

Otro tema de gran preocupación, es el anuncio que hizo el gobierno federal hace unos días respecto a que también se cancelaría el apoyo destinado al sostenimiento de refugios para mujeres violentadas, y que de igual manera se les entregaría el dinero directamente a las beneficiarias, con lo que además de exponerlas a que los abusos continúen ante la imposibilidad de salir del espacio de violencia -y que el agresor les quite ese recurso-, se les privaría de la atención médica, psicológica, jurídica que actualmente reciben. Todo indica que el gobierno de López Obrador desconoce que lo que está en juego es la vida de miles de mujeres, mientras que paradójicamente no escatiman la misma cantidad de recursos para abrir una oficina que promueva el beisbol por el mero hecho de ser el deporte preferido del presidente. Cuando menos en este caso parece que ya empezaron a flexibilizar su posición, pero debemos seguir pugnando por que se corrija la delicada situación en que han colocado a estancias y refugios en esta 4T.

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@agus_castilla  | @OpinionLSR | @lasillarota