Muna Dora Buchahin, quien es la responsable de la investigación del desvío de 7 mil millones de pesos de la Sedesol tenía pendiente destapar más irregularidades contra Rosario Robles y su equipo, de acuerdo con una columna de Jenaro Villamil publicada ayer, 5 de junio, en la plataforma de Proceso.
Villamil también asegura que en la política “no hay coincidencias”. El hecho de que cerca a que la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) apareciera en Tragaluz, sección de Milenio TV, y que se ventiló el despedido a Buchahin no es gratuito.
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Buchahin, perteneciente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hizo público que el titular de la ASF, David Colmenares Páramos, le pidió, en una carta, que renunciara.
En una carta escrita por Muna Dora se puede leer que “están en curso ocho auditorías forenses y existen cinco propuestas más para investigar el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de 2017. Dos de ellas se refieren a denuncias documentadas y vinculadas nuevamente con Sedatu y sus convenios con instituciones públicas de educación superior en 2016, con desvíos graves de 275.2 millones de pesos descubiertos durante la ejecución de nuestras auditorías en diciembre de 2017”.
Rosario Robles y su equipo utilizaron la Cruzada Nacional contra el hambre y otros programas sociales para triangular millonarios fondos públicos. “Aún no se sabe si se trató de robo o desvío para campañas políticas o ambas cosas”, cuestiona Jenaro.
Rosario Robles ha declarado repetidamente que su nombre no aparece en transferencias e iregularidades. “Como si necesitara aparecer la firma de la principal responsable de ambas dependencias para acreditar su responsabilidad política y administrativa por omisión o complicidad”, se puede leer en el portal de Proceso.
Ni reportajes en Proceso ni en los portales que publicaron #LaEstafaMaestra aparece la firma de Emilio Zebadúa, Oficial Mayor de Rosario Robles, y según señala la columna quien es “el principal responsable de estas irregularidades”.
Buchahin está alertando sobre un intento de “carpetazo”, asegura la columna. Y la clave está en la carta de Muna Dora donde se puede leer que “llama la atención el dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la ASF en sentido negativo, sin haberse acercado a esta dirección general (…) a pesar de los graves antecedentes que son de conocimiento público”.
“Los montos alcanzan los 7,700 millones de pesos e involucran a funcionarios de Sedesol, Sedatu, las universidades y terceros presuntos proveedores implicados en la articulación de estas redes de empresas fachada. Por su trascendencia e importancia, las denuncias se hicieron del conocimiento superior y fueron enviadas a la UAJ desde el 14 de marzo pasado para su inmediato trámite y atención, a fin de evitar dilaciones”.
La carta tampoco menciona al responsable de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, Víctor Manuel Andrade Martínez, quien es hermano de Virgilio Andrade, extitular de la Secretaría de la Función Pública, quien exoneró al presidente Peña Nieto del presunto conflicto de interés por la Casa Blanca.
En la columna se asegura que debido a esto Andrade fue “premiado”, por Luis Videgaray, con la dirigencia del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), la cual se ha utilizado para repartir tarjetas a damnificados por los sismos en Chiapas.
“Si la exauditora general Muna Dora Buchahin está en lo correcto, estamos ante una operación política del más alto nivel para encubrir no sólo a Rosario Robles y sus principales funcionarios, sino a toda la red que conoció y apoyó esta estrategia de al ‘estafa maestra’”.
(Con información de Proceso)
cmo