CHILPANCINGO (La Silla Rota).- “No quiero la paz para mí, quiero para los hijos de uno”, dice uno de los habitantes de las comunidades que rodean San Rafael, punto ubicado en la parte serrana de Zirándaro, poco después de llegar a Guayameo el 23 pasado, otro pueblo de la región Tierra Cliente donde se refugiaron parte de las familias del último éxodo de la zona por la violencia.
Su comentario lo hilvana junto a una exigencia al gobernador Héctor Astudillo Flores de que visite las comunidades serranas de Zirándaro, para que vea las casas baleadas y otras huellas de la violencia. Quizá su reclamo tenga algo que ver con que el gobierno de Guerrero negó la violencia y desplazamiento de familias en el municipio que, en principio, denunció el alcalde de ese municipio, Gregorio Portillo Mendoza y que aún se resiente.
La primera vez que el edil lo denunció fue el 18 de diciembre pasado y para hacer visible el problema utilizó las frases “ingobernabilidad” y “crisis humanitaria”, pues, así definía la condición en ese momento de su municipio. Expuso que familias eran desplazadas de sus comunidades desde una semana antes. Hasta ese día había contado unas 120 en condición de éxodo.
El 23 de noviembre, un grupo de 300, de mil 400 desplazados que calcula la alcaldía, llegó a Guayameo, el pueblo que además de la cabecera municipal más familias refugia de este éxodo, muchos de sus integrantes repitieron que toda esta nueva ola de violencia en Zirándaro comenzó el domingo 10 de este mes.
Para una mujer de San Rafael, la comunidad definida por los mismos desplazados como la de mayor conflicto, y una de las de mayor producción de maíz en la región, dice que ella se salió porque supo que un chamaco llegó al pueblo a eso de las ocho de la noche con el recado de que se salieran. “Nomás dieron la orden de que daban una hora para salir”, mencionó.
Ella es una mujer sola, sin familiares, pero esa noche de la advertencia agarró el rumbo que familias de El Limoncito, otra comunidad cercana que también se desplazó. Con ellos llegó a Guayameo.
Además de San Rafael y El Limoncito, con esta expulsión por la violencia quedaron también casi vacíos los pueblos Las Juntas, La Piedra, Las Guacamayas, Los Alacranes, El Pino, La Calera, y sobre todo aquellos que están en el límite entre Zirándaro y Coyuca de Catalán, como El Ídolo y El Cundancito, según los datos de la alcaldía.
Los cálculos del alcalde es que 50 por cierto del municipio, que traduce en más de 100 de 410 comunidades, son las que tienen problemas de inseguridad. Las autoridades locales denunciaron que en 40 de ellas ni siquiera puede entrar el Ejército ni la Marina.
Y la violencia también la adjudicó a un conflicto de territorio que existe en Coyuca de Catalán, un municipio vecino de Tierra Caliente. “Se trasladó de Coyuca de Catalán a Zirándaro”, comentó. Nunca explicó cuáles son los fondos de la supuesta pelea de territorio, pero sí de las estrategias de terror que emplean.
Por ejemplo, varios enfrentamientos y balaceras que han dejado heridos y muertos, de los que no hay precisión de cifras, sólo la confirmación de un hombre de San Rafael.
Después de que el edil hizo visible el conflicto, las autoridades asignaron vigilancia a Zirándaro, pero él poca solución vio en esas operaciones policías.
“La verdad es que los operativos no resuelven nada, porque, como lo comenta la misma población afectada, estos grupos tienen a sus informantes que les permiten movilizarse, cuando hay un cierto operativo. Por eso nuestra insistencia de establecer tres puntos de control permanente, no tanto operativos, en los puntos de la Tierra Caliente y así disuadan la presencia de esos grupos”, mencionó.
La presencia policiaca institucional al parecer fue en respuesta a la advertencia que hicieron los habitantes de armarse, incluso el alcalde, si no asignaban seguridad.
Desde que inició el nuevo éxodo de familias en Zirándaro ya transcurrieron 30 días, y los habitantes de la región insisten en más desplazamientos. Todavía el miércoles, por un enfrentamiento armado ocurrido en El Cerano, reportaron –la prensa local lo documentó– más familias en busca de refugio en la cabecera municipal.