TUXTLA GUTIÉRREZ.- Hace dos años, cuando Yonny Ronay salió de clases y esperaba el transporte que lo llevara a su natal Cintalapa, vio a un grupo de vecinos que viajaba en un automóvil, les pidió “raite”. El vehículo fue detenido en un retén, donde los policías le fincaron delitos al joven estudiante, quien el pasado 6 de septiembre fue sentenciado a 31 años y seis meses de cárcel por homicidio calificado.
La pesadilla de Yonny comenzó el 13 de marzo de 2019, en un retén policiaco instalado en una de las entradas de esta ciudad tuxtleca donde fue detenido y durante casi tres días, elementos de la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) lo torturaron para fabricarle el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
“Le pusieron una bolsa en la cabeza con una sustancia picante, le ardía la cara; luego lo colocaron sobre una plancha, mientras le pegaban”, confiesa Liliana, su hermana, en entrevista con La Silla Rota.
Yonny Ronay Chacón González (hoy de 22 años de edad), quedó libre luego de más de 48 horas de ser torturado, porque no le comprobaron el ilícito y la Fiscalía General de la República (FGR) descubrió las inconsistencias. Pero, otra instancia, la Fiscalía de Distrito Frailesca le fabricó un delito diferente: homicidio calificado cometido en Villaflores, municipio de esa región en esta entidad.
El joven estaba encerrado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 8, cuando la fiscalía lo vinculó como uno de los autores materiales del asesinato.
OTRA ZANCADILLA
La pesadilla para el cintalapaneco que deseaba estudiar la carrera de Ingeniería Mecánica continuó: la FAI utilizó una de sus identificaciones y falsificó su firma para testificar que dos personas, una de ellas originaria de El Salvador, habían cometido robo con violencia en abril del año pasado en Tuxtla Gutiérrez. En ese momento, los tres eran prácticamente “chivos expiatorios”.
Al poco tiempo, abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas retomaron el caso y, durante varios meses, recabaron información necesaria para comprobar que el muchacho vivía una injusticia: desde la falsificación de documentos, evidentes violaciones al debido proceso, hasta la fabricación de delitos.
Al respecto, Liliana lamenta que su hermano recibiera una sentencia de esa magnitud, “estamos tristes, porque esperábamos que quedara libre”.
No obstante, revela que, durante la etapa del juicio intermedio, les impidieron presentar más pruebas que lo exonerarían de toda responsabilidad, como un video en donde se observa cómo Yonny acude a un negocio a pagar una mensualidad en el mismo día y hora en que se presume ocurrió el asesinato. En cambio, solo fueron aceptadas las “evidencias a modo” que presentó la Fiscalía General del Estado.
Pero ella y su familia agotarán todos los recursos que sean necesarios para hallar justicia, como la más inmediata: una apelación a la sentencia, proceso que se llevaría hasta seis meses. Si eso no rinde los frutos anhelados, buscarían el amparo.
Aunque Yonny tendría que cumplir la sentencia, no desistirá de lo que tanto soñó: cursar una licenciatura y, en un futuro, ayudar a su familia. “El error de mi hermanito fue haber pedido ‘aventón’, se confió porque conocía de vista a las personas, son de una organización de Cintalapa, gente popular”, rememora.
De hecho, Liliana cree que otra situación que los dejó mal parados fue que no pudieron reunir 100 mil pesos que les exigían las autoridades a cambio de dejar libre a su hermano, como al parecer sí ocurrió con los otros tripulantes del vehículo en el que se subió.
Para ella, las autoridades chiapanecas han simulado aplicar la justicia a cabalidad, y para ello, advierte, no les ha importado pisotear los derechos de inocentes como Yonny; “solo buscan que haya culpables de los delitos, por eso inventan; quizá hay mucha gente inocente en la cárcel, pero creo que hay más delincuentes afuera, a quienes no detienen, gozan de la impunidad”, externa.
esc