VIOLACIÓN A MENOR

“Y llorando me dijo que le dolía, que no lo tocara más”

Un menor de seis años fue agredido sexualmente por un profesor de la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte del Club Pachuca
“Y llorando me dijo que le dolía, que no lo tocara más”“Y llorando me dijo que le dolía, que no lo tocara más” (Web)

“Sentimientos de inseguridad, miedo y temor focalizados al ambiente escolar, sensación de estar en riesgo; necesidad de seguridad…”

El diagnóstico anterior es parte de los resultados del examen psicológico que practicó a un menor de 6 años, posible víctima de violación sexual, la especialista Adriana Ávila Rodríguez en el Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo, el 17 de noviembre de 2016, un día después de que se iniciara en el distrito judicial de Actopan la carpeta de investigación 1-2016-1246 por la probable responsabilidad de un entrenador de la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte (Unifut) en este delito.

El dictamen se basa en el test de Joseph Sacks, una de las siete pruebas aplicadas.

La perito concluyó, tras todos los exámenes, que en el momento de ser valorado, el infante de iniciales S.O.M. “se encuentra afectado emocionalmente con relación a los hechos denunciados. Se percibe con amenaza a su seguridad e integridad corporal, situación que le provoca miedo y temor, además de tener sensación de estar en riesgo en el ambiente escolar (…)”

S.O.M., según la psicóloga, “no logra activar adecuadamente su sistema defensivo, por lo que hace uso del mecanismo de represión emocional como una forma de evitar situaciones de riesgo”.

Por la edad que tiene, acota, “no tiene habilidades de lenguaje necesarias para verbalizar su experiencia de manera abierta, puesto que su comprensión e información acerca del tema de sexualidad son limitados, por lo que su conflicto lo asume como algo indebido, que no fue correcto, que le hace sentirse en peligro, afectando su área conductual, emocional y social”. 

La prueba de psicología forense es una de tres que obran en el expediente de la causa penal 33/2016, junto con la de medicina y química forense, las cuales, según los peritos que las realizaron, no acreditan la violación, pese al testimonio del menor, que también es parte de las 61 fojas a las que tuvo acceso La Silla Rota.

Al imputado, L.A.S.B., entrenador de divisiones inferiores en la institución educativa que pertenece a Jesús Martínez Patiño, dueño de los clubes de primera división Pachuca y León, un juez le retiró la medida cautelar de prisión para que siga su proceso en libertad; el ministerio público no apeló esa resolución.

¿Quién te hizo esto?

El 15 de noviembre, “como a las 6:55”, la madre del menor, Karina Oropeza Mendoza, se encontraba en su clínica ubicaba en Santa María Ajoloapan, en Huypoxtla, Estado de México, cuando el chofer Remedios Politrón Montes llegó con sus hijos F.AO. y S.O.M. de la Universidad del Futbol.

“Pasó a mi clínica y me avisó que S.O.M. estaba dormido en el coche, pero que lo revisara porque salió evacuado de la escuela y me explicó que fue los últimos niños en salir, que lo llevaba una niña y que iba caminando abierto de pies, y que cuando le preguntó S.O.M. le dijo que le había ganado la de la popó”, según el testimonio que rindió al presentar su denuncia.

El chofer, aseguró, lo subió al coche “porque estaba en short y hacía frío”.

Cuando le iban a dar de comer, los empleados de la casa le dijeron que se sentara y él no quiso, “porque estaba hecho popó”; sin embargo, le insistieron y se sentó, “pero de lado”.

Al terminar de comer, narró Remedios, cuyo testimonio también es parte del expediente, el niño se quedó dormido hasta que llegó a la clínica.

“Cuando (el chofer) me avisa lo voy a ver al coche, el cual olía fétido y de inmediato lo cargué y despertó, y de inmediato me abrazó. Le pedí que se sujetara de la silla porque lo iba a limpiar, y al bajarle el short y el calzón estaba evacuado, con papel de baño hecho bolas y toallitas húmedas, y todo lleno de sangre en la región anal, en las nalguitas y la ropa.

“Lo quise revisar más, pero empezó a llorar y me dijo que le dolía, que ya no lo toque más”.

—Hijo, ¿quién te hizo esto? —, preguntó al ver restos hemáticos en su cuerpo.

—Un profesor —, respondió.

—¿Quién es?

—El de la gorra.

—¿Cómo se llama?

—Luis.

Contra Luis, el juez de control del distrito judicial de Actopan impuso prisión preventiva el 29 de noviembre; sin embargo, tras un amparo, el titular de la sexta sala unitaria del sistema penal acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) revocó esa medida cautelar al considerar que no se encontraba en riesgo la comunidad infantil que asiste a la Universidad del Futbol, debido a que el entrenador presentó “su renuncia”, lo cual, a juicio del encargado de impartición de justicia, cambiaba las “circunstancias”.

La carta de renuncia, sin embargo, no se incluye en el expediente, en el cual sí se encuentran las constancias de estudio que acreditan que el menor cursa el ciclo agosto 2016-julio 2017, firmada por la coordinadora de Servicios Escolares, María de Lourdes Galicia Paredes (folio 717/16).

El ministerio público, además, no apeló la resolución por la cual se decretaba seguir el proceso en libertad y, por lo tanto, el plazo venció.

“Podíamos apelar, pero era que seguramente se confirmara la resolución en segunda instancia”, expuso el subprocurador de Procedimientos Penales región Oriente, Ricardo César González Baños.

El argumento del defensor de L.A.S.B., Sergio Jaen Castillo, con el cual apeló la vinculación a proceso fue que el sangrado que el niño presentó el día de los hechos podría “tener como origen una patología fisiológica, no necesariamente que hubiera sido por un tocamiento del ahora imputado”.

Pese a ello, la principal queja de la madre de la víctima, sin embargo, no es la revocación de prisión preventiva, sino la “reclasificación” del delito de violación, que tiene una penalidad de 7 a 18 años de prisión, por el de abuso, que se sanciona de 5 a 9 años, por dos exámenes forenses “débiles” que, refiere, se contradicen con el peritaje psicológico y el testimonio del menor.

La defensa de L.A.S.B., por ejemplo, usó estas pruebas para argumentar que el menor se encontraba “tranquilo, consciente y cooperador” al momento de ser revisado medicamente, según la descripción del especialista, actitudes que, consideró, no tiene una persona que haya sido víctima de “abuso sexual”.

La prueba psicológica, sin embargo, acredita daños emocionales tras el incidente, réplica que hizo el abogado José Luis Navarro Ramírez a la juez de control en el distrito de Actopan, Sissi Anette Rodríguez Fernández.

La defensa de L.A.S.B. igualmente presentó como elemento a su favor un informe en materia de psicología forense emitido por José Miguel Escamilla Rosas, quien, mediante revisión y análisis documental, aplicación de pruebas (proyectivas y psicométricas), una entrevista individual y consulta de bibliografía, concluye que en el imputado “existe depresión reactiva consecutivo (sic) al evento legal.

“Y que en base (sic) a sus rasgos de personalidad no cubre criterios clínicos para determinar un perfil de personalidad corresponde a sujeto con desviación sexual”.

Él, expone el particular, no “tiene una sensación de indefensión y de vulnerabilidad en sus relaciones con los adultos, lo que le llevaría a la relación sexual desviada”.

La prueba fue valorada y es parte del expediente.

“Me gusta el futbol y voy en primero de primaria”

El expediente de la causa penal 33/2016 incluye una entrevista, y su ampliación, con el menor, quien narra, en un lenguaje infantil, la forma en la que fue atacado sexualmente, misma que no reproduce La Silla Rota en apego a los derechos de la víctima. Habla, también, de su afición al futbol y sus relaciones personales en la primaria de la Unifut.

No obstante, él afirma que antes del incidente había sido víctima de tocamientos, y relata que cuatro infantes más fueron, también, probablemente abusados.

Al calce de los oficios que sustenta estos testimonios están las firmas de la madre, una abogada y una psicóloga de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: Ana Perla Hernández Valdez y Sandra Luz Moreno Vargas, respectivamente.

En los mismos se instruye que el infante reciba ayuda psicológica, lo cual, de acuerdo con la madre del agraviado, no ocurrió.

La representante del ministerio público que signó las actas es Brisia Chávez Samperio, misma que solicitó el 16 de noviembre a la directora general de Servicios Periciales de la PGJEH, Susana Peláez Lara, un perito en materia forense para que realizara un examen médico proctológico, de integridad física, para clasificar las lesiones, además de practicar un exudado anal “con el fin de localizar rastros de fosfatasa ácida y células espermáticas”.

Con el número de control interno DISEPE/QUI/3/XI/3932/2016, el laboratorio de química forense recibió la ropa interior del menor para la identificación del semen, mismo que, según el subprocurador, no se halló.

Cópula, no acreditada: subprocuardor

En una violación, según el artículo 179 del código penal, debe haber violencia física o moral y realizarse una cópula con persona de cualquier sexo. El abuso sexual, en tanto, ocurre cuando sin consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula un individuo ejecute actos sexuales u obligue a observarlos, según González Baños. 

El primer tipo, aseguró, no fue acreditado tras el peritaje.

“Tampoco un equivalente a la cópula, como que hubiera sido algún otro objeto u alguna otra cosa, de acuerdo a los dictámenes, como el examen proctológico”.

Sin embargo, en tres testimonios que emite el menor, que son parte del expediente, los cuales no reproduce La Silla Rota por el principio de protección a la niñez, S.O.M. refiere que tuvo la sensación de que tener algo “atorado” que, dice en una ocasión, entró y salió.

“Hubiera habido desgarro de esfínter, el esfínter de un niño es muy pequeño e introducirle incluso un dedo le produce desgarre”, replicó el funcionario.

En el oficio DISEPE/MED/1/IV/618-619/2016, el perito médico Rodolfo Ibarra Isidro refiere que la región perianal presenta un edema y enrojecimiento generalizado.

En anexos, expone que al momento de realizar la exploración el menor dice que tiene mucho dolor, por lo que “sólo es posible recabar dos muestras con hisopo de región anal”.

Esas lesiones, según el subprocurador, son rozaduras “porque estuvo más de ocho horas” evacuado.

Asimismo, en el oficio DISEPE MED: 2/XI/5250/2016, del 16 de noviembre de 2016, el perito médico Mario Alberto Sánchez Ortiz aseguró que S.O.M. no presenta lesiones en esfínter anal y su estado es “clínicamente íntegro”.

“Al analizar todos los dictámenes se llega a la conclusión de que no pudo haber penetración ni de miembro viril ni de algún otro aparato que llegue a producir daño al menor, porque sí esto hubiera sido entonces sería una violación”, añadió.

El abogado Julio Gálvez Bautista, quien tomó la defensa legal de la parte agraviada después de la configuración del delito como abuso sexual, refirió a La Silla Rota que están inconformes con los dictámenes de los peritos oficiales, y que ofrecerán dictámenes privados que sean congruentes con la entrevista del menor.

“En este caso la declaración es contundente y las fotografías también. En unos días estaremos pidiendo a la escuela de futbol que exhiba los videos de los pasillos de los baños, porque de acuerdo con a lo declarado por el niño, no es el único que pasa por estos hechos lamentables”, señaló.

En su único pronunciamiento público, el 3 de diciembre de 2016, después de la detención de su entrenador, el Club de futbol Pachuca aseguró que “colaborará” con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para resolver el crimen, pero no dieron de baja al posible responsable, sino que éste renunció.

“El prestigio de la institución”

Juan Carlos Villeda Arteaga, agente de la Policía Investigadora Grupo Actopan, señala en el oficio PGJH/DGPI/PI/GA/1258/2016 que el 17 de noviembre, aproximadamente a las 17:40 horas, acudió con la oficial Ana Laura Ángeles Reyes a la Universidad del Futbol e informaron sobre una indagatoria por un hecho posiblemente constitutivo de delito; no obstante, los guardias de la caseta de seguridad (que no proporcionaron nombres) condicionaron el acceso si daban a conocer quién era el probable responsable, y el crimen que se le imputada.

Por el “prestigio” de la institución, argumentaron, no podrían ingresar, según Villeda Arteaga, motivo por el cual se retiraron. Ese mismo día, en Pachuca, el menor tuvo otra entrevista, en la que hace referencia nuevamente a la posible violación, la cual fue videograbada ante la agente del ministerio público Sandra Gabriela López Rodríguez.

De enero, desde que L.A.S.B. sigue su proceso en libertad, a abril, cuando la madre del infante pidió la intervención del gobernador Omar Fayad Meneses y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), la Procuraduría General de Justicia (PGJE) inició 131 carpetas de investigación por abuso sexual, pero argumentó que no cuenta con el nivel de desagregación para determinar cuántas tienen como víctimas a menores de edad.

La Secretaría de Educación Pública estatal, por su parte, documentó 31 casos de probable violación, abuso u otros delitos sexuales en planteles escolares entre enero de 2012 a julio de 2015: 12 en primaria, 11 en secundaria, cuatro en prescolar, dos en educación media superior y dos más en el nivel superior.  

De los 40 empleados del sistema educativo que habían sido inculpados, en perjuicio de 50 víctimas, sólo cuatro fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP) para que fueran sancionados, reveló en respuesta a la solicitud de información 00122215 . 

Por la reclasificación del delito, la madre del menor, médico cirujano, pidió que no existan concesiones al club Pachuca, del que posee 30 por ciento de acciones Carlos Slim Helú, y recibió donación de tierras por parte de los gobiernos de Manuel Ángel Núñez Soto y Miguel Ángel Osorio Chong para construir tanto la Universidad donde ocurrió el ilícito como el Salón de la Fama avalado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

“Eso nada tendría que ver aquí. Nosotros no estamos sancionando a la escuela, sino a un trabajador, como si se trabaja de cualquier otra institución. No hemos tenido presiones, ni alguna llamada, en lo más mínimo. Ni siquiera sabemos, de manera personal, quién es el imputado”, señaló el subprocurador.

“¿Qué pasaría si nosotros hubiéramos ejercitado la acción penal por la violación, y el juez hubiera detectado que esos elementos no se encuentran? La razón lógica: le decretan la libertad por una mala clasificación”, opinó.

Debido a la clasificación del delito, L.A.B.S. tiene el beneficio de seguir el proceso en libertad; sin embargo, según el funcionario de la procuraduría, está “localizado”. No ven, además, riesgo de que se dé a la fuga.




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