En las últimas semanas, familias de San José El Bascal, en Salto de Agua, y las comunidades de San Pedro Hidalgo y San Pedro La Grandeza, en San Andrés Duraznal, han sido desplazadas de sus casas de forma forzada por grupos delicivos, que generan violencia en la región.
El 25 de junio de 2019, a las 13:00 horas, grupos civiles armados provenientes de la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, hicieron un ataque con armas de alto poder, lo que propició el desplazamiento forzado a la comunidad San Pedro Hidalgo.
Posteriormente, este mismo grupo también desplazó forzadamente a otras familias a la comunidad San Pedro La Grandeza, ambas pertenecientes al pueblo maya tsotsil, del ejido Jotolch’en, en el municipio de San Andrés Duraznal.
Al día siguiente, el 26 de junio de 2019, los agresores quemaron sus casas, saquearon sus pertenencias y ocuparon las tierras de las comunidades San Pedro Hidalgo y San Pedro La Grandeza. Por el riesgo a su vida, integridad y seguridad la población no ha podido retornar.
Sobre estos tres desplazamientos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas advierte que 132 personas (28 familias) continúan en grave situación de vulneración a sus derechos humanos y 64 son infantes: 26 niñas y 38 niños.
Otra expulsión forzada
El 18 de julio, seis familias de la organización Ikoltyañtyel Lak Lumal (La Esperanza de Nuestros Pueblos), que se organizan en el Congreso Nacional Indígena (CNI), fueron desplazadas forzadamente de la comunidad perteneciente al pueblo maya c’hol San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, informó el organismo de derechos humanos.
Aproximadamente a las 16:00 horas del mismo día, un grupo de personas provenientes del ejido Tioquipan El Bascán, ingresaron violentamente al territorio de la comunidad San José El Bascán, provocando el desplazamiento forzado de 36 personas: 7 mujeres, 7 hombres, 22 niñas y niños.
Omisión gubernamental
Ante estos desplazamientos recientes, el director del Centro de Derechos Humanos K´untik, Diego Cadenas Gordillo, comentó que el Estado Mexicano no ha encontrado una solución de fondo para prevenir los desplazamientos forzados internos.
“Es indispensable crear políticas públicas (…) El Estado se ha dedicado a administrar y dar ayudar humanitaria, sin buscar soluciones de fondo que prevengan el desplazamiento interno”, comentó.
Comentó que el gobierno no ha tomado en serio sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ya que no se ha comprometido en prevenir el desplazamiento interno.
Además, mencionó que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) tendría que poner especial atención de este fenómeno, ya que los desplazamientos, en su mayoría, se han dado por contextos preelectorales o postelectorales.
El director recordó que es indispensable hacer justicia y sancionar a los agresores de los desplazados, lo que llevaría a un mensaje de que quien cometa este delito será sancionado.
Hay que empezar a mandar esos mensajes, quienes provoque esos desplazamientos, es indispensable el desarme de los grupos paramilitares, para que se den condiciones de retorno
Comentó que, en el caso de las familias desplazadas del Ejido Puebla, Chenalhó, en días recientes representantes del Instituto de Observación del Desplazamiento Interno del Consejo Noruego acudió al campamento para documentar la situación en la que han persistido desde el 26 de mayo del 2016.
Sobre la situación, indicó que la presencia de los observadores internacionales será para realizar recomendaciones hacia las políticas públicas del Estado Mexicano, ya que representantes de la Secretaría de Gobernación los acompañaron.
Asimismo, agregó que han buscado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que les otorgue medidas provisionales que les garantice la protección de la vida e integridad física de las familias desplazadas.