CHIHUAHUA.- De los seis integrantes de la Guardia Nacional detenidos por asesinato de Jessica Silva, productora agrícola que participó en las protestas de la presa La Boquilla en Chihuahua en septiembre pasado, sólo un elemento fue vinculado a proceso, informó la Fiscalía General del Estado.
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El elemento vinculado a proceso por el homicidio de Silva Zamarripa es el sargento Bernabé L., quien habría sido el único que disparó contra la mujer. Mientras que los cinco miembros restantes de la Guardia Nacional enfrentan cargos por delitos contra la administración de justicia.
El pasado 27 de octubre la Guardia Nacional, informó la detención del Teniente de Infantería José Luis F., el Sargento Segundo Bernabé L., Rubén L. Cabo, Omar A. Cabo Conductor, Nayeli S. Soldado y Jaqueline R. Soldado, quienes en días pasados, fueron trasladados a Mazatlán donde se inició su proceso penal.
Sobre el único vinculado a proceso, José Silva, padre de Jéssica Silva, comentó a Por la mañana, que a su parecer el sargento Bernabé L. fue sobornado para que “se echara la culpa” y que el resto de sus compañeros quedaran libres.
“Ese hombre ya agarró un buen billete, para que se echara él solo la culpa. Son 6 (culpables) supuestamente, y ayer salió la noticia que solo uno es culpable, ya se echó la culpa uno solo. Ya lo sobornaron y ya liberaron a los otros 5, para que él se echara la culpa”, dijo el señor Silva con Ciro Gómez Leyva.
El pasado lunes se llevó a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso por estos hechos, el Juez federal determinó que el Sargento Segundo, sería el responsable de haber accionado el arma de fuego en contra de los ciudadanos, mientras que el resto serían acompañantes de la unidad en la que viajaban.
Los seis elementos de la Guardia Nacional seguirán en prisión preventiva en lo que dura el proceso penal, por lo cual se mantienen en la ciudad de Mazatlán, donde decidió que deberán permanecer detenidos hasta que se fije una sentencia a cada uno de ellos por los delitos que les acusa los ministerios públicos federales.
El Juez Federal, al terminar la audiencia de vinculación a proceso de los detenidos, determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaría, a fin de que el procedimiento penal pueda seguir su curso, en base a los argumentos y pruebas que presentó la Fiscalía General de la República.
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