CHILPANCINGO (La Silla Rota). A los cinco años de que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, el Poder Legislativo abrió la tribuna a los padres de los estudiantes, quienes pidieron al gobierno federal una investigación sólida que les permita dar con el paradero de sus hijos.
Los padres también le adjudicaron un grado de responsabilidad a los diputados para llegar a la verdad, al solicitar la creación de una Comisión Especial para el caso Iguala que tuviera la facultad de llamar a comparecer a quienes, desde su punto de vista, sostenido ya en la investigación recién replanteada por el actual gobierno federal, tienen cierta responsabilidad en la desaparición de sus hijos.
La comisión legislativa fue creada esta misma tarde, en una segunda sesión a propuesta de la fracción de Morena, y quedó presidida por el único diputado de Movimiento Ciudadano, Arturo López Sugía.
En la primera sesión de hoy, los padres no le dejaron pasar a los diputados cinco años de indiferencia con su movimiento. “No es justo que han pasado cinco años y ustedes no han hecho nada”, reclamó en su turno Cristina Bautista, madre de Benjamín Ausencio Bautista, uno de los 43. Esta es la primera vez que el Congreso de Guerrero aprueba que los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa hicieran uso de la tribuna.
La única información pública que existe de los padres en la tribuna de un recinto legislativo es de hace unos días en el Congreso de la Unión, y del año pasado en el Congreso de la Ciudad de México.
La actual legislatura local que aprobó el uso de la tribuna por los padres es de mayoría morenista, casi todos legisladores de primera vez, pero en las otras fracciones hay diputados que repiten como el perredista Bernardo Ortega Jiménez , quien lideró la XL Legislatuta, y los priístas Omar Jalil Flores Majul, Alicia Flores Villalba y Verónica Muñoz Parra.
Todos ellos eran diputados en 2014, antes de la desaparición de los 43, cuando al Congreso del Estado se planteó y se rechazó juicio político para el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por las acusaciones en su contra de parte de organizaciones sociales por el asesinato del dirigente de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona. El ex alcalde ahora está preso por la responsabilidad en ese asesinato y es señalado como uno de los responsables de la desaparición de los normalistas.
El Poder Judicial, según los padres casi desde que iniciaron su movimiento por la aparición de sus hijos, debe explicar dónde están los videos que debieron grabar las cámaras del Palacio de Justicia en Iguala y llevaron ese punto hoy en pleno.
Los padres no le dejaron pasar a los diputados cinco años de indiferencia: "no es justo que han pasado cinco años y ustedes no han hecho nada" https://t.co/TI3ZfzH6Pj pic.twitter.com/78M79gS8r0— La Silla Rota (@lasillarota) October 8, 2019
El Palacio Judicial en Iguala está ubicado en la entrada principal de la ciudad, a un costado de la carrera federal Chilpancingo-Iguala, cerca del puente El Chipote, lugar donde, de acuerdo con la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quedaron dos de los camiones en que viajaban normalistas, porque de ahí se llevaron a varios de los 43.
Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, en Iguala, se presentaron enla tribuna del congreso del Estado de Guerrero donde exigieron la conformación de una Comisión para el caso #Ayotzinapa
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También en ese edificio se refugiaron los normalistas durante la madrugada del 27 de septiembre de 2014, mientras se organizaban para buscar a otros de sus compañeros escondidos en distintos puntos de la ciudad, según la versión de algunos sobrevivientes.
En el 2014, presidía el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la magistrada Lambertina Galeana Marín, de quien los padres se quejaron en tribuna. También revelaron, no lo habían dicho antes, que policías ministeriales estuvieron en los diferentes puntos de la ciudad donde ocurrieron las agresiones. “Hay muchas personas involucradas del gobierno estatal y el gobierno federal (de entonces) en la desaparición”, denunció Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, otro de los 43.
Lo planteó poco antes Mario César González, padre del normalista César Manuel González Hernández, cuando dijo que los funcionarios públicos activos cuando ocurrió la desaparición de sus hijos deben dar cuentas.
Quisiera que ustedes llamaran a la ministra (magistrada) Lambertina, ya no está, pero sí al presidente de los magistrados, qué pasó con esos videos, dónde están
Después sugirió que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado deben explicar qué pasó con los policías que participaron en los hechos.
El abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, presente también en la primera sesión, al salir explicó que la intención de la propuesta de una comisión legislativa es que sean llamados a comparecer los titulares de los poderes o actuales gobiernos o áreas que señalan con alguna responsabilidad en aquellos hechos de Iguala.
Quien tendría que comparecer es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, para que dé cuenta de qué proceso ha seguido la investigación del paradero de estos videos, de la existencia de estos videos, y de no existir qué procedimientos se han abierto contra aquellas personas que les resulte responsabilidad por su destrucción, desaparición (…)
Los padres se retiraron del recinto legislativo, a donde llegaron acompañados de una comisión de estudiantes, encargados de las consignas en el mitin que realizaron fuera, en la calle, con la propuesta hecha. Los diputados morenistas plantearon la creación de la comisión en una siguiente sesión y fue aprobada por unanimidad.