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VIDEO: Congreso de Tabasco aprueba “Ley Garrote”; oposición la impugnará

Con 24 votos a favor se aprobó el dictamen que endurece las penas para quien obstruya calles y caminos, e impida la ejecución de una obra pública

  • ROBERTO BARBOZA SOSA
  • 29/07/2019
  • 16:40 hrs
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VIDEO: Congreso de Tabasco aprueba “Ley Garrote”; oposición la impugnará
Con 24 votos a favor se aprobó el dictamen que endurece las penas para quien obstruya calles y caminos, e impida la ejecución de una obra pública. Fotos Roberto Barboza

VILLAHERMOSA.- A pesar del cúmulo de críticas generadas por criminalizar las manifestaciones públicas, la mayoría absoluta de la fracción parlamentaria de Morena del Congreso local  aprobó penalizar hasta con 19 años de cárcel a quien extorsione o imponga cuotas en bloqueos de vías de comunicación.

En medio de una desordenada sesión con protestas del público asistente que llamó “traidores”, entre otros epítetos, a diputados de Morena, se quiso matizar la iniciativa de reforma al Código Penal enviada por el gobernador morenista Adán Augusto López Hernández, se realizó una leve modificación, pero en el fondo quedó de casi igual.

También, aunque se mantuvo en el debate en lo general y propuso que se regresará la iniciativa a Comisiones, finalmente la Fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), abandonó la sesión para confirmar su rechazo a la reforma del Código Penal por considerarla inconstitucional y “criminalizar” las manifestaciones públicas con mayores penas de cárcel y multas.

En medio de protestas ciudadanas y gritos de “!traidores”, se efectuó la sesión extraordinaria de la 63 Legislatura del Congreso de Tabasco, que se extendió por casi tres horas.

Desde el inició de la asamblea en el pleno se inició la discusión de la polémica “Ley antibloqueos”, pues la diputada del PRD y ex vocera del exgobernador Arturo Núñez, Dolores Gutiérrez Zurita, pidió retirar de la Orden del Día, ese dictamen aprobado al vapor en Comisiones y que no se entregó a los legisladores con 24.00 horas de anticipación como lo establece la normatividad.

Igual en el debate en lo general de la Iniciativa de reforma, tres diputados del PRI y uno del PRD propusieron que se regresara a Comisiones.

En ambos casos, al ponerse a consideración el cambio de la asamblea legislativa, la fracción parlamentaria mayoritaria de Morena, rechazó quitar la iniciativa de “Ley antibloqueos”. 

Desde ese momento los asistentes empezaron a gritarles traidores a los legisladores morenistas y así mantuvo el desorden en el salón de sesiones.

Originalmente la iniciativa de reforma al Código Penal establecía agregar de la siguiente manera el nuevo Artículo 308 Bis: “que al que careciendo de facultad legal, impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa de 150 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

Y “se aumentará al doble la pena de prisión y multa que le corresponda, cuando el responsable se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”.

Previo al inicio de la sesión, llegó a la sede del poder legislativo, el secretario de Gobierno del estado, Marco Rosendo Filigrana, para tratar de convencer algunos diputados del PRD y PRI, y para tratar de enmendar la iniciativa, por lo que el inicio de la sesión se retrasó por dos horas.

En ese cónclave con el funcionario estatal se acordó que el nuñista diputado del PRD, Agustín Silva, presentará en la discusión en el pleno, la modificación al artículo 308 Bis, a nombre de su fracción, en conjunto con Morena y el PVEM.



El cambio a ese artículo fue aprobado para quedar que “a quien extorsione, coaccione, intente imponer o imponga cuotas, impida total o parcialmente el libre tránsito de las personas, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obra pública y privada, en las vías de comunicación de jurisdicción local se impondrá prisión de seis a 13 años”, más multa.

A lo largo del debate, los diputados priistas y algunos del PRD, cuestionaron que sea en Tabasco y con un gobierno emanado de Morena, donde se criminalicen las manifestaciones, cuando fue aquí como el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsó, fomentó y encabezó bloqueos carreteros, callejeros y de instalaciones petroleras. Incluso muchos de sus seguidores fueron encarcelados por esas protestas contra Pemex, CFE, y gobiernos municipales y estatales.

El Artículo 308 Bis, fue agregado al Código Penal, a pesar de que ya el Artículo 308 establece que se aplicará prisión de seis meses a cuatro años y multa de cuarenta a cien días multa al que interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación, Obstaculizando alguna vía local de comunicación; o Secuestrando o reteniendo algún medio local de transporte público de pasajeros o de carga, o cualquier otro medio local de comunicación.

Fue un precepto aprobado en el gobierno del priísta Roberto Madrazo, precisamente cuando Andrés Manuel López Obrador encabezaba “plantones” en Tabasco.

La diputada del PRD, Elsy Lidia Morales, quien se inició en la lucha política junto a López Obrador en 1988, al criticar la iniciativa aprobada sostuvo que si el político tabasqueño está ahora como presidente de Mexico, fue por la lucha y movilizaciones que encabezó hace años.

En defensa los diputados de Morena, negaron que la nueva ley se vaya utilizar contra ciudadanos que se manifiesten públicamente en protesta de alguna autoridad, sino que va dirigida contra “pseudolíderes extorsionadores” y a favor del desarrollo del estado.

Afirmaron que se trata de impedir que tomen de rehén a empresas privadas a Pemex, para obtener dinero. 

La impugnarán

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, emprenderá acciones jurídicas y políticas para impugnar la “Ley Garrote”, pues viola derechos humanos establecidos en la Constitución.

“Vamos a tumbar las acciones represoras y violatorias de la Constitución de la República que están asumiendo los gobernadores emanados de Morena, en funciones y electos, así como las y los legisladores locales de este partido, como el caso de Adán Augusto, en Tabasco; y Jaime Bonilla, en Baja California”, señaló.

Juárez Piña acusó que la reforma al Código Penal de Tabasco sería contraria a lo establecido en el artículo sexto constitucional, el cual establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa... además, atentaría contra el derecho a la manifestación pacífica, relacionado con las libertades de reunión y de expresión”.

Las protestas de AMLO en Tabasco

La oposición ha echado en cara a Morena la contradicción de la medida con la propia carrera del presidente, cuyo inicio estuvo justamente marcado por las manifestaciones populares en ese Estado.

El ahora presidente participó por lo menos en dos grandes bloqueos a Pemex: tras perder unas elecciones en 1994 y para exigir indemnizaciones a campesinos afectados por la petrolera en 1996. 

"Morena olvida que la protesta es la raíz del movimiento de izquierda en Tabasco y que López Obrador llegó a ser presidente de México por sus marchas", ha reclamado la legisladora Dolores Gutiérrez Zurita (Partido de la Revolución Democrática).

"Ahora manifestarse tendrá la misma pena que un homicidio simple", ha sentenciado.

Esta reforma abre la puerta además para que cualquier manifestación sea criminalizada, más allá de sus motivos, apunta la oposición. La diputada local priista Ingrid Rosas, ha señalado que la modificación contiene elementos que ponen en evidencia que se usará para amedrentar a aquellos que quieran protestar.

“Se usará no solo para los miembros de los sindicatos que bloquean obras y accesos para que se les asignen los trabajos o reciban alguna prebenda… si no que por lo elevado de las penas se usará como pretexto para inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de manifestación en contra del Gobierno”.

El plantón en Paseo de la Reforma

En las elecciones presidenciales de 2006, AMLO y sus seguidores realizaron un plantón sobre Paseo de la Reforma, la avenida más emblemática de la Ciudad de México, debido a que acusó un presunto fraude electoral del entonces candidato panista Felipe Calderón Hinojosa.

En las elecciones del 2 de julio del 2006 el candidato del PAN fue declarado ganador con 14.91 millones de votos, una ventaja de 0.56 por ciento frente al candidato de la coalición ‘Por el Bien de Todos’, López Obrador, quien obtuvo 14.68 millones.

El bloqueo, que inició el 30 de julio del 2006, se dio tras una votación a mano alzada en la plancha del Zócalo, luego de que Calderón, el INE y Acción Nacional se negaran al conteo total de los votos, el famoso 'voto por voto'.

El plantón, criticado un por sector de la población por los daños sobre todo económicos que provocó en la zona, se levantó hasta el 15 de septiembre sumando 47 días de duración.

Se levantó 10 días después de que el Tribunal Electoral declarara ganador de la elección a Calderón y tras el recuento de un grupo de paquetes electorales.

Hay riesgos a libertad de expresión y defensa de DH: AI

Acciones recientes tomadas por gobiernos en distintos estados ponen en riesgo la libertad de expresión y de reunión en el país, y podrían ser un paso previo a la criminalización de la defensa de los derechos humanos, afirmó este lunes Amnistía Internacional.

“La iniciativa legislativa propuesta en Tabasco permitiría al gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse a ellos. Esto es una clara violación a la libertad de expresión en México. Además, se criminalizaría a las personas que quisieran ejercer su derecho a la asamblea pacífica,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

La organización considera que la restricción está redactada en términos tan amplios que, en los hechos, anularía la capacidad de las personas de reunirse y expresar libremente sus ideas respecto a proyectos aprobados por el gobierno.

Este tipo de ley ha sido usado en México para inhibir indebidamente las manifestaciones y para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos.

Desde 2016, el gobierno federal ha usado ese tipo de delito para criminalizar a manifestantes pacíficos que se opusieron a una obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cuetzalan, en Puebla. Actualmente, la CFE está usando dicha acusación penal para intentar forzar a la comunidad a aceptar la obra pública.

Por otro lado, el pasado viernes 26 de julio, estudiantes y otras personas que se manifestaron en Jalisco en contra de un anunciado aumento al costo del transporte público, reportaron la intervención excesiva de las autoridades, incluyendo abuso de la fuerza por parte de agentes de policía. Varios manifestantes fueron golpeados en circunstancias en las que no parecían representar un riesgo para ninguna persona y la reunión fue dispersada sin una clara justificación.