De cada mil personas arrestadas en Hidalgo durante 2016, 382 sufrieron actos de corrupción en las etapas relacionadas con el arresto, proceso penal y reclusión en centros penitenciarios, revela la primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A nivel nacional, 66.4% de la población privada de la libertad pagó por exentar el pase de lista, una forma de corrupción al interior del centro penitenciario.
De los casos en Hidalgo, –por cada mil– 285 ocurrieron durante el arresto, seguida de los ministerios públicos con 167, proceso judicial con 93 y 58 en el centro penitenciario.
Los servicios, bienes, beneficios o permisos más comunes por los que pagó la población encarcelada a nivel nacional fueron tener aparatos eléctricos, con 50.2 por ciento; cambiar de celda, con 42.4%; salir al patio de visitas, con 37.7% y contar con agua potable, con 35.1%, según el Inegi.
El organismo indicó que el año anterior se registró una tasa en México de 173 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes.
Al ser presentada ante el Ministerio Público, 67.6% fue informada sobre el motivo por el cual la acusaban y sólo 19.8% pudo ejercer su derecho de contactarse con un abogado.
Además, 24.3% de las personas encarceladas recibió amenazas o presiones para declararse culpable.
De la población sentenciada, 84.6% fue recluida por delitos del fuero común, mientras que 17.7% por delitos del fuero federal y 39.3% fue condenada por el delito de robo.