Veracruz perfila para ser la primera entidad del país en tener dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), esta vez por agravio comparado, ya que en el estado se tipifica al aborto como un delito, hay una inadecuada prestación de servicios de salud para la mujer y un artículo de la Constitución del Estado violenta los derechos de las mujeres a decidir.
En noviembre del 2016, durante los últimos días de la fallida administración de Javier Duarte de Ochoa, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió la primera Alerta de violencia de Género por la violencia feminicida que prevalecía en la entidad.
Ahora, bajo el mandato de Miguel Ángel Yunes Linares postulado por la alianza PAN-PRD, podría declararse la segunda alerta. Esta vez por agravio comparado, relativos a la tipificación del delito de aborto, la inadecuada prestación de servicios de salud y el artículo cuarto de la Constitución del Estado, en que se establece proteger la vida desde el momento de la concepción.
Esta semana, a casi un año de que se presentara la solicitud de alerta ante la Secretaría Ejecutiva Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el Grupo de Trabajo Conformado para Atender la Solicitud de Alerta por Agravio Comparado entregó un informe al gobierno de Yunes Linares.
De acuerdo con la establecido en la ley, este informe es decisivo para que se emita o no una alerta de género en las entidades federativas.
En el documento se concluye que las mujeres veracruzanas no gozan del pleno reconocimiento y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Y se establecen recomendaciones al Congreso de Veracruz, la Secretaría de Salud, la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y al Ejecutivo del Estado para revertir la tipificación del delito de aborto, revertir la inadecuada prestación de servicios de salud y evitar que el artículo 4 constitucional afecte los derechos de las mujeres.
A partir de ahora, el gobierno de Yunes Linares tiene 15 días para rechazar o aceptar el informe. De donde se deriva que en caso de rechazarlo, el gobierno federal tiene la facultad de emitir la Alerta de Violencia de Género de manera inmediata.
Mientras que en caso de aceptarla, el gobierno de Veracruz tiene seis meses para cumplir con las recomendaciones. Si en ese plazo, el gobierno del estado no cumple con las recomendaciones emitidas, la CONAVIM evalúa si concede otro plazo para cumplir con los compromisos asumidos o si declara la Alerta de Violencia de Género.
Por la manera en que está planteado el informe, organizaciones de la sociedad civil que promovieron la solicitud de alerta por agravio comparado considera que “Veracruz se perfila para ser la primera entidad del país en tener dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género”.
El informe concluye que pese a que el acceso efectivo y seguro a los servicios de interrupción legal del embarazo es esencial para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, “en Veracruz las mujeres continúan enfrentando una regulación restrictiva, en la que destaca la ausencia de la causal de riesgo para la salud de la mujer en el Código Penal”.
En opinión del grupo, esta situación contribuye a la alta tasa de muerte materna en el estado, en específico el 10.2 por ciento causada por aborto y el 27.1 por ciento por causas obstétricas indirectas.
“De las 22 muertes maternas que ocurrieron en Veracruz en 2014 por causa de abortos inseguros y causas obstétricas indirectas, algunas de ellas pudieron ser evitadas de haber sido vigente la causal legal de riesgo para la salud y el acceso efectivo a servicios seguros de interrupción legal del embarazo”, establecieron.
En lo que respecta al acceso a los servicios de aborto en las causales legales, el grupo de trabajo dijo que resalta el caso del aborto por violación, legal en todo el país, pero con limitado o nulo acceso en el estado de Veracruz.
En el informe se cuestiona que en la legislación vigente persista el obstáculo normativo de 90 días para poder acceder a los servicios de Interrupción Legal del embarazo (ILE), que se establece en la fracción II del artículo 154 del Código Penal.
Por ello, sugirió revisar el capítulo de aborto en el Código Penal Estatal para no considerar como delito la interrupción voluntaria del embarazo llevada a cabo, cuando menos durante las primeras doce semanas de gestación.
También pidió agregar la causal de riesgo para la salud y mantener las de imprevisión, violación sexual o inseminación artificial no consentida (sin restricción temporal), peligro de muerte para la mujer embarazada y alteraciones físicas o mentales del producto.
Sobre la pena prevista para el delito de aborto que se encuentra en la Ley, dijo que esta pareciera una justificación para mantener el acto como delito en el derecho positivo, por lo cual consideró pertinente insistir en la despenalización de la conducta.
En el informe, el equipo de trabajo pidió a las autoridades estatales que se generen las políticas públicas necesarias para atender el aborto como un problema de salud pública y no de política criminal.
Respecto al artículo cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en el que se establece proteger el derecho a la vida desde el momento de la concepción, el equipo de trabajo observó que una interpretación restrictiva podría atentar contra los derechos de las mujeres. Por ello, exhortó al gobierno del estado a reglamentar e interpretar dicha reforma conforme a los estándares más amplios en la materia.
“Las mujeres tienen derecho a decidir sobre la continuación o interrupción del embarazo y a su vez que el estado tiene el deber de facilitar el acceso a servicios de salud seguros, oportunos, de calidad y gratuitos, bajo los supuestos previstos por ley” dice el informe presentado al gobierno de Yunes Linares.
Este informe tiene como antecedente de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para once municipios de Veracruz, emitida por la Secretaría de gobernación en noviembre del 2016.
En esa ocasión, la alerta fue para los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.
Y entre otras medidas contempló la divulgación de la alerta, una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública que logrará la recuperación de espacios públicos, reforzar los patrullajes preventivos, efectuar operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la comisión de conductas violentas o delitos en contra de las mujeres y aplicar las sanciones correspondientes, así como implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública.
En esa Alerta de Violencia de Género se pidió al gobierno de Duarte de Ochoa establecer medidas específicas para atender la violencia contra las mujeres indígenas, desde una dimensión intercultural que fortalezca el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en sus comunidades.
También, se planteó integrar y actualizar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banesvim) con el objetivo de monitorear las tendencias de la violencia contra las mujeres.
En esa ocasión, las organizaciones de la sociedad civil reprocharon a las autoridades federales que la alerta se haya emitido solo para once de los 212 municipios que integran la entidad.
fmma