Una acusación ante el Consejo de la Judicatura de Jalisco por su actuación ilegal y una denuncia penal por obstrucción de la justicia y abuso de autoridad enfrenta el juez Jaime Gómez ante una serie de irregularidades en el conflicto familiar por las acciones de la fábrica de sulfato de cobre El Águila.
Lee también: Eliminan privilegios a magistrados y jueces de Jalisco
En diciembre de 2018, este el juez fue citado a comparecer ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco por una serie de irregularidades, que lo vinculan a actos de corrupción, como la fabricación de juicios que no son de su competencia, además de avalar pruebas que carecen de elementos probatorios.
Un año después, el mismo juzgador vuelve a estar bajo la lupa de las autoridades, por la detención irregular de Horacio Servín Martínez, socio de la fábrica de sulfato de cobre El Águila, acusado de fraude por mil 588 millones de pesos, conforme al expediente 154/2019 del Juzgado Noveno de lo Penal.
Resultado de sus actuaciones, en 2018 cuatro personas de Sonora fueron detenidas y encarceladas en el penal de Puente Grande, a pesar de que contaban con un amparo federal. En 2019, un empresario permanece preso, a pesar de que la Fiscalía desestimó las acusaciones en su contra.
Sobre el caso de Horacio Servín y su irregular detención y encarcelamiento, los hechos se remontan al 9 de mayo de 2011, cuando en una asamblea de la empresa familiar se aprobó su liquidación accionaria.
Derivado de esta resolución, Carlos presentó dos acusaciones penales en contra de sus hermanos, Horacio y Gerardo, mismas que perdió, además de acciones mercantiles, que también perdió, en definitiva.
Según la carpeta de investigación, supuestamente el 31 de diciembre de 2015 Carlos Servín interpuso otra denuncia por fraude simulado, la cual provocó que cuatro años después, el 25 de diciembre de 2019, se ordenara y se ejecutara una orden de aprehensión en contra de Horacio Servín.
Sin embargo, a decir de los abogados de la parte acusada, Marco del Toro y Luis Chávez, la denuncia fue elaborada dos semanas antes de la detención de Horacio Servín y prefechada el 31 de diciembre de 2015, antes de que entrara en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, lo que entorpecería el juicio en perjuicio del empresario detenido.
De hecho, la averiguación 9422 fue presentada en Tlajomulco de Zúñiga, en la agencia 8 del Ministerio Público, que lleva investigaciones por hechos de tránsito y desaparecidos, es decir, no tiene competencia para atender este tipo de asuntos.
Tras pesquisas oficiales, se corroboró que la querella, en realidad, se interpuso en 2019 y los agentes ministeriales presuntamente se prestaron a prefechar actuaciones y alterar documentación.
Para el 30 de diciembre de 2019, los abogados defensores denuncian las diversas anomalías encontradas en el caso, por lo que el 10 de enero de 2020, la Fiscalía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción ejercen acción penal en contra de la secretaria en funciones de juez, Celina del Carmen Castellanos, y de los funcionarios de la Fiscalía en Tlajomulco, al indagar las anomalías del caso.
Ese mismo día, la Fiscalía estatal presenta el desistimiento de la acción penal en contra de Horacio Servín y se ordena su libertad inmediata.
Sin embargo, hasta este martes 14 de enero, el juez Jaime Gómez seguía en omisión y el empresario privado de su libertad de manera ilegal.
La orden de aprehensión fue girada por la secretaria en calidad de juez del noveno juzgado, Celina del Carmen Castellanos, bajo los cargos de fraude específico por simulación.
Cabe mencionar que el pasado lunes, unos 500 trabajadores acudieron a manifestarse frente al Consejo de la Judicatura del Estado, para ecigir la resolución del asunto, dado que las empresas se mantienen paralizadas, así como los recursos, incluso para pagarles sus sueldos.
¿En este caso, en qué momento comienzan las irregularidades por parte del juez Jaime Gómez?, se le pregunta al abogado Marco del Toro.
Primero presentan una denuncia por fraude por simulación por 9 millones de pesos, pero 20 minutos después de que llegó el expediente al juzgado, Carlos Servín presenta un escrito, con un dictamen muy mal hecho, diciendo que no son 9 millones, sino 1,588 millones de pesos, y la juez modifica la acción penal y dicta la orden de aprehensión y ordena el aseguramiento de todas las cuentas del grupo, es decir, frena toda la actividad económica de las empresas. Estamos hablando de afectaciones también para 500 empleados directos y 2,000 empleados indirectos.
¿Qué determinaron la Fiscalía estatal y la Fiscalía Anticorrupción sobre este caso?
El viernes 10 de enero, la Fiscalía Anticorrupción ejerce acción penal en contra de funcionarios de la fiscalía de Tlajomulco y de la secretaria en funciones del juez, por delitos contra la administración de justicia, falsificaciones, alteraciones, delitos de abuso de autoridad, etc. Falta ahora que los llamen a la audiencia, pero ya se judicializó el asunto.
¿Y por qué no ha sido liberado su cliente?
El fiscal del estado, ante la evidencia de que todo se fabricó, promovió el viernes 10 ante el juez Jaime Gómez el desistimiento de la acción penal en contra de Horacio Servín, Gerardo Servín y el contador Jesús Maciel, estos dos últimos no están detenidos, pero tienen orden de aprehensión.
Sin embargo, lo que hizo el juez fue cerrar el juzgado y se fue, y se fue todo el personal, eso pasó el viernes (10 de enero).
El lunes nos presentamos nuevamente con una suspensión de amparo, para Gerardo y Jesús, al juzgado y el juez Jaime Gómez dijo que no les tomaba la comparecencia ni les firmaba la declaración preparatoria porque no tenían tinta ninguna de las impresoras del juzgado.
¿Con este tipo de argumentos, cuál es la intención real del juzgador?
Minutos después de excusarse, dictó un acuerdo en el que se excusó de conocer el asunto diciendo que por las publicaciones (en la prensa sobre el asunto) sentía animadversión. En Jalisco, cuando un juez se declara impedido, se tiene que mandar el expediente al Tribunal Supremo para que califiquen si está bien o mal la excusa, pero mientras eso sucede ya no puede dictar ningún acuerdo. entonces mantiene a Horacio ilegalmente privado de su libertad.
¿Horacio Servín cómo pasa su vida en prisión, ha recibido algún tipo de amenaza?
En el penal a Horacio se le han acercado algunos internos, como de la maña, para decirle que ‘o le da una cantidad gigantesca al hermano o va a pasarla mal’. Eso ha motivado que presentemos hoy (martes) una queja ante la Judicatura, se presentó una ampliación de la denuncia penal por el tema de la famosa tinta (de las impresoras) y estamos tramitando un amparo para que se libere a Horacio.
La otra versión
Daniel Fonseca, abogado de Carlos Servín Martínez, denunció una serie de irregularidades y favoritismos por parte del Fiscal de Jalisco en este caso. Acusa al fiscal Gerardo Octavio Solís de actuar con favoritismo para beneficiar a Horacio Servín en la disputa legal en la que se enfrenta con su hermano.
El ejemplo más contundente, dijo, es que el pasado 10 de enero, el Ministerio Público les informó que tras la petición del fiscal y un análisis de la carpeta de investigación, se desistió de la acción penal contra Horacio Servín Martínez por presuntamente cometer un fraude. De acuerdo con el abogado, la Fiscalía no puede hacer eso.
“El hecho de que el Fiscal haya solicitado el desistimiento de la acción penal sugiere que se le retiren los cargos al inculpado, situación que solo puede definir el juez Jaime Gómez, encargado del caso”.
Fonseca presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por el involucramiento del Fiscal, la cual ya fue aceptada con el número de folio 20000335.