La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra del exdirector general de Procesos Legales, Mauricio Moreno Balbuena, por actuar en favor del gobernador Javier Duarte para lograr reducir su pena.
Señala que el funcionario habría solicitado al Ministerio Público la reclasificación del delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa, al retractarse de la investigación que se inició dos años antes.
A Duarte, y otras nueve personas se les acusó de realizar operaciones financieras y actos jurídicos en conjunto, con las cuales, “introdujeron recursos al sistema financiero nacional mediante un complejo esquema de operaciones para otorgarles una apariencia de licitud”.
Por ejemplo, las compraventas de parcelas para después trasladar de manera artificial un valor injustificado e introducir al sistema financiero las cantidades de dinero ganadas por la sobrevaluación de dichos inmuebles, aunado a que algunos de los recursos provinieron del gobierno de Veracruz.
Entre los investigados además de Duarte de Ochoa figuran Moisés Mansur Cysneiros, Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Javier Nava Soria, Elia Arzate Peralta, Nadia Isabel Arzate Peralta, Miguel Vázquez Nieva y Santa Bartolo Acuña.
Hay que recordar que el 21 de agosto de 2018 el director general de Procesos Legales, Mauricio Moreno Balbuena, presentó un escrito ante la Procuraduría General de la República (PGR) en el que modificó el tipo penal para solicitar la reclasificación del delito.
El argumento fue que “la conducta imputada a Javier Duarte, no se adecuó a los extremos jurídicos para actualizar la delincuencia organizada, sino de asociación delictuosa; en razón que no se actualiza el elemento de permanencia a una organización criminal, al carecer de datos de prueba suficientes para sostener las estructuras y andamiajes requeridos para hablar de delincuencia organizada”.
Casi un mes después, el 26 de septiembre de ese mismo año, el Ministerio Público imputó al exgobernador por ese delito y solicitó la apertura del procedimiento abreviado, con l o cual Duarte de Ochoa obtuvo una sentencia menor de nueve años, el pago de multa de 58 mil 890 pesos y el decomiso de cuarenta inmuebles.
La Unidad de Inteligencia Financiera indica que el funcionario no contaba con las facultades para suscribir oficios con los que pretenda exonerar a través de una solicitud la reclasificación de un delito con menor sanción penal.
Ahora a Moreno Balbuena se le señala de un actuar omisivo que favoreció al exmandatario ya que sí había elementos probatorios para sostener que había desvío de recursos públicos de manera injustificada y por tanto, su procedencia era ilegítima.
“Se actuó con la intención de beneficiarlo y procurarle una sanción menor a la fijada”, señala el documento.
Y es que con la variación del delito la posibilidad de sentencia pasó de ser de entre 20 a 40 años a cuatro años y seis meses que se le impusieron en el procedimiento abreviado.
ygr