La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha separado a más de 900 niños de sus padres desde junio de 2018, reveló este martes la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), que presentó una demanda para resolver los casos.
“El gobierno está separando sistemáticamente un gran número de familias basado en antecedentes penales menores (de los padres), en acusaciones altamente dudosas de incapacidad y errores en la identificación de relaciones de buena fe entre padres e hijos", reza el recurso presentado por ACLU.
El documento, presentado ante la corte del distrito sur de California, recordó que el 28 de junio de 2018 un juez federal de ese estado ordenó poner fin a la política de “Tolerancia Cero”, que permitía la separación de los niños detenidos junto a sus padres indocumentados tras cruzar la frontera con México.
Desde entonces y hasta el 29 de junio pasado, asegura la demanda, las autoridades del gobierno "han separado ahora más de 900 niños, incluidos bebés".
Según la moción, esta práctica se dio basada "en el historial criminal" y sobre la decisión "unilateral" y "no corroborada" de que el padre "no es apto o es un peligro" o por "errores sobre la identidad del adulto como padre del niño".
En ese contexto, pidieron a la Corte que brinde "una orientación sobre los criterios permitidos para la separación de las familias en función del historial criminal o de la idoneidad de los padres".
También que "reafirme sobre la premisa básica del mandato preliminar de esa corte" que "los niños no deben ser separados de sus padres en ausencia de una decisión de que no están genuinamente capacitados o presenten un peligro real sobre la base de hechos objetivos".
De igual forma, ante "el daño continuo y potencialmente permanente para esos niños" ACLU solicitó que la corte deje claro que no puede haber separaciones "sobre la base del historial criminal", independientemente de su gravedad y que requiera "tomar pasos más cuidadosos para determinar la paternidad".
Este tema ha llegado a una coyuntura crítica. Cientos de niños, algunos literalmente solo bebés, están siendo irreparablemente dañados porque sus padres pudieron haber cometido un delito menor en el pasado, incluso un delito de tránsito", apunta el texto.
Tras el anuncio de la implementación de la política de "tolerancia cero", una medida impulsada en mayo de 2018 por el ex fiscal general Jeff Sessions, más de 2,800 niños fueron separados de sus padres en el verano pasado, hasta que el juez federal Dana Sabraw ordenó la reunificación de los pequeños.
El problema se ahondó cuando el Gobierno admitió que otros miles de niños fueron separados antes de abril de 2018, sin dejar claro un número exacto.
Finalmente, el presidente Trump ordenó poner fin a su política de "tolerancia cero" el 20 de junio del año pasado, sin que nunca haya quedado claro si todos los pequeños separados pudieron ser reunificados con sus familias.
Malas condiciones
Por su parte, las organizaciones de derechos humanos Save The Children y Sin Fronteras denunciaron malas condiciones para menores en las estaciones migratorias de México y defendieron que la detención de niños es contraría la Constitución mexicana y los tratados internacionales."Nos parece que las estaciones migratorias no son lugares para niños. Aquí no hay control judicial de estas detenciones y los niños pasan por lo menos un mes o mes y medio en condiciones que no son las óptimas" declaró a Efe Ximena Suárez, abogada de Sin Fronteras.
Desde Sin Fronteras, junto a otras organizaciones, se presentó un incidente para evidenciar la mala situación para los niños en estos lugares, en los en algunas ocasiones, explicó, existen omisiones de la autoridad y negligencias.
De acuerdo al marco legal, tanto la Constitución como los tratados internacionales, la detención de niños está prohibida, por lo que Sin Fronteras inició un amparo el pasado 17 de mayo.
A pesar de que el juzgado primero de distrito, en Ciudad de México, decidió no dar las medidas solicitadas y solamente indicó de manera "laxa" que los niños no fuesen deportados y se cumpliesen sus derechos humanos, la organización logró que tribunales colegiados ordenasen que el Instituto Nacional de Migración (Inami) y la Procuraduría federal de protección de niñas, niños y adolescentes cumpliese con tres obligaciones.
Según esta resolución, ambas instituciones debería identificar cada caso de manera individual, determinar cómo canalizar los casos con embajadas o llevarlos a albergues y contemplar la manera en la que cada niño va a permanecer en México o salir del país.
Por otra parte, la organización no gubernamental Save The Children mostró su preocupación por las condiciones en las que se encuentran estos miles de niños migrantes que se encuentran solos o acompañados.
"Miles de niñas, niños y adolescentes han formado parte de estos flujos masivos, muchos están acompañados por sus familias y otros sin ninguna compañía. Se estima que 1 de cada 3 personas migrantes que ingresan al país de forma irregular son niñas, niños o adolescentes", explicó la organización en un comunicado.
Según ellos los peligros para estos menores van más allá de las enfermedades físicas, que pueden llegar a ser muy graves e incluso provocar la muerte, ya que también sufren "afectaciones emocionales" como consecuencia de un largo y frustrante camino hacia Estados Unidos.