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Tres gobernadores pasaron por Puebla y ninguno eliminó uso discrecional del erario

Gerardo Navarro y Enrique Cárdenas, de la Organización Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad, afirmaron que las reservas de información continúan vigentes

Escrito en ESTADOS el

Ni la administración del gobernador José Antonio Gali Fayad, ni la interina de Guillermo Pacheco Pulido, ni la actual de Miguel Barbosa Huerta han hecho algo para desactivar los mecanismos montados por Rafael Moreno Valle Rosas para hacer un uso discrecional del erario, para mantener la opacidad de los procesos relacionados con obras públicas e inversiones, y el sometimiento de los poderes e instituciones, afirmaron Gerardo Navarro y Enrique Cárdenas, de la organización Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad.

 

Acompañados por el periodista Sergio Mastretta, autor del libro La Trama Audi, componendas de un gobierno autoritario, dijeron que las reservas de información continúan vigentes, pese a la promesa que el gobernador Barbosa Huerta hizo el 9 de septiembre de 2019, cuando anunció por decreto eliminaría las más de 3 mil reservas de información que datan de los últimos ocho años.

Agregan que en sus primeros 100 días el gobierno del estado reservó las bitácoras de vuelo de los helicópteros al servicio del gobernador, además del padrón de anuncios espectaculares y “lo peor es que ni el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla como órgano garante, ni los titulares de las dependencias con información clasificada han dado visos de desclasificar la información hecho que viola los artículos 103 y 104 de la Ley General de Transparencia, así como el 125 y 126 de la norma estatal en la materia”.

Sobre el contrato entre Audi y el gobierno, reservado desde 2016 y hasta 2021 por la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), “se constató que se carece del documento de fundamentación de la reserva que incluya la prueba de daño, la cual sirve para justificar que la difusión de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público” y el argumento de la reserva de información sigue siendo: “de divulgarse la información, otros estados podrían inferir en el ánimo de futuros inversionistas nacionales y extranjeros”.

La Ley de Deuda Pública sigue intacta desde 2017 y aún permite que no se considere deuda pública a “los contratos de asociaciones público-privadas, entre los que se encuentran de manera enunciativa más no limitativa, los proyectos para prestación de servicios, proyectos de inversión, obra pública financiada, ni los compromisos derivados de los mismos”, afirmaron. Respecto del fidecomiso F0144 que administra Evercore y en el que se encuentra la deuda oculta, “en marzo pasado el gobierno interino anunció que se cambiaría de fiduciario, pero no se ha dado más información (…) no sabemos si los gobiernos de Gali, Guillermo Pacheco Pulido o Barbosa ya nos endeudaron más; tampoco cómo se están manejando nuestros impuestos.”

Tanto Gerardo Navarro como Enrique Cárdenas y Sergio Mastretta concluyeron que el actual gobierno estatal se conduce sin rendir cuentas, con autoritarismo y sin contrapesos, como se hizo en los últimos ocho años con los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad.