“¡En esta casa crecí, me casé y nacieron mis hijos! Tengo 63 años y siempre he vivido aquí”. Guadalupe Cácere está preocupada, además de cuidarse del covid-19 teme que el gobierno federal la obligue a dejar el lugar donde vive desde pequeña. Por sus terrenos pasará el Tren Maya, que enlazará a Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo como eje para impulsar el turismo.
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En agosto de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la megaobra, pero nunca mencionó que habría personas obligadas al desplazamiento interno forzado. Tampoco ordenó estudios de impacto ambiental que determinen el daño que podría ocasionar.
En 2019 hubo asambleas informativas y consultas populares para avalar el proyecto. Las autoridades aseguraron que el 92.3% de los votos fueron a favor del megaproyecto, pero grupos de activistas se han pronunciado en contra de los resultados: consideran que el mecanismo de elección incumplió los estándares internacionales de derechos humanos.
Entre estas organizaciones están la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, Centro Comunitario U kúuchil k ch’i’ibalo’on, Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Colectivo K-luumil x’ko’olelo’ob, Red de Resistencia y Rebeldía Jo’ y USAEC Apicultores Sociedad Cooperativa, el consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in já, Colectivo Popol Vu, Centro de Investigaciones Regionales Hideyo Noguchi de la Uady, Articulación Yucatán y Observatorio de la Consulta al Pueblo Maya, entre otras.
El caso de doña Guadalupe no es el único. Hay 300 familias que viven en los barrios de Santa Lucía, La Ermita, Camino Real y Estación Antigua que pertenecen a la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, y que serán desalojadas para ampliar el derecho de vía del ferrocarril.
La noticia la recibieron el 30 de enero pasado en la primera reunión con la delegada del gobierno federal en Campeche, Katia Meave Ferniza, y con el enlace del Tren Maya, Xavier García Romero.
En este encuentro les indicaron que ONU-Hábitat sería el organismo encargado de realizar un censo de las viviendas localizadas en las inmediaciones del tendido férreo. Al principio, los pobladores pensaron que la presencia del organismo internacional les garantizaría seguridad en el proceso… pero en cambio fueron hostigados.
“¿Por qué este organismo internacional nos hace esto? Ellos dicen que van a defender que sea consensuado, pero yo creo es un desalojo forzado. Dicen que van a ver por los derechos de los que quieran irse, pero a las personas que no queremos nos dejan a nuestra suerte”, lamentó Guadalupe.
Con ONU- Hábitat hubo reuniones el 17 de febrero y 28 de marzo. En esta última les dijeron que por la crisis sanitaria no había una fecha para iniciar el censo. Pero el 30 de ese mismo mes, es decir, dos días después, se publicó un comunicado donde ONU-Hábitat afirmaba que los vecinos estaban de acuerdo con el proyecto. Era mentira.
En abril, los vecinos documentaron una serie de acciones en su contra. Con las evidencias en la mano lograron que la justicia ordenara frenar las obras del Tren Maya durante la crisis sanitaria[1] .
El 7 de abril vieron a la responsable de Gestión Social de ONU-Hábitat, Martha Uc Espadas, recorriendo las calles de Camino Real sin usar cubrebocas en plena contingencia sanitaria.
La señora Merly Pacheco, del barrio de Santa Lucía, aseguró ser interrogada para limitar su derecho a libertad de reunión. Querían saber dónde se veían los que se oponen al megaproyecto y quiénes eran los líderes.
Además, la señora María Guillermina Montejo Arceo aseguró que personal del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) intimidó a los vecinos del barrio del Camino Real para que accedieran a la relocalización de sus viviendas.
“No somos invasores, llegamos antes que el tren”
La lucha de Guadalupe y su familia por conservar su hogar la respaldan más de cien años de historia. “Hemos sido descalificados e insultados por los tres órdenes de gobierno que nos tachan de invasores”, acusa.
Los vecinos de los barrios que serán desalojados reiteraron que no son invasores, llegaron antes que el tren. “Tengo un documento por el registro público de la propiedad que data de 1893, quiere decir que hace 128 años que estamos aquí, son cinco generaciones”, detalló Guadalupe Cáceres.
Cuando el ferrocarril se introdujo a Campeche llegaba a la Estación Antigua, pero en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas inició los trabajos para hacer un entronque del tren que venía de Mérida con el que va a la capital.
“Mi abuela donó, a la fuerza, el derecho de vía, decía que le tumbaron una casa que acababa de construir, nunca recibió ningún pago”, dijo Guadalupe.
Y la familia Caamal, del barrio de la Ermita, posee un documento de 1940 en el que Lázaro Cárdenas les agradece por donar una parte de su terreno para la construcción del tendido férreo.
En Yucatán los ejidatarios se quedarían sin sus milpas
A los ejidatarios del municipio de Halachó en Yucatán les preocupa que con el paso del Tren Maya podrían quedarse sin acceso a sus parcelas y que, además, expropiarán más tierras para ampliar el derecho de vía.
“La gente que acostumbra ir a sus ejidos tienen que pasar por las vías donde pasará el tren y si se cierra no podrán llegar a sus parcelas”, explicó Edgar David Cauich Tucuch, del Colectivo Indígena de Halachó
“Se ampliará al doble de lo que existe y tiene que venir un avalúo de la cantidad de hectáreas que agarrarán e indemnizar y todavía no sabemos cuánto será”, abundó Cauich.
Ante la incertidumbre de cómo cambiaría la vida del ejido con el megaproyecto, el Comisario Ejidal, Fabian Yerbes Huchin intentó resolver sus dudas en la primera asamblea informativa de Maxcanú. “Pregunté qué pasaría y la respuesta no fue clara”.
Resignados, los ejidatarios Fausto Sánchez Chan y Andrés Montero coincidieron en que deberán emprender dos luchas: Contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el pago pendiente de unas tierras y el gobierno federal, por el megaproyecto.
¿Promesas a cambio del sí?
El comisario ejidal del municipio de Tixpéhual, Humberto Puch Cauich explicó que votó a favor del Tren Maya porque le ofrecieron acciones a favor del campo.
Nos preguntaron qué necesitábamos, que nos podían apoyar en caminos, pienso que es algo recíproco porque no ponemos una traba como en otros lugares, puede ser una por otra. Me dijeron que haga una lista de lo que necesita el ejido
Los pueblos originarios dicen no al tren maya
En medio de la pandemia, los afectados por el Tren Maya interpusieron juicios de amparo para protegerse y solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los primeros que lograron la suspensión provisional de las actividades fue un grupo personas del pueblo Maya Ch’ol, de las comunidades de los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo.
“Permitir que se mantuvieran los trabajos del tren maya ponía en riesgo el derecho a la salud de las comunidades y al estar en una situación de cuarentena la gente de las comunidades no podían participar en la manifestación de impacto social y ambiental”, explicó Jorge Fernández Mendiburu, de Indignación, promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Sin embargo, dicha suspensión fue revocada hace unos días por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Tuxtla Gutiérrez.
En el caso de los barrios de San Francisco, Campeche, el 17 de abril se otorgó la suspensión provisional y se resolverá definitivamente el próximo 15 de junio.
“Estas personas han dicho que les preocupan los riesgos del tren de carga que ocasionalmente recorren las vías y lo que querían es que se reubiquen las vías, primero les dijeron que así sería y después que no, ellos tendrían que irse”, detalló Carlos Escoffie, litigante en temas de derechos humanos.
Los habitantes del municipio de Candelaria, Campeche, se ampararon el 8 de mayo, ya que también podrían ser desalojados por el megaproyecto.
Xpujil, el pueblo que logró sacar al tren maya de su territorio
La comunidad de Xpujil, del municipio de Calakmul, Campeche, es la única que ha logrado preservar su territorio fuera de la ruta del Tren Maya.
Gracias a un amparo interpuesto el 6 de enero por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) en el que argumentaron la falta de información del proyecto y los impactos irreparables al medio ambiente a mediano y largo plazo.
En marzo, el Primer juzgado de Distrito de Campeche les concedió la suspensión definitiva, aunque aún falta por dictar sentencia.
“Nos ven como si los indígenas no pensáramos, es una actitud colonizadora del presidente López Obrador”, dijo Rommel González Díaz, coordinador de desarrollo del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).
El activista también criticó al presidente López Obrador por el apoyo que presume tiene el Tren Maya “Ellos creen que muchos apoyan el tren porque los comisarios llevaron actas, pero la gente fue porque creyeron que les iban a resolver sus problemas”.
Piden intervención de organismos internacionales en DH
La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible solicitaron el 16 de mayo a la CIDH que emita medidas cautelares para proteger el acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, que será afectado con la construcción del Tren Maya, ya que dañará el sistema de cenotes de la península, atentará contra el derecho al agua, el medio ambiente sano y el desarrollo de una vida digna de los pueblos mayas de la península.
Incluso, la CNDH exhortó al Fonatur a suspender las actividades del tren durante la pandemia. Sin embargo, la entidad federal respondió que no lo haría, pues considera se trata de infraestructura crítica.
Las organizaciones que se unieron para el reclamo fueron: la Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. y la Red de Productores de Servicios Ambientales “Ya`Ax Sot'' Ot'' Yook''ol Kaab” A.C.
El Tren Maya que se licitó en una pandemia
El Gobierno de México realizó las licitaciones de los tramos del Tren Maya en medio de una crisis sanitaria con la excusa de que es un proyecto que evitará las consecuencias económicas derivadas del covid-19.
“En ese sentido, el Tren Maya se establece como la obra de infraestructura más importante y un detonador clave de empleo y desarrollo en el sur-sureste de México”, enuncia un comunicado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
El 23 de abril anunciaron a la empresa ganadora del tramo 1 de Palenque Escárcega. Se trata de Mota-Engil México SAPI de C.V. en convenio con China Communications Construction Company LTD, Grupo Cosh S.A. de C.V Eyasa y Gavil Ingeniería S.A.
El 30 de abril, el tramo 2, que recorre 235 km de Escárcega a Calkiní, en Campeche, quedó a cargo del consorcio: Operadora CICSA S.A. de C.V. en convenio de asociación con FCC Construcción S.A.
Y el tramo 3, de 172 kilómetros, que va desde Calkiní, Campeche a Izamal, Yucatán, le fue otorgado a Construcciones Urales, S.A. de C.V en convenio de asociación con GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V y AZVI, S.A.U.
De acuerdo al portal http://www.trenmaya.gob.mx/ se contempla la construcción de 1, 460 kilómetros y debería entrar en operación en el 2024.
Tren Maya, el banderazo de la humillación
Al presidente Andrés Manuel López Obrador ni la pandemia que ha dejado más de 10 mil muertes y 90 mil contagios en México le impidió reanudar sus actividades el 1 de junio para dar el banderazo de inicio a los trabajos del megaproyecto.
Para la Asamblea de Defensores del Territoria Maya Múuch´Xíinbal, la visita de AMLO es un banderazo de humillación a los Mayas, de una obra hecha en su nombre, pero que no los representa.
En esta ocasión no habrá manifestaciones y tampoco quieren ser criminalizados una vez más por defender lo suyo.
Tampoco comprenden la intención de AMLO de iniciar la construcción durante una crisis sanitaria que los deja en desventaja para defenderse “La gente no puede salir porque los pueblos tienen sus filtros y se ha restringido el paso de los pueblos circunvecinos”, lamentó el representante de la Asamblea Pedro Uc.